Ricardo Bustos Fierro (86) pudo y supo mantenerse incólume en las tempestades que le deparó el ejercicio de la magistratura. Quienes lo tratan lo definen como hábil y de una particular inteligencia para advertir rápidamente los conflictos y los intereses en pugna. Consultado por PERFIL CÓRDOBA, un dirigente de la vieja guardia peronista de los ‘90 lo definió así: “No es un hombre de ideas liberales: él es neoliberal”.
Tuvo épocas de altísimo perfil público, con apariciones en los medios de comunicación y eventos sociales, pero desde hace unos años se recluyó en su despacho, evitó las exposiciones y requisitorias periodísticas.
Todos coinciden en que hoy es el juez de Córdoba con más poder. Al frente del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, desde diciembre de 1993, concentra competencias en materia penal, civil, tributaria, electoral y las causas con mayor número de víctimas y acusados en delitos de lesa humanidad. Todo lo digita desde su oficina, ubicada en el tercer piso de los tribunales federales.
En la actualidad, Bustos Fierro tiene entre sus manos las dos megacausas penal económicas más voluminosas, en las que se investigan presuntas usinas de facturación apócrifa para evadir impuestos, caratuladas como ‘Ferrer Vieyra’ y ‘Lafuente Sivilotti’. En una de ellas estuvo imputado y fue sobreseído el economista Nadim Argañaraz.
También investiga el oscuro negocio de la basura en la ciudad de Córdoba, en el que avanzó contra dirigentes del gremio Surrbac, y tramita otros dos aletargados expedientes contra la empresa Cotreco y la municipal Crese.
En los últimos años, por su despacho pasaron causas calientes: el narco escándalo, en la que fue condenada la cúpula de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba; el caso Juan Viarnes –actualmente juzgado por circulación de dólares falsos–, y la causa CBI Cordubensis, hasta que la Cámara derivó la investigación al Juzgado Federal 3.
Bustos Fierro es árbitro en una fuerte compulsa política económica, la que enfrenta al Estado nacional con las empresas de telecomunicación en Argentina. El año pasado suspendió la aplicación del DNU 690/2020 que intentó regular el servicio y las tarifas. Inclinó la balanza en favor de las privadas. En febrero de 1997, a pesar de dos fallos en Capital Federal que suspendieron el llamado ‘rebalanceo telefónico’, Bustos Fierro había declarado constitucional la facultad que otorgaba a las operadoras la posibilidad de aumentos tarifarios.
También en 1997 firmó un fallo salomónico que, sin embargo, tuvo efectos de avanzada porque terminó avalando la posibilidad de que las mujeres estudiaran en el Colegio Nacional de Monserrat, que hasta entonces tenía matrícula exclusivamente masculina.
Recientemente sobreseyó al médico Carlos Laje, acusado de comercializar estupefacientes. Con una perspectiva sanitarista, resolvió que su actividad estaba contemplada en el nuevo marco legal existente en el país sobre cannabis medicinal.
En su escritorio espera hoy una acción de amparo de extrema trascendencia, por el efecto que podría causar: la presentaron agrupaciones ruralistas para pedir que el Estado deje de cobrar retenciones a las exportaciones agropecuarias. Procuran retenciones cero.
Inicios de fiscal. Su carrera judicial comenzó en la década de 1960, en Río Negro. En Córdoba, antes de convertirse en juez, Bustos Fierro estuvo al frente de la Fiscalía Federal 3. Fue nombrado en 1979, durante el gobierno militar. El gobierno de Raúl Alfonsín lo desplazó del cargo y el radicalismo le negó apoyos cuando aspiró a ocupar el cargo de juez.
Se fue a Buenos Aires, donde fue fiscal de uno de los tribunales orales porteños.
En 1990, Miguel Rodríguez Villafañe renunció a la titularidad del Juzgado Federal 1 y lo sucedió el fallecido Luis Roberto Rueda, hasta que este fue catapultado a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Fue entonces cuando a Bustos Fierro le llegó el momento de un cargo en la magistratura.
En diciembre de 1993 fue designado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem como el sucesor en el cargo. No existía el Consejo de la Magistratura que instalaría la reforma constitucional de 1994. Los jueces eran nombrados a dedo y pesaba la opinión de los gobernadores.
Promovido a juez. Hay quienes señalan que el autor ideológico de la postulación fue el exgobernador Eduardo César Angeloz. Uno de los hombres fuertes del gabinete angelocista era José Cafferata Nores, un jurista de gran ascendencia en los tribunales y la política, con quien tiene parentesco. La madre de Bustos Fierro es Nores Martínez.
El dato no deja de ser una ironía del destino. En plena dictadura, mientras fue fiscal, había promovido acción penal contra el presidente del Comité Capital del radicalismo, Héctor Sanders –crítico del gobierno militar por su condescendencia con empresas multinacionales– por infringir la ley que prohibía las actividades políticas. Lo acusó de alterar la paz social.
Pero no solo Angeloz fue el promotor de su nombramiento. En los ‘90, los memoriosos sostienen que tejió fuertes vínculos con el extitular de la Side, Hugo Anzorregui. Un dirigente que circuló asiduamente por los pasillos de la Casa Rosada en aquellos años comentó que “había mucha gente que pedía por él”.
Bustos Fierro egresó en la década de 1960 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue docente de la cátedra de Economía Política. Tuvo dos matrimonios y tiene cuatro hijos: Tristán, Pablo, Gonzalo y Manuel. Los dos mayores son abogados y uno de ellos, Pablo Bustos Fierro, es fiscal general adjunto de la Provincia de Córdoba.
UN SOBREVIVIENTE DE GRAVES DENUNCIAS Y PROCESOS DE JURY
A cualquier operador judicial que se lo consulte sobre la trayectoria de Ricardo Bustos Fierro como juez, salta rápido la lista de sus fallos más controversiales.
El contrabando de Ciadea. En sus primeros años de magistrado sobreseyó al expresidente de Ciadea (luego Renault), Manuel Antelo. Hubo idas y vueltas con la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que revocó su decisión y ordenó el procesamiento por contrabando y evasión impositiva. Años más tarde, salvó al mismo empresario de ir a prisión.
Bustos Fierro atravesó contratiempos más importantes, en los que quedó acorralado por denuncias y procesos de jury, de los que salió indemne. En un caso fue la Corte la que pidió que se lo investigara y en otro la Cámara Federal de Córdoba.
La re-re de Menem. En marzo de 1999, como juez electoral, habilitó al presidente Carlos Menem a participar de las internas del Partido Justicialista para procurar una segunda reelección, vedada por la nueva Constitución Nacional. El planteo, efectuado por Domingo Carbonetti y José Manuel de la Sota, le valió la venganza de Eduardo Duhalde. Le promovieron juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y presunta comisión del delito de prevaricato. Fue suspendido preventivamente en el cargo y el 20 de abril de 2000 se conoció el fallo del Jurado de Enjuiciamiento: “No hacer lugar a la remoción del Dr. Ricardo Bustos Fierro” y reincorporarlo a su función. Su defensa técnica estuvo a cargo de Marcelo Brito.
Corralito financiero. En marzo de 2004, la Cámara Federal de Córdoba elevó al Consejo de la Magistratura una investigación en su contra. Fue por su actuación en la tramitación de unos 10.000 amparos contra el corralito que había impuesto el gobierno de Fernando de la Rúa con Domingo Cavallo como ministro de Economía, en diciembre de 2001. Lo acusaron, junto a funcionarios del juzgado, de un caos administrativo y plantearon sospechas de dádivas y fiestas que habrían solventado abogados de los ahorristas. “Hacían cola para entrar los amparos a ese juzgado”, relató un extrabajador de tribunales que se desempeñaba en el mismo piso, donde funcionaba la Secretaría Civil de Bustos Fierro. Fue tal el escándalo que se llegó a mencionar una fiesta para el juzgado en el hotel Sheraton con sorteo de electrodomésticos.
La fiscal (jubilada), Graciela López de Filoñuk, promovió acción penal por esos hechos. Superó el trance sin demasiado esfuerzo. Su par del Juzgado Federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, consideró que no había delito, a lo sumo algún “desorden administrativo”.
El polista parapléjico. En septiembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación envió al Consejo de la Magistratura los antecedentes de la actuación de Bustos Fierro en la disputa entre los padres y la esposa de Ignacio Ballesteros, el polista que quedó parapléjico tras un accidente que sufrió en 2010. En una polémica decisión, el juez cordobés ordenó el traslado de Ballesteros desde Rosario a Córdoba, a pedido de sus padres.
Bustos Fierro pudo surfear cada uno de esos embates. Con 82 años y excedido en la edad para continuar en la Magistratura, en 2017 pidió autorización al Senado para continuar cinco años más en el cargo. Su pedido fue apoyado en la sesión por el juecista Ernesto Martínez y votado por unanimidad. En octubre próximo vence la prórroga. Cuando se retire, ¿quién asumirá todo el poder que dejará vacante?
“Lo cuestionaron mucho, pero no lo tumbaron. Ni siquiera lo lastimaron”. Así sintetizó una fuente los traspiés de Bustos Fierro. Esta breve crónica le da la razón.
AMPARO CONTRA LAS RETENCIONES, UNA CAUSA CON IMPACTO NACIONAL
El juez federal Ricardo Bustos Fierro tiene en su escritorio un expediente caliente. Se trata de la acción de amparo que presentaron la Sociedad Rural Argentina (SRA) y su par de Jesús María para que se declare inconstitucional el cobro del impuesto a las exportaciones a partir del 1 de enero del año en curso. Sostienen que, al no haberse aprobado en el Congreso Nacional el presupuesto 2022, quedó sin vigencia la ley de emergencia económica que viene aplicándose desde 2019. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional –dicen– no cuenta con la herramienta legal que lo habilite a cobrar retenciones a las exportaciones agropecuarias.
La SRA nuclea a propietarios de tierras de la región pampeana. Sin embargo, se asoció con la entidad de Jesús María para ingresar el amparo en el juzgado federal cordobés que encabeza Bustos Fierro. La controversia ya cuenta con opinión del fiscal Maximiliano Hairabedián, quien dictaminó que la Justicia Federal es competente en la materia y desde un punto de vista formal es procedente su tratamiento. Falta la decisión del juez para abrir –o no– el trámite judicial al reclamo. En 2021 el monto que percibió el Estado por esta vía fue de $ 830.000 millones. Da la idea de la cifra aproximada que está en juego.
