En redes
sociales y sitios oficiales de los colegios y asociaciones de profesionales
de la salud de Córdoba comenzaron a circular una serie de documentos y
manifestaciones tras conocerse un proyecto de decreto reglamentario del Ejecutivo
nacional que modifica buena parte de la Ley de Salud Mental 26.657. Según
advirtió el CELS, y luego se hicieron eco entidades profesionales de Córdoba e
incluso legisladores provinciales, el decreto modifica aspectos centrales de
la ley, reinstala el formato de manicomio, afecta el desarrollo de
dispositivos alternativos que ayudan a la reinserción y tratamiento de
pacientes (como las casas de medio camino) y limita el trabajo de cientos de
profesionales de distintas áreas que participan en el campo de la salud mental.
PERFIL CORDOBA dialogó con representantes de los colegios de
psicólogos, de trabajadores sociales y de la asociación de acompañantes
terapéuticos, para conocer su visión sobre los cambios que plantea el decreto.
Con unanimidad, todos los espacios de profesionales advirtieron que el decreto
modifica la sustancia de la Ley de Salud Mental y afecta derechos esenciales de
los pacientes, a la vez que restringe la intervención de sus profesiones.
Un
decreto limitante. “Lo
primero que vemos es un problema de inconstitucionalidad, porque con el
argumento de incongruencias con las incumbencias profesionales, cambian 33 de
los 42 artículos, modifican el sentido de la Ley de Salud Mental, una ley de
ciudadanía que amplía derechos”, señala Jacinta
Burijovich, del Colegio de Psicólogos de Córdoba. En esa línea, Burijovich
advierte que el decreto que busca reglamentar la ley limita a las personas que
pueden recibir tratamiento y se cambia a una cantidad de prestaciones determinada
por evidencia científica: “La Ley de Salud Mental está pensada desde la
perspectiva de los derechos humanos y este decreto le saca todos los aspectos
vinculados a los derechos humanos y sociales, a los padecimientos subjetivos.
Y utiliza un eufemismo: ‘hospitales monovalentes especializados’, pero están
hablando de manicomios, algo estigmatizante, algo así como volver a los
leprosarios. Así, se patea el compromiso firmado en el Consenso de Panamá para
llegar al 2020 sin manicomios”.
Impacto
laboral. Desde el
Colegio de Psicólogos afirman que los cambios que propone el decreto, dando
mayor poder a los médicos psiquiatras, tendrán un efecto en la labor de los colegiados:
“El decreto desconoce la problemática compleja. Por ejemplo, plantea que la
dirección del equipo interdisciplinario queda solo para los médicos. Esto
puede tener un impacto en la fuente laboral porque limita el trabajo de los
psicólogos a una determinada práctica cuando en realidad el abordaje
comunitario era para que todo el equipo acompañe a la persona con padecimientos”,
apunta Burijovich.
Julio Abba, de la Asociación Acompañantes
Terapéuticos de la Provincia de Córdoba, destaca que “es un decreto que nos deja
afuera en algunos sentidos, pero fundamentalmente afecta a los usuarios en
sus derechos por recibir atención para mejorar su calidad de vida. El
acompañante terapéutico es uno de los agentes primordiales para llevar
adelante el proceso que la ley plantea en cuanto a la desmanicomialización y en
la reinserción social de las personas. Hay varias cosas que nos preocupan. Una
es la propuesta de reinstalar el manicomio con otro nombre, hospitales
especializados en psiquiatría y salud mental, un retroceso en cuanto al proceso
de terminar con los manicomios y permitir la posibilidad de tener tratamientos
en otros dispositivos. También en modificar la concepción de la salud mental,
con concepciones biológicas”. Para Abba, con el decreto “se desalienta el
desarrollo de dispositivos alternativos como hogares de día, casas de medio
camino. Estamos organizando reuniones para trabajar y ver cómo podemos darle
un freno”.
Derechos
vulnerados. Una
posición similar muestran los trabajadores sociales. Carolina Allende, presidenta del Colegio de Profesionales de Servicios Sociales, subrayó: “Es un
decreto que vulneraría derechos porque vuelve a prácticas manicomiales, quita
derechos a los pacientes. Se restringen cuestiones que llevan a que, en la
práctica, la ley no se pueda aplicar. Y hay cuestiones de índole práctico que
afectan el desempeño de los trabajadores sociales. Según este decreto, no
podríamos conducir equipos disciplinarios o instituciones donde nos desempeñamos
porque solamente los médicos psiquiatras podría ejercer posiciones de
conducción. Restringe nuestro ejercicio profesional y no se tiene en cuenta el
trabajo interdisciplinario”.
Finalmente, Allende destacó que “desde la Fepuc (Federación de Entidades
Profesionales Universitarias de Córdoba) vamos a seguir trabajando en esto.
Tenemos una mesa de diálogo junto con Justicia y Salud y con el Tribunal
Superior de Justicia, donde el objetivo es la aplicación integral de la Ley de
Salud Mental. Es un tema prioritario para nosotros”.
Una excusa para otros fines. Natalia Monasterolo es doctora en Derechos y Ciencias Sociales,
abogada y miembro del Observatorio de
Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba. Al analizar el escenario que
plantea el proyecto de decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental advierte:
“Un decreto reglamentario no puede modificar el sentido de una norma porque
atenta contra principios básicos de la democracia. Cambiar su sentido es
grave, porque puede pasar con cualquier tema. Analizando el proyecto se ve que
se atenta contra el espíritu de la ley. Justifica el mantenimiento de
hospitales monovalentes, reinstala la idea de peligrosidad que la ley erradica;
redefine a la salud mental en términos biologicistas, apela a la evidencia
científica con posturas deterministas. Hay una reducción a la biología del
sujeto. Por otro lado, queda relegado el abogado defensor en su rol y
posibilidad de discutir. Todo esto legitima que no se cumpla el compromiso de
llegar al 2020 sin manicomios, borra esos plazos”.
A la hora de analizar las motivaciones detrás del contenido del decreto,
plantea una revisión hacia el momento de la sanción de la ley: “Hubo fuerzas
muy disgustadas con la salida de la ley por la quita de poder que suponía. No
proponía una disciplina hegemónica que decide, sino que tiene que funcionar en
horizontalidad e interacción. Hubo muchas disputas ahí y el proyecto de
decreto les da la derecha a los que estaban en contra de la salida de la ley.
Reformar el decreto para ir en contra de la ley parece una excusa para otras
cosas”.
