Un huracán interno atravesó al oficialismo al imponerle la “sanción” a Oscar González

Un clima de tensión constante dominó la sesión del miércoles pasado en la Unicameral, en donde a la bancada oficialista no le quedó otra que aplicarle una “sanción” a uno de los suyos, algo impensado en el peronismo en el poder, que solo se explica por la magnitud del escándalo que significó el siniestro vial en las Altas Cumbres protagonizado Oscar González, por el dirigente histórico de Traslasierra y sus derivaciones en torno a supuestos “privilegios” de la casta política.

Tras una intrincada alineación de la tropa y el tener que ceder ante la primera minoría radical, el oficialismo y las principales bancadas opositoras (Juntos UCR, Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal) sancionaron a Oscar González con la “suspensión y en consecuencia el apartamiento, sin goce de dieta, hasta tanto haya pronunciamiento de sentencia firme en las causas judiciales inherentes al siniestro vial ocurrido el 29 de octubre del 2022 del que fuera parte”.

La votación arrojó 62 votos a favor, de 66 legisladores presentes, por suspender y apartar de la Cámara al peronista transerrano. Solo cuatro opositores -la carrioista Cecilia Irazuzta, el radical Marcelo Cossar y las representantes de izquierda Luciana Echevarría y Noelia Agüero- sostuvieron –sin éxito– su demanda de expulsión.

Este nivel de consenso que se construyó paso a paso fue una de las claves políticas en torno a la definición de la sanción aplicada al hombre fuerte del peronismo de Traslasierra, aunque para el ala dura opositora, en franca minoría, tuvo sabor a poco.

“Eso no es una sanción sino lo que el propio González quiere”, lanzó Echevarría (MST), quien anticipó la presentación de una denuncia penal contra el peronista. “Mentir en su declaración de bienes es un delito”, dijo. Mientras los familiares de las víctimas del choque fatal se fueron de la Legislatura denunciando “un acto de impunidad y de blindaje”.

El oficialismo, envuelto en una feroz interna a raíz de que una veintena de sus miembros pidió la cabeza de González, cedió ante la postura intransigente de Juntos UCR, según la interpretación de los radicales.

Para no aparecer votando en soledad un apartamiento de González sin fundamentos, Hacemos por Córdoba (HxC) terminó compatibilizando un despacho de mayoría con la premisa radical de aplicar la “sanción” de “suspensión”, sumado al plazo de hasta que haya sentencia firme en las causas judiciales. En lo concreto, el legislador departamental por San Javier no volverá a sentarse en su banca debido a que le queda un año de mandato.

En un movimiento inusual, todo un dato político, la miembro informante de aportar los argumentos de la sanción fue la radical Verónica Garade Panetta, quien se movió con aplomo al circunscribir el caso a las atribuciones conferidas al Poder Legislativo sin inmiscuirse en la causa judicial que busca determinar la responsabilidad de González y de la otra parte en el siniestro vial.

La parlamentaria boina blanca expresó que González “deshonra la institución legislativa” y “agravia la reputación de los miembros de esta cámara por adolecer de las condiciones humanas, morales y éticas necesarias para el cargo”.

Consultado por PERFIL CÓRDOBA, el jefe del bloque Juntos UCR, Juan Jure, aportó su definición ante los argumentos que se escucharon en el recinto: “No prejuzgamos; no somos jueces”. En esa línea, también se pronunció durante la sesión y ante los medios, la oficialista Nadia Fernández: “No somos jueces”, aseveró.

Lado B. Por su parte, una fuente oficialista advirtió que los pasos que se dieron “se ajustaron a una hoja de ruta” trazada de antemano en la búsqueda de la salida menos gravosa a la encerrona que tuvo a maltraer al PJ. Aunque no estuvo exenta de idas y vueltas, a punto de naufragar, por la tensión interna de las últimas semanas que atravesó la bancada de la mayoría.

De lo que se pudo reconstruir de la trastienda, la jugada oficialista se vino cocinando desde los primeros contactos de los emisarios del bloque con González. En la reunión que trascendió en un barrio privado de La Calera, que se realizó nueve días antes de ser suspendido y apartado, el transerrano dejó en claro que no iba a renunciar. Eso puso más nervioso a los propios.

No obstante, los llamados telefónicos nunca se interrumpieron y se mantuvieron hasta horas antes de la reunión del martes pasado de la comisión de Asuntos Constitucionales, comandada por el llaryorista Juan Manuel Cid, en cuyo ámbito se trataron las distintas cuestiones de privilegio por la suspensión o expulsión del oficialista.

En torno a ese ámbito quedó evidenciada la jugada en dos tiempos: el dirigente peronista dio su primera entrevista tras el choque fatal a una radio local de Traslasierra y anticipó la nota que luego se leyó en comisión en la cual expresó su voluntad de “no incorporarse a la Legislatura hasta que el proceso judicial este definitivamente concluido”.

En ese momento, el oficialismo se mostró desordenado en su interna ante un pedido de cuarto intermedio que exhibió el tironeo con los propios que reclamaban la “cabeza” de González. En una lectura entrelíneas de sus declaraciones que corrieron como reguero de pólvora, el dirigente histórico del PJ dejó entrever que, si le soltaban la mano por completo, se cargaba unos cuantos.

Tras un par de mensajes cruzados, espadas peronistas pudieron reencaminar la estrategia acordada con el transerrano y acelerar los tiempos. A Cid se lo vio muy activo, ya que fue quien tuvo que comandar el barco en medio del tifón y comunicar a la oposición la decisión de HxC de “apartar” a su par y dar por cerrado el proceso en comisión en la segunda de cinco jornadas estipuladas inicialmente. Así, descolocó a los opositores más duros que habían reclamado “celeridad” desde el vamos, pero retrucaron con la “no sanción” de la medida.

Lo que vino después, en la previa de la sesión, fue una fuerte discusión en Labor Parlamentaria, donde el peronismo cedió ante la postura radical. “Le marcamos la cancha, no aflojamos”, confió una espada boina blanca. A su vez, la UCR le machacó a HxC no exponer sus argumentos de por qué sancionó a González. En tanto, un cambiemita dijo, minutos antes del plenario, “el quilombo lo tienen ellos”. Por su parte, el oficialismo acomodó el cuerpo, apretó el acelerador a fondo y jugó con el “efecto Qatar”. Ese día, la selección argentina le ganó a Polonia y casi nadie se acordó del “González gate”.

Fecha de elecciones
Con el “fuego extinguido” de este capítulo legislativo del caso González, HxC avanzará este miércoles con la aprobación definitiva del Presupuesto 2023. Tras lo cual quedarán tres sesiones antes de finalizar el año.

En ese tiempo, el oficialismo deberá aprobar las reformas a las leyes sobre los autos judicializados y el otorgamiento de licencias de conducir de los municipios, entre otros temas. De todos modos, el punto clave que se espera es la iniciativa que implicará el adelantamiento de la elección provincial.

Algunas voces en la Legislatura ya lo dan por hecho, mientras hay hermetismo en el Centro Cívico, aunque -por lo bajo- no se desmiente la versión. Opositores admiten que escuchan relatos cruzados y apuntan duro contra el Ejecutivo en su demanda de “reglas claras”.

Algunos oficialistas sostienen que la iniciativa ya tendría que haber ingresado. La fecha que suena de convocatoria a las urnas es el 30 de abril o el primer domingo de mayo. “Eso está definido”, confió una espada peronista, al tiempo que sostuvo que la decisión de pegar o no la elección municipal es materia de “un análisis político estratégico” más exhaustivo. 

Por otro lado, no habría buenas señales para los intendentes que militan la re-reelección. “El tema está muy frío”, advierten oficialistas y opositores. El PJ le sigue reclamando a la UCR su cuota de costo político. En su contragolpe, los radicales señalan que “la llave la tiene el peronismo”. “No es tema para nosotros, salvo que el oficialismo presente el proyecto”, subrayan.