Sin una solución a nivel de cúpulas, lo que ya generó un nivel de hartazgo al punto máximo, un grupo numeroso de intendentes de todos los colores políticos pergeñan una presentación en masa de la “Ordenanza Tanti” en sus distritos. En 30 días al menos unos 100 intendentes radicales, del PJ y vecinalistas activarán el llamado “Plan C” en sus respetivos municipios y comunas. Seguirán los pasos del radical Luis Azar, quien ya cuenta con la ordenanza propia para sortear el cepo de la ley que impide la re-reelección.
Será una fuerte señal a todo nivel que incluso desafía en cierto modo el poder de la lapicera del gobernador Juan Schiaretti y envía un mensaje a la Justicia ante la disputa por la inconstitucionalidad que se viene.
“Es posible que seamos más de cien”, afirmó un intendente peronista del departamento Marcos Juárez al revelar la jugada y exponer el nivel de enfado que hay entre sus pares ante el “manoseo” del tema de la re-re. Sus críticas apuntan de lleno a las espadas legislativas y hasta el propio mandatario y líder del PJ cordobés, que sepultó la posibilidad de una reforma.
De hecho, otro jefe comunal afectado por la ley 10.406 (cepo a la re-re) comentó que entre la treintena de jefes territoriales peronistas que estuvieron presentes en la reunión del miércoles pasado -cara a cara con Schiaretti- algunos salieron muy preocupados. El no del gobernador a la re-re fue tajante y cortante. El primer impacto fue shockeante, pero “una vez que se analice en frío, podríamos ser mucho más de cien”, razonó el marcosjuarence subido a la movida del “modelo Tanti”.
En esa misma jornada, en la cual el gobernador hizo el anuncio oficial de sumar 150 móviles y kits de videovigilancia a los municipios, un grupo de intendentes radicales mantuvo una reunión con el Defensor del Pueblo Mario Decara, el autor intelectual de la iniciativa que aplicó Azar en Tanti, y quien es objeto de un pedido de juicio político en la Unicameral impulsado por los dos legisladores vecinalistas y la representante carrioista.
Un boina blanca que participó del encuentro se fue convencido de presentar la “Ordenanza Tanti” en su distrito. Es que en la charla se expusieron “sólidos” fundamentos legales –sostuvo– por parte del abogado constitucionalista Roberto Olmedo en defensa de la iniciativa ante el inminente planteo de inconstitucionalidad.
El “Modelo Tanti” implica un régimen electoral local bajo el argumento de la “autonomía municipal”. De esa forma se busca sortear el cepo de la ley 10.406 que impide la re-reelección de los intendentes. La oposición local, los tres ediles de Hacemos por Córdoba (Panal), opina lo contrario. Solo esperan la promulgación del decreto de Azar para ir a la justicia con su planteo de inconstitucionalidad.
“Tendrán que esperar un poquito más”, advierten desde el entorno del intendente radical. Toman como base el artículo 34 de ley 8.102 (que rige para los municipios sin carta orgánica propia) que considera aprobado todo proyecto no vetado en el plazo de diez días hábiles.
Cómo se sigue. Por lo pronto, se viene una reunión en el Foro Radical durante la semana para abordar el tema de la “autonomía municipal” en el marco de la discusión de la “Ordenanza Tanti”. Los intendentes boina blanca que estuvieron con Decara tomarán la posta para hacer el planteo ante sus pares en este ámbito institucional que ya dio “libertad de acción” a sus miembros por este tema ante la pronunciada división entre los promotores y detractores de la re-re.
¿Qué puede salir de ahí? Hay especulaciones de todo tipo, pero ninguna definición por adelantado. Lo cierto y concreto es que hay un grupo de radicales que se sumarán a la jugada del intendente Azar.
Por otro lado, jefes comunales del departamento Río Cuarto insistirán con su demanda ante la Unicameral de modificar la ley 10.406 (su retroactividad). Este es el “Plan A” que encierra la idea inicial de “corregir” el artículo 7 para que se tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019. “No es una reelección indefinida”, remarcan.
Se pensaba que este plan originario estaba caído por la intransigencia radical de no aportar los votos, pero una espada legislativa de peso que opera a favor del reclamo de los intendentes le puso un par de fichas a ganador. “Tengame fe”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA. ¿Se viene operativo ablande a legisladores radicales y referentes de Juntos por el Cambio (otro paso en paralelo)?
De 18 municipios y comunas de este departamento del sur provincial (sin contar la localidad de Río Cuarto), son 15 los intendentes de distinto color político con dos mandatos sobre el lomo que pujan por revalidar sus títulos en 2023 y reclaman eliminar la “retroactividad” de la norma.
Si los legisladores no atienden esa demanda, ya estudian las otras alternativas: ir a la Justicia por la inconstitucionalidad (Plan B) y sumarse a la movida de Tanti (Plan C). “Lo estamos analizando, no lo descartamos”, confió un intendente peronista con llegada a la Nación.
Ante el “ninguneo” y sin una solución, los jefes territoriales de Río Cuarto, quienes ya no ocultan su nivel de enfado, amenazan con presentar “lista corta” variopinta (en los tramos: legisladores departamental y por distrito único) en la elección provincial que defienda la “autonomía municipal”. Su mensaje apunta directo al Panal y a las cúpulas partidarias de cara al escenario 2023 y los costos políticos que se afrontarán.
“Plan D”. Por si algo faltaba en este laberinto de la re-re, está en carpeta el pedido de “inconstitucionalidad en abstracto” de la ley 10.406 que exige la sobreexposición de legisladores de la oposición en Tribunales.
Este planteo surgió de filas oficialistas y se lo trasmitieron a los opositores que comparten el reclamo de los intendentes afectados. Si alguien se anima en la oposición esta vía tiene altas chances de prosperar y por eso mismo no será un oficialista quien se presente a la Justicia. “Después nos saldrían a matar con esto de la Agencia Córdoba Justicia”, razonó una fuente peronista.
Sus ideólogos sostienen que la Constitución Provincial no pone límites a la cantidad de mandatos de legisladores, por lo cual la norma en cuestión no puede fijar una restricción al respecto.
Un parlamentario en carácter de tal puede accionar judicialmente. “El antecedente ‘Caso Intendente Felpeto’, no se aplica para un legislador”, argumentó la misma fuente que conoce al dedillo los mecanismos jurisprudenciales.
Juicio político. En medio de la movida de Tanti, el Defensor del Pueblo Mario Decara adquirió protagonismo central por ser el arquitecto del proyecto de ordenanza que tomó el radical Azar al que se plegarán al menos unos 100 intendentes en las próximas semanas.
Esta alta exposición le valió a Decara la denuncia de juicio político que ingresó el viernes a la Unicameral bajo las firmas de los legisladores María Rosa Marcone y Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) y Cecilia Irazuzta (CC-ARI).
En la presentación a la cual tuvo acceso PERFIL CÓRDOBA, los opositores fundamentaron el planteo en base a “la causal de mal desempeño de sus funciones” por tener prohibido “hacer política”.
Los promotores del juicio político entienden que el Defensor “en el ejercicio del cargo, mediante la comisión de numerosos actos, ha violado las prohibiciones de realizar actividades políticas y ejecutar cualquier otro acto que comprometa su imparcialidad y ha utilizado recursos humanos y técnicos a los fines de realizar acciones en exceso a sus funciones y facultades”, en contra de lo establecido en la ley 7.741 (la Orgánica del Defensor del Pueblo).
La denuncia retoma hechos que se le atribuyen en 2019 –objeto de una presentación anterior que no ha sido desestimada a la fecha– que se suman al reciente caso que “refuerzan la injerencia político partidaria” en la elaboración de la ordenanza “Modelo Tanti” puesta a disposición “de un interés sectorial de intendentes radicales”, sostiene el texto fundado en la ley de Juicio Político.
Por lo pronto, se observan varios frentes calientes abiertos en torno a la re-re. Nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará esta novela que seguirá dando que hablar.
