El proyecto de Ley de Economía del Conocimiento logró la semana pasada media sanción en Diputados y pasó a Senadores. Esta semana entraría a comisiones para ser analizada y sus impulsores estiman que podría tratarse en el recinto en 15 días. Viene con un fuerte aval y un amplio apoyo de prácticamente todos los colores políticos: en Diputados obtuvo 182 votos a favor, dos en contra y el texto llevó la firma del diputado Luciano Laspina del PRO, de Marco Lavagna del massismo y del cordobés Juan Brügge (Córdoba Federal). “Ese es uno de los aspectos más importantes que logró este proyecto de ley. Es una de las pocas veces en que se trata una ley vital para un sector de la economía y para el que se están dando los pasos para que se tome como una política de Estado. Está ley sigue el camino de La ley de Software que seguirá vigente hasta fin de año y suma a otros sectores y actividades”, explicó Diego Casali, presidente del Córdoba Clúster Technology.
La entidad empresaria cordobesa fue una de las más activas desde hace dos años, al plantear la necesidad de una ley que otorga beneficios fiscales y estímulos a las compañías del sector. El lobby de los cordobeses no solo incluyó encuentros con los legisladores, sino también con gobernadores y candidatos a presidente. El aval logrado se tradujo en una ley que seguramente verá la luz en las próximas semanas.
Impacto local. “Esta ley es fundamental para continuar apoyando a un sector que viene creciendo año a año. Si miramos lo que se logró con la Ley de Software y con la declaración como industria en Córdoba los números son elocuentes. Hace menos de 20 años éramos un puñado empresas. Hoy somos más de 400, generamos divisas por más de US$ 100 millones y empleamos a 13.000 personas”, destaca Casali. En el Clúster trazan una proyección de esa curva hacia el 2030 para advertir que, con el apoyo de la nueva ley, los empleos locales en el sector ascenderían a 50.000, los ingresos vía exportaciones serían de US$500 millones y se duplicaría la cantidad de empresas.
Controversia por el costo. Obviamente, una ley con beneficios fiscales tiene, por contrapartida, costos fiscales para el Estado. Este es uno de los pocos puntos conflictivos de la ley, pese al apoyo que recibió. Para sectores de la oposición y la izquierda el costo fiscal para el Estado es de unos $10 mil millones. Desde el sector privado remarcan que se trata de una ley con estímulos y apoyo, pero no con subsidios. En ese sentido, cuando el kirchnerismo le consultó al secretario Pyme de la Nación, Mariano Mayer, sobre el costo fiscal el funcionario dijo: “Son $3.000 mil millones para el 2020 representado por las empresas de la Ley del Software que van a tener continuidad. Creemos que durante 2020 se pueden incor porar más sectores y empresas y que en 2021 impactaría en otros $3.000 millones más. A lo que se puede sumar en 2021 o 2022, según cómo se reglamente, la toma de retenciones que serían otros $3.000 mil millones más”.
Ejes principales
◆ Estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial. Esto significa que las firmas no verán aumentada su carga tributaria total nacional. ◆ Eliminación de retenciones a las exportaciones y de IVA. ◆ Disminución de costos laborales a partir de deducciones sobre cargas patronales. ◆ Baja del 15% del Impuesto a las Ganancias. ◆ Crédito fiscal por gravámenes pagados o retenidos en el exterior.
