Todavía resuenan en algunos medios –y en la Justicia– los ecos de dos casos de uso ilegal de la inteligencia artificial ocurridos uno en Córdoba (que tuvo como actor al gobernador Llaryora y la autoría de Rodrigo de Loredo) y el otro en Buenos Aires (con la periodista Julia Mengolini de víctima). No son los únicos casos, pero sí los más recientes y de mayor estrépito público.
Definidos como “deepfake” –que combinan los términos en inglés ‘deep learning’ (aprendizaje profundo) y ‘fake’ (falso)– utilizan redes neuronales profundas para generar o manipular el contenido. En resumen, son una falsificación digital creada con IA que puede ser muy convincente, haciendo que sea difícil distinguir entre lo real y lo falso.
Mientras la Justicia se debate en un terreno aún desconocido y no legislado, el gobierno de Dinamarca anunció que quiere proteger a los ciudadanos de las imágenes deepfake, dándoles más control sobre su propia imagen, ampliando la ley de derechos de autor en una medida pionera que permitiría a las personas exigir que las plataformas de redes sociales eliminen las falsificaciones digitales.
La Policía de Córdoba confirmó que sufrió un ciberataque
Las leyes vigentes buscan, en gran medida, combatir los daños causados por esta tecnología, generalmente mediante el código penal. El proyecto de ley danés adoptaría un nuevo enfoque, según los expertos, al modificar la ley de derechos de autor para ilegalizar que se compartan la mayoría de las imágenes deepfake de otra persona sin su consentimiento.
Jakob Engel-Schmidt, ministro de Cultura danés, declaró: “La tecnología ha superado nuestra legislación actual. El proyecto de ley, es un esfuerzo por garantizar los derechos fundamentales” mientras la era digital pone a prueba los límites de la privacidad personal.
Los partidarios del proyecto de ley también tienen la esperanza de que pueda servir de prueba para el resto de la Unión Europea, cuya presidencia acaba de asumir Dinamarca .
El proyecto de ley entró en un período de consulta pública esta semana. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos de Dinamarca y se espera que se convierta en ley después de que el Parlamento danés lo examine a finales de año.
