Entre el 3 y 4 de este mes, el juez de Control Agustín Cafferata tomó declaración indagatoria al fiscal de Narcotráfico de Punilla, Raúl Ramírez, imputado por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad; al secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, y a quien era jefe de la Brigada de Cruz del Eje de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Mauricio Oyola.
Todos negaron los hechos y se abstuvieron de declarar.
La sospecha que existe sobre los tres radica en la desaparición de tres ´rues´ con droga secuestrada que debían ser trasladados desde la base cruzdelejeña de la FPA hacia la sede central de la fuerza en la ciudad de Córdoba.
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Según la pesquisa Ramírez, Bazán y Oyola conocían la desaparición de los sobres precintados, con cadena de custodia vulnerada, y no activaron una investigación judicial.
Hay intercambio de mensajes entre el fiscal y el secretario que acreditan esa situación.
Apenas fue imputado, el secretario Bazán fue suspendido en sus funciones. Lo mismo ocurrió con Oyola. Sin embargo, Ramírez sigue actuando como fiscal y es llamativo el silencio, incluso de dirigentes políticos, sobre la causa.
Más aún si se compara el caso Ramírez, ya imputado, con el estruendo judicial y político que causó el sumario administrativo contra el asesor letrado Eduardo Caeiro por presunta filtración de un examen en un concurso de la Justicia Provincial.
Contra Caeiro se abrió un expediente penal, pero hasta hoy no hay imputación alguna.
PERFIL CÓRDOBA consultó a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier, donde está radicada la investigación al asesor letrado y la respuesta fue la siguiente: “estamos analizando material probatorio, no hay ninguna conclusión preliminar que motive un requerimiento de investigación jurisdiccional por el momento”.
Como Caeiro es asesor letrado tiene privilegios y para encarar una pesquisa penal en su contra el fiscal debe solicitar una investigación jurisdiccional a un juez de Control. Eso no ha ocurrido hasta hoy.
Sin imputación y sin una conclusión final del sumario administrativo, en tribunales y en la Legislatura de Córdoba se instaló la idea de promover el jury a Caeiro.
Sin embargo, el silencio sobre Ramírez, un fiscal ya imputado por un juez, es total.
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El titular de Narcotráfico de Punilla ya sorteó un juicio de destitución. El periodista Dante Leguizamón dio a conocer en 2016 que Raúl Ramírez pasó por el área de la D2 de la Policía de Córdoba durante la última dictadura cívico militar en el país.
Se impulsó el jury pero fue sobreseído por unanimidad.
A lo largo de los años, sorteó con éxito situaciones polémicas. En el 2005 se retiró de la Policía de Córdoba con el rango de comisario general, trabajando en Drogas Peligrosas.
En el 2013, luego del narcoescándalo que terminó en la disolución de esa dependencia policial y eyectó del cargo al exjefe Ramón Frías y al ministro Alejo Paredes, él fue designado secretario de seguridad durante la gestión de Alejandra Monteoliva como ministra.
Ocupando ese cargo se produjo el autoacuartelamiento policial de 2013.
De ese cargo político llegó a la Justicia. En 2016 fue designado fiscal en Punilla, en el fuero Narcotráfico. Por hechos que habría cometido en esa función, hoy está imputado.
