La educación, como toda actividad social, hoy se encuentra en un dilema entre lo que pudo haber sido y lo que es, entre lo que fue antes de la pandemia y lo que puede y debe ser después de ella. Las realidades cambiaron drásticamente y por lo tanto las agendas del Estado y de las instituciones educativas también.
Argentina antes de la emergencia sanitaria actual tenía enormes desigualdades sociales, la pandemia profundizó este estado, pero también expuso otras, como sucede con la brecha digital, tan discutida en este tiempo, por ser las tecnologías la única forma de acceder al información, conocimiento y educación.
Argentina antes de la emergencia sanitaria actual tenía enormes desigualdades sociales,la pandemia profundizó este estado, pero también expuso otras, como sucede con la brecha digital
Los discursos oficiales muestran una caída del PBI y que el aumento de la pobreza está impactando en las posibilidades de acceso a la educación, porque con la gratuidad de la educación pública no alcanza y en el caso de las instituciones educativas privadas, su sostenimiento se ve muy obstaculizado por la drástica caída de las matrículas.
Sean estudiantes de instituciones públicas o privadas, de la educación obligatoria o de la educación superior, las dificultades familiares o personales para sostenerse dentro del sistema educativo ya están siendo verificadas por las autoridades. Por eso, la inclusión debe ser un eje prioritario. Dicho esto, surgen por lo menos tres preguntas: Cómo sostiene al sistema educativo y sus docentes el Estado en todos sus niveles, cómo sostener dentro del sistema al estudiantado y de qué manera incluir a los niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera del sistema educativo.
Este es uno de los desafíos que tienen los gobiernos en todo el mundo, ya que, a partir de la crisis sanitaria, se desencadenaron o profundizaron problemas económicos, restricciones presupuestarias seguidas del drama social que eso genera.
En este contexto es el sistema el que está en riesgo, por eso tantos estudiantes y trabajadores del sistema educativo e instituciones requieren un respaldo para sostener la educación como derecho humano, bien público y social y responsabilidad de los Estados.
De esta crisis, como de tantas otras, saldremos. Por eso es un acierto del gobierno poner en funciones al Consejo Nacional de Calidad de la Educación, previsto en la Ley de Educación Nacional como “órgano de asesoramiento”. Aunque surjan dudas si su elevado número (35 miembros) posibilitará el funcionamiento o si la baja participación de las provincias –verdaderas responsables de la educación inicial, primaria, media y superior- en relación a otros actores, pueda dar legitimidad en sus recomendaciones, para que tengan ejecutividad. Siempre es importante poner a la calidad en debate y adoptar medidas que mejoren la educación en serio.
La calidad es una deuda, que pese a estar prescripta por la ley de educación nacional, fue regularmente incumplida.
La calidad es una deuda, que pese a estar prescripta por la ley de educación nacional, fue regularmente incumplida.
El sistema universitario tiene una vasta experiencia de evaluaciones instituciones y de carreras, que se sostiene en acuerdos generados desde y con el sistema universitario dieron valor a la autoevaluación institucional, a los pares evaluadores, los estándares con multidimensionales para la evaluación y prácticas comunes, las que, entre otras cosas, que han potenciado a las universidades argentinas.
Estas experiencias pueden servir para la construcción de procesos participativos de aseguramiento de la calidad como una herramienta para la mejora de la educación.
Inclusión y calidad educativa van de la mano. La inclusión no basta por sí misma, la educación además debe ser de calidad para garantizar igualdad de oportunidades. Como sociedad debemos brindar la mejor educación, en especial allí donde más se la necesita, de lo contrario se terminan reproduciendo diferencias sociales.
