Oficializan la prohibición de cortar el servicio de luz por deudas durante la pandemia
Lo hizo a través de la resolución 58/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial. La medida alcanza a Edenor y Edesur.
edenor edesur |
Cedoc Perfil
El Ente Regulador de Electricidad (ENRE) prorrogó oficialmente la prohibición del corte del servicio eléctrico a todos aquellos usuarios de Edenor y Edesur, que registren deudas previas al 28 de febrero, las cuales se hayan originado o agravado durante el tiempo en el que estuvo vigente del aislamiento o el distanciamiento social adoptados como medidas contra la pandemia de coronavirus.
La oficialización de esta medida se llevó a cabo a través de la resolución 58/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que se instruyó a Edenor y Edesur a que "se abstengan de suspender el suministro a aquellas personas usuarias" que tengan deuda originadas por las restricciones adoptadas desde marzo de 2020.
A partir de las diversas instancias con asociaciones de usuarios, las multisectoriales, las cámaras de comercio, los municipios, las organizaciones sociales y entidades como la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, la Intervención del Ente registró "las campañas de intimación de pagos con amenaza de corte de suministro llevadas a cabo por las distribuidoras".
La resolución también estableció que las empresas deberán informar el monto que las usuarios tienen como saldo adeudado, al 31 de diciembre del 2020, y las deudas que se originaron entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, para que dichos montos puedan ser percibidos conforme a las pautas que establezca el Ente.
Del mismo modo, para evitar que los usuarios incurran en nuevas deudas y que puedan abonar los consumos actuales, se instruyó a las concesionarias a que emitan la liquidación de servicio público incluyendo únicamente los importes correspondientes a los consumos del período, la carga impositiva y, si corresponde, las cargas municipales.
Según lo explicó el ENRE, esta decisión busca "velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las personas usuarias". Del mismo modo, tiende a evitar la exclusión de numerosos usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica, "lo cual significaría un agravamiento del perjuicio social producido por la pandemia", concluyó.
