Pesca ilegal: Argentina está entre los tres países más perjudicados del mundo
Así lo estableció un estudio realizado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera. Anualmente, Argentina pierde alrededor de 3.500 millones de dólares debido a esta actividad ilegal.
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Según un estudio realizado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Argentina ocupa el tercer puesto entre los países más perjudicados por la pesca ilegal a nivel mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica.
Raúl Cereseto, Presidente de la entidad a cargo del reporte, detalló que los números se corresponden con los resultados de un trabajo que se llevó a cabo durante el primer semestre del año, a través del entrecruzamiento de datos de una investigación propia (basada en reportes de especialistas en la materia) e informes de otras entidades como la Financial Transparency Coalition (FTC), el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS), la Global Fishing Watch, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre otras.
A saber, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo y a nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones.
Específicamente, Argentina experimenta anualmente pérdidas de hasta 3,500 millones de dólares debido a esta actividad ilegal, ubicándose en segundo lugar detrás de África, que pierde casi 12,000 millones de dólares en su conjunto, y por delante de Indonesia, donde se calcula que se roban 4,000 millones de dólares.
A nivel regional, en América Latina, nuestro país encabeza el ranking de mayores pérdidas económicas. Casi siete veces más que Perú (USD 500 millones) y unas doce veces más que Chile (USD 300 millones).
Según el informe de la FULASP, aproximadamente el 60% de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal son de origen asiático, principalmente de China. El 25% restante pertenece a embarcaciones de países de América Latina, África y Europa en proporciones similares. Además, el 80% de las empresas implicadas tienen inversiones relacionadas con China.
Antecedentes
En el informe también se detalla que esta situación en Argentina comenzó a darse 25 años atrás, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia.
La primera vez que la Prefectura nacional detectó un barco chino involucrado en pesca ilegal en aguas argentinas ocurrió en 2001, cuando solo unas pocas docenas de embarcaciones representaban una amenaza para los recursos pesqueros. En la actualidad, el gigante asiático ha construido la flota pesquera más grande del mundo en tan solo dos décadas, con casi 3,000 barcos, de los cuales más de 400 operan de manera ilegal en el Atlántico Sur.
Estos barcos se colocan en el borde exterior con la intención de ingresar a pescar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), apagando sus sistemas de rastreo satelital durante largos períodos de tiempo. Cuando son detectados por la guardia costera de la Prefectura Nacional Argentina, cruzan nuevamente la línea de las 200 millas hacia alta mar.
Otra particularidad es que las flotas ilegales trabajan en conjunto con barcos de transporte que tienen bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que esos transportadores llevan combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que estos últimos no pierden tiempo regresando a puerto y continuar pescando.
“Esto pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”, lee el documento.
Otros datos
Por otro lado, el informe de la FULASP, agrega que el impacto económico es considerable, ya que las empresas argentinas exportan a los mismos destinos que los barcos ilegales. Si estos barcos tienen éxito en su pesca, los precios del calamar, por ejemplo, podrían caer desde un rango de 2,700 a 3,000 dólares por tonelada hasta menos de 2,000 dólares por tonelada. Además, de que los costos operativos de las empresas nacionales son significativamente más altos.
“Esta situación representa una competencia injusta en su totalidad, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas. En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, indicó Cereseto.
Finalmente, Raúl Cereseto afirmó que “este ha sido un conflicto transversal a todos los gobiernos y que ninguno ha tenido la fiel convicción de erradicar” y concluyó diciendo que “es vital que esta problemática sea incorporada en la agenda de temas urgentes de cara a la próxima gestión, sea cual fuere el resultado de las elecciones generales de octubre”.
