La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tuvo hoy un paso por la ciudad de Córdoba para disertar sobre “El terrorismo en Argentina, a 31 años del ataque a la Amia”. Reiteró la convicción de que su exesposo y fiscal de la Unidad Especial UFI AMIA, Alberto Nisman, fue asesinado porque se opuso al Memorando con Irán que intentó el gobierno de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Ponderó la decisión del actual gobierno que encabeza Javier Milei de declarar a Hamas organización terrorista internacional. También destacó la aprobación en el Congreso de la Nación de la ley de juicio en ausencia que permitirá exponer las pruebas que la Justicia argentina logró reunir para culpar del ataque a la Amia, a sus responsables identificados, siete funcionarios iraníes y tres miembros de Hezbolá. Consideró trascendente, además, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre pasado, de confirmar la realización del juicio a quienes impulsaron el Memorando con Irán.
“Alberto Nisman se opuso porque el Memorando era garantía de impunidad de la red que planificó y ejecutó el atentado”, subrayó Arroyo Salgado.
En varios tramos de su alocución, la magistrada cuestionó los “discursos de odio” y dijo que son las “semillas” del terrorismo que es necesario detectar a tiempo.
En ese contexto, señaló que en las últimas elecciones la ciudadanía votó por “la vida, la familia y la libertad” y dijo que actualmente hay una “auténtica política de Estado contra el terrorismo”.
La exposición se desarrolló en el auditorio Mavic, que pertenece al sindicato de vigiladores privados Suvico. El anfitrión fue Gustavo Pedrocca, quien además de concejal de la ciudad de Córdoba es secretario general del gremio.
El narcotráfico no reconoce límites entre provincias
Sandra Arroyo Salgado esbozó un grave diagnóstico sobre el fenómeno narco en el país. “Trabajamos estando infiltrados por el narcotráfico”, señaló al destacar que la penetración del crimen organizado no sólo alcanza a miembros de las fuerzas de seguridad, sino a “colegas del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal quienes no solo son funcionales, sino que son socios, parte de la organización”.
En efecto, la magistrada investigó al fiscal Claudio Scapolán, que fue destituido.
"También sabemos de la existencia de políticos que los encubren y amparan", agregó.
Renglón seguido se animó a cuestionar la desfederalización de la investigación dividiendo narcomenudeo de las organizaciones que comercian estupefacientes a gran escala.
Córdoba es una de las provincias donde el Estado destina más recursos al combate del narcomenudeo, con un Fuero y una fuerza de seguridad -la FPA- especiales para esa tarea.
Arroyo Salgado se explayó: “es un delito federal, es un delito interjurisdiccional, internacional”. “Las organizaciones vinculadas al narcotráfico no están separadas según territorio, según fronteras, según provincias, con lo cual me parece que esta ley de desfederalización va a contrapelo de lo que es el delito de crimen organizado en sí”, aseveró.
Y dijo que esa división conspira contra el avance de las investigaciones hacia los estamentos más altos en la cadena de tráfico.
