Profesionales locales, preocupados y en alerta por cambios en Ley de Salud Mental

En redes sociales y sitios ofi­ciales de los colegios y asocia­ciones de profesionales de la salud de Córdoba comenzaron a circular una serie de docu­mentos y manifestaciones tras conocerse un proyecto de decreto reglamentario del Eje­cutivo nacional que modifica buena parte de la Ley de Salud Mental 26.657. Según advirtió el CELS, y luego se hicieron eco entidades profesionales de Córdoba e incluso legisla­dores provinciales, el decreto modifica aspectos centrales de la ley, reinstala el formato de manicomio, afecta el desarro­llo de dispositivos alternativos que ayudan a la reinserción y tratamiento de pacientes (co­mo las casas de medio camino) y limita el trabajo de cientos de profesionales de distintas áreas que participan en el campo de la salud mental.

PERFIL CORDOBA dialo­gó con representantes de los colegios de psicólogos, de trabajadores sociales y de la asociación de acompañantes terapéuticos, para conocer su visión sobre los cambios que plantea el decreto. Con unani­midad, todos los espacios de profesionales advirtieron que el decreto modifica la sustan­cia de la Ley de Salud Mental y afecta derechos esenciales de los pacientes, a la vez que restringe la intervención de sus profesiones.

Un decreto limitante. “Lo pri­mero que vemos es un proble­ma de inconstitucionalidad, porque con el argumento de incongruencias con las in­cumbencias profesionales, cambian 33 de los 42 artícu­los, modifican el sentido de la Ley de Salud Mental, una ley de ciudadanía que amplía de­rechos”, señala Jacinta Burijo­vich, del Colegio de Psicólogos de Córdoba. En esa línea, Bu­rijovich advierte que el decre­to que busca reglamentar la ley limita a las personas que pueden recibir tratamiento y se cambia a una cantidad de prestaciones determina­da por evidencia científica: “La Ley de Salud Mental está pensada desde la perspectiva de los derechos humanos y este decreto le saca todos los aspectos vinculados a los de­rechos humanos y sociales, a los padecimientos subjetivos. Y utiliza un eufemismo: ‘hos­pitales monovalentes especia­lizados’, pero están hablando de manicomios, algo estigma­tizante, algo así como volver a los leprosarios. Así, se patea el compromiso firmado en el Consenso de Panamá para lle­gar al 2020 sin manicomios”.

Impacto laboral. Desde el Cole­gio de Psicólogos afirman que los cambios que propone el de­creto, dando mayor poder a los médicos psiquiatras, tendrán un efecto en la labor de los co­legiados: “El decreto descono­ce la problemática compleja. Por ejemplo, plantea que la dirección del equipo interdis­ciplinario queda solo para los médicos. Esto puede tener un impacto en la fuente laboral porque limita el trabajo de los psicólogos a una determinada práctica cuando en realidad el abordaje comunitario era para que todo el equipo acompañe a la persona con padecimien­tos”, apunta Burijovich.

Julio Abba, de la Asociación Acompañantes Terapéuticos de la Provincia de Córdoba, destaca que “es un decreto que nos deja afuera en algu­nos sentidos, pero fundamen­talmente afecta a los usuarios en sus derechos por recibir atención para mejorar su ca­lidad de vida. El acompañan­te terapéutico es uno de los agentes primordiales para llevar adelante el proceso que la ley plantea en cuanto a la desmanicomialización y en la reinserción social de las perso­nas. Hay varias cosas que nos preocupan. Una es la propues­ta de reinstalar el manicomio con otro nombre, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, un retroceso en cuanto al proceso de ter­minar con los manicomios y permitir la posibilidad de tener tratamientos en otros disposi­tivos. También en modificar la concepción de la salud mental, con concepciones biológicas”. Para Abba, con el decreto “se desalienta el desarrollo de dis­positivos alternativos como hogares de día, casas de me­dio camino. Estamos organi­zando reuniones para trabajar y ver cómo podemos darle un freno”.

Derechos vulnerados. Una posición similar muestran los trabajadores sociales. Caroli­na Allende, presidenta del Co­legio de Profesionales de Ser­vicios Sociales, subrayó: “Es un decreto que vulneraría de­rechos porque vuelve a prác­ticas manicomiales, quita de­rechos a los pacientes. Se res­tringen cuestiones que llevan a que, en la práctica, la ley no se pueda aplicar. Y hay cues­tiones de índole práctico que afectan el desempeño de los trabajadores sociales. Según este decreto, no podríamos conducir equipos disciplina­rios o instituciones donde nos desempeñamos porque sola­mente los médicos psiquiatras podría ejercer posiciones de conducción. Restringe nues­tro ejercicio profesional y no se tiene en cuenta el trabajo interdisciplinario”.
Finalmen­te, Allende destacó que “desde la Fepuc (Federación de Enti­dades Profesionales Univer­sitarias de Córdoba) vamos a seguir trabajando en esto. Tenemos una mesa de diálo­go junto con Justicia y Salud y con el Tribunal Superior de Justicia, donde el objetivo es la aplicación integral de la Ley de Salud Mental. Es un tema prioritario para nosotros”.

Una excusa para otros fines. Natalia Monasterolo es doc­tora en Derechos y Ciencias Sociales, abogada y miem­bro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba. Al analizar el escenario que plantea el proyecto de de­creto reglamentario de la Ley de Salud Mental advier­te: “Un decreto reglamen­tario no puede modificar el sentido de una norma por­que atenta contra princi­pios básicos de la democra­cia. Cambiar su sentido es grave, porque puede pasar con cualquier tema. Anali­zando el proyecto se ve que se atenta contra el espíritu de la ley. Justifica el man­tenimiento de hospitales monovalentes, reinstala la idea de peligrosidad que la ley erradica; redefine a la salud mental en términos biologicistas, apela a la evi­dencia científica con postu­ras deterministas. Hay una reducción a la biología del sujeto. Por otro lado, queda relegado el abogado defen­sor en su rol y posibilidad de discutir. Todo esto legitima que no se cumpla el com­promiso de llegar al 2020 sin manicomios, borra esos plazos”. 
A la hora de anali­zar las motivaciones detrás del contenido del decreto, plantea una revisión hacia el momento de la sanción de la ley: “Hubo fuerzas muy disgustadas con la salida de la ley por la quita de poder que suponía. No proponía una disciplina hegemónica que decide, sino que tiene que funcionar en horizon­talidad e interacción. Hubo muchas disputas ahí y el proyecto de decreto les da la derecha a los que estaban en contra de la salida de la ley. Reformar el decreto pa­ra ir en contra de la ley pa­rece una excusa para otras cosas”.