En Córdoba hay preocupación por la penetración de bandas ligadas al narcotráfico. La Provincia tiene un amplio límite con Santa Fe, donde organizaciones criminales hicieron base y extienden sus tentáculos y amenazan a las fuerzas de seguridad, judiciales y políticas que se deciden a enfrentarlas.
Puede considerarse estratégica la decisión de aunar esfuerzos entre los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) provincial y federal, para articular sus investigaciones y concentrar la información que manejan. Eso permitirá un punto de fusión que concentrará una base de datos única sobre las bandas dedicadas al narcotráfico en la provincia de Córdoba. Se agilizará el tiempo para conocer quiénes son sus líderes, a quiénes reclutan, dónde operan, de dónde llegan las cargas, cómo y en qué zonas las distribuyen, qué vínculos externos tienen, etc.
Este es el espíritu del trabajo que se expuso en una reunión el lunes 13 de junio pasado en la Facultad de Derecho. Estuvo encabezada por los fiscales generales de la Provincia, Juan Manuel Delgado, y Federal, Alberto Lozada, y por el ministro de Justicia, Julián López. Participaron fiscales generales adjuntos, titulares de las fiscalías del fuero de Narcotráfico provincial y de las Fiscalías Federales de Córdoba Capital y el interior; la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, y el titular de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Adrián Salcedo.
En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Lozada explicó que el objetivo es “generar investigaciones en conjunto para que los datos que surgen por narcomenudeo puedan servir para causas de la Justicia federal y viceversa: si se advierten datos sobre delitos comunes en las causas federales, las podemos compartir con fiscales provinciales”.
Se procura optimizar la información que manejan en los dos ámbitos. En algunas jurisdicciones es una práctica que ya se lleva a cabo y ahora se institucionalizará. Todos miran a Río Cuarto. Lozada puso como ejemplo la causa de Claudio Torres, quien integraba una banda criminal organizada, con narcotráfico, lavado de activos y fue asesinado. Intervinieron fiscales provinciales y la Justicia Federal. “Hubo colaboración del fiscal Carlos Gonella con la fiscalía federal de esa ciudad”, destacó y dijo que la aspiración es sistematizar el trabajo conjunto en otras ciudades.
Gonella es uno de los magistrados que viene trabajando en esta articulación. En diálogo con este medio señaló que Santa Fe ya emprendió un trabajo conjunto. “Es una metodología que está bueno aprender”, subrayó.
Explicó que la hoja de ruta convenida abarca tres cuestiones:
1. Línea de trabajo operativa, que consiste en articular las investigaciones entre fiscales de ambas jurisdicciones, provincial y federal.
2. Análisis de datos sobre los fenómenos de crimen organizado.
3. Capacitación a todos los empleados de las fiscalías sobre narcotráfico para la retroalimentación del trabajo.
Actualmente, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que depende de la Fiscalía General provincial, tiene información sistematizada que se va integrando a partir de la actividad de inteligencia criminal y del resultado de las investigaciones penales. A la vez, la Procuración General de la Nación cuenta con una dirección de análisis de información criminal que permite un mapeo. “Tenemos nuestros propios análisis de datos”, puntualizó Gonella y advirtió que la ley procesal que rige a nivel nacional en la materia prevé este tipo de colaboración.
Coordinadores. El MPF provincial designó como coordinadores para concretar la articulación a Carlos María Cornejo y Paulina Lingua (suplente) para Capital, y a Raúl Ramírez y Walter Gesino (suplente) para el interior. En la federal, fueron nombrados para cumplir esa función, Maximiliano Hairabedian, en Capital, y la fiscal de Villa María, María Schianni, para el interior.
SE RECUPERARON $ 1.100 MILLONES DEL NARCOMENUDEO
Según las estadísticas de la actividad desplegada entre 2017 y 2022, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) recuperó del circuito de narcomenudeo $ 1.104.574.352. El monto representa el valor de la droga, dinero y vehículos secuestrados en el último quinquenio. Además fueron incautadas un total de 442 armas en los procedimientos realizados.
Los datos fueron informados a la Legislatura de Córdoba por la Fiscalía General, de la cual depende la FPA.
En esa presentación, se especificaron las cantidades de estupefacientes secuestradas en los operativos: 228 kilos de cocaína, 900 kilos de marihuana, 2.700 troqueles de LSD y 2.600 pastillas de éxtasis. Se generaron 1.248 causas con un total de 1.838 personas imputadas.
La actividad desplegada en el quinquenio provocó, según el mismo informe, el cierre de 2.300 puntos de venta o kioscos de drogas en Capital y el interior provincial.
