Envían a juicio a socios de Marca Líquida por defraudar a inversores agropecuarios

El fiscal Penal Económico Matías Bornancini requirió la elevación a juicio para los socios de la empresa Marca Líquida SA, que comenzó con la edición de una revista del mismo nombre y programas de radio y televisión, hasta dedicarse directamente a la administración y gestión de inversiones agropecuarias. En ese sentido, acusó a Daniel Rivilli (61), Diego Sarría (58) y Edgard Ramírez (63) por presunta defraudación fiduciaria a raíz de una serie de hechos ocurridos con un fideicomiso del mismo nombre a partir del 2013.

Para el magistrado, en forma dolosa, habrían desapoderado a los inversores de importantes sumas de dinero a través del traspaso de fondos desde el fideicomiso a la sociedad. El análisis en el expediente judicial comenzó por operaciones realizadas en 2013, cuando se advierte que fiduciantes (personas que aportaban capital) invirtieron en el Fideicomiso Agropecuario Marca Líquida (FAML). La expertise de Rivilli, Sarría y Ramírez permitió generar confianza en sus clientes. 

A mediados del año siguiente, sin embargo, informaron a los inversores que había una pérdida de casi US$ 2.500 millones. En ese momento, el cuadro que presentaron señalaba que el saldo neto disponible era de US$ 11.400 millones, mientras que los aportes que habían hecho los fiduciantes llegaba casi a los US$ 14.000 millones. A partir de ahí comenzó la debacle.}

Bornancini sostuvo en la acusación que “pese al continuo deterioro económico e inminente situación de quebranto del Fideicomiso Agropecuario Marca Líquida, de manera deliberada y en beneficio propio, realizaron contrataciones y cesiones que iban en contra de los intereses del fideicomiso administrado”. 

Las operaciones tenían a las mismas personas de ambos lados contractuales: Rivilli, Ramírez y Sarría. El fiscal observó que se pudo constatar que esas maniobras fueron en detrimento del patrimonio del fideicomiso y sus inversores. 

Otro hecho que remarcó fue una propuesta que elevaron en septiembre del 2014 cuando la sociedad Marca Líquida, como fiduciaria, propuso absorber 12 puntos del quebranto de cada inversión con la condición de ser parte en un nuevo ciclo durante los siguientes tres años. Hasta ese momento, las inversiones y rendiciones eran anuales. “Los imputados se aseguraban que tenían el triple de tiempo para llevar a cabo el fraude y evitar así los reclamos fundados de sus administrados”, subrayó el fiscal.

Durante ese trienio no podrían mover el capital pero sí recibirían rentabilidad si ésta se producía. Por esa razón, hasta ese momento no había motivos para sospechas de fraudes. Sin embargo, continuó su relato el fiscal, “ninguno de los resultados positivos ocurrió en realidad. Cada accionar que realizó la fiduciaria no tuvo la intención de disminuir la pérdida para los inversores, sino que sólo fue disminuyendo el capital del fideicomiso en su favor. Ni siquiera efectuó el pago del capital aportado menos el quebranto del 17,8% a fines de mayo de 2015 para los inversores que decidieron no permanecer en el fideicomiso”. 

En ese momento, ocurrió algo más. Modificaron el directorio de la sociedad Marca Líquida nombrando a una persona insolvente como presidente quien, además, vivía en San Luis y había sido compañero de escuela de los socios, pero nada conocía del negocio agropecuario. Además, constituyeron otro fideicomiso con el objetivo –según analizó el fiscal– de apartar los bienes de los procesos judiciales que se abrirían luego. Así reconocieron deudas a algunos inversores que eran conocidos o exempleados de la firma.

Un elemento valorado negativamente fue la falta de balances que pudieran mostrar por qué y cómo se había perdido el capital. A esa depreciación la justificaron con elementos del contexto económico del momento, como el precio del dólar, exceso de lluvias, presión fiscal, políticas agropecuarias, precio del gasoil y costo de fletes, entre otras situaciones, pero nada de ello quedó expresado en la documentación contable. 

El fiscal Penal Económico Matías Bornancini requirió la elevación a juicio para los socios de la empresa Marca Líquida SA, que comenzó con la edición de una revista del mismo nombre y programas de radio y televisión, hasta dedicarse directamente a la administración y gestión de inversiones agropecuarias. En ese sentido, acusó a Daniel Rivilli (61), Diego Sarría (58) y Edgard Ramírez (63) por presunta defraudación fiduciaria a raíz de una serie de hechos ocurridos con un fideicomiso del mismo nombre a partir del 2013.

Para el magistrado, en forma dolosa, habrían desapoderado a los inversores de importantes sumas de dinero a través del traspaso de fondos desde el fideicomiso a la sociedad. El análisis en el expediente judicial comenzó por operaciones realizadas en 2013, cuando se advierte que fiduciantes (personas que aportaban capital) invirtieron en el Fideicomiso Agropecuario Marca Líquida (FAML). La expertise de Rivilli, Sarría y Ramírez permitió generar confianza en sus clientes. 

A mediados del año siguiente, sin embargo, informaron a los inversores que había una pérdida de casi US$ 2.500 millones. En ese momento, el cuadro que presentaron señalaba que el saldo neto disponible era de US$ 11.400 millones, mientras que los aportes que habían hecho los fiduciantes llegaba casi a los US$ 14.000 millones. A partir de ahí comenzó la debacle.

Bornancini sostuvo en la acusación que “pese al continuo deterioro económico e inminente situación de quebranto del Fideicomiso Agropecuario Marca Líquida, de manera deliberada y en beneficio propio, realizaron contrataciones y cesiones que iban en contra de los intereses del fideicomiso administrado”. 

Las operaciones tenían a las mismas personas de ambos lados contractuales: Rivilli, Ramírez y Sarría. El fiscal observó que se pudo constatar que esas maniobras fueron en detrimento del patrimonio del fideicomiso y sus inversores. 

Otro hecho que remarcó fue una propuesta que elevaron en septiembre del 2014 cuando la sociedad Marca Líquida, como fiduciaria, propuso absorber 12 puntos del quebranto de cada inversión con la condición de ser parte en un nuevo ciclo durante los siguientes tres años. Hasta ese momento, las inversiones y rendiciones eran anuales. “Los imputados se aseguraban que tenían el triple de tiempo para llevar a cabo el fraude y evitar así los reclamos fundados de sus administrados”, subrayó el fiscal.

Durante ese trienio no podrían mover el capital pero sí recibirían rentabilidad si ésta se producía. Por esa razón, hasta ese momento no había motivos para sospechas de fraudes. Sin embargo, continuó su relato el fiscal, “ninguno de los resultados positivos ocurrió en realidad. Cada accionar que realizó la fiduciaria no tuvo la intención de disminuir la pérdida para los inversores, sino que sólo fue disminuyendo el capital del fideicomiso en su favor. Ni siquiera efectuó el pago del capital aportado menos el quebranto del 17,8% a fines de mayo de 2015 para los inversores que decidieron no permanecer en el fideicomiso”. 

En ese momento, ocurrió algo más. Modificaron el directorio de la sociedad Marca Líquida nombrando a una persona insolvente como presidente quien, además, vivía en San Luis y había sido compañero de escuela de los socios, pero nada conocía del negocio agropecuario. Además, constituyeron otro fideicomiso con el objetivo –según analizó el fiscal– de apartar los bienes de los procesos judiciales que se abrirían luego. Así reconocieron deudas a algunos inversores que eran conocidos o exempleados de la firma.

Un elemento valorado negativamente fue la falta de balances que pudieran mostrar por qué y cómo se había perdido el capital. A esa depreciación la justificaron con elementos del contexto económico del momento, como el precio del dólar, exceso de lluvias, presión fiscal, políticas agropecuarias, precio del gasoil y costo de fletes, entre otras situaciones, pero nada de ello quedó expresado en la documentación contable. 

El fiscal Penal Económico Matías Bornancini requirió la elevación a juicio para los socios de la empresa Marca Líquida SA, que comenzó con la edición de una revista del mismo nombre y programas de radio y televisión, hasta dedicarse directamente a la administración y gestión de inversiones agropecuarias. En ese sentido, acusó a Daniel Rivilli (61), Diego Sarría (58) y Edgard Ramírez (63) por presunta defraudación fiduciaria a raíz de una serie de hechos ocurridos con un fideicomiso del mismo nombre a partir del 2013.

Para el magistrado, en forma dolosa, habrían desapoderado a los inversores de importantes sumas de dinero a través del traspaso de fondos desde el fideicomiso a la sociedad. El análisis en el expediente judicial comenzó por operaciones realizadas en 2013, cuando se advierte que fiduciantes (personas que aportaban capital) invirtieron en el Fideicomiso Agropecuario Marca Líquida (FAML). La expertise de Rivilli, Sarría y Ramírez permitió generar confianza en sus clientes. 

A mediados del año siguiente, sin embargo, informaron a los inversores que había una pérdida de casi US$ 2.500 millones. En ese momento, el cuadro que presentaron señalaba que el saldo neto disponible era de US$ 11.400 millones, mientras que los aportes que habían hecho los fiduciantes llegaba casi a los US$ 14.000 millones. A partir de ahí comenzó la debacle.

Bornancini sostuvo en la acusación que “pese al continuo deterioro económico e inminente situación de quebranto del Fideicomiso Agropecuario Marca Líquida, de manera deliberada y en beneficio propio, realizaron contrataciones y cesiones que iban en contra de los intereses del fideicomiso administrado”. 

Las operaciones tenían a las mismas personas de ambos lados contractuales: Rivilli, Ramírez y Sarría. El fiscal observó que se pudo constatar que esas maniobras fueron en detrimento del patrimonio del fideicomiso y sus inversores. 

Otro hecho que remarcó fue una propuesta que elevaron en septiembre del 2014 cuando la sociedad Marca Líquida, como fiduciaria, propuso absorber 12 puntos del quebranto de cada inversión con la condición de ser parte en un nuevo ciclo durante los siguientes tres años. Hasta ese momento, las inversiones y rendiciones eran anuales. “Los imputados se aseguraban que tenían el triple de tiempo para llevar a cabo el fraude y evitar así los reclamos fundados de sus administrados”, subrayó el fiscal.

Durante ese trienio no podrían mover el capital pero sí recibirían rentabilidad si ésta se producía. Por esa razón, hasta ese momento no había motivos para sospechas de fraudes. Sin embargo, continuó su relato el fiscal, “ninguno de los resultados positivos ocurrió en realidad. Cada accionar que realizó la fiduciaria no tuvo la intención de disminuir la pérdida para los inversores, sino que sólo fue disminuyendo el capital del fideicomiso en su favor. Ni siquiera efectuó el pago del capital aportado menos el quebranto del 17,8% a fines de mayo de 2015 para los inversores que decidieron no permanecer en el fideicomiso”. 

En ese momento, ocurrió algo más. Modificaron el directorio de la sociedad Marca Líquida nombrando a una persona insolvente como presidente quien, además, vivía en San Luis y había sido compañero de escuela de los socios, pero nada conocía del negocio agropecuario. Además, constituyeron otro fideicomiso con el objetivo –según analizó el fiscal– de apartar los bienes de los procesos judiciales que se abrirían luego. Así reconocieron deudas a algunos inversores que eran conocidos o exempleados de la firma.

Un elemento valorado negativamente fue la falta de balances que pudieran mostrar por qué y cómo se había perdido el capital. A esa depreciación la justificaron con elementos del contexto económico del momento, como el precio del dólar, exceso de lluvias, presión fiscal, políticas agropecuarias, precio del gasoil y costo de fletes, entre otras situaciones, pero nada de ello quedó expresado en la documentación contable. 

EL NEGOCIO PROPUESTO

El objeto era la aplicación por la fiduciaria del producido neto de los fondos aportados por los inversores en una inversión de riesgo consistente en la actividad de siembra de campos de terceros, la que implicaba la producción y comercialización de productos agrícolas obtenidos en los términos y condiciones del Pipe (Plan de Inversión, Producción y Estrategia). El plan era dispuesto por la fiduciaria para cada campaña agrícola anual del fideicomiso. También podría realizar producción pecuaria si se daban las condiciones. Concluida la campaña y cancelados todos los gastos de la misma, la fiduciaria distribuiría los montos en favor de los inversores en proporción de su participación.

ACUSACIÓN

Defraudación fiduciaria previsto en el art. 173 inc. 12 del CP, que apunta al titular fiduciario que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los co-contratantes, entendiéndose que defrauda quien causa un perjuicio al patrimonio ajeno.