En el gobierno empezaron a hablar de crisis recién en marzo de este año, cuando el dólar arrancó con la disparada. En realidad, no utilizaron la palabra “crisis” sino alguna de sus variantes eufemísticas, o alguna de esas metáforas climatológicas –“turbulencias”, “tormentas”– que permiten eludir las responsabilidades.
Sin embargo, en la industria del libro, donde no hay por qué recurrir a los ambages, ni a los eufemismos, ni a las metáforas, se habla de crisis desde 2016. Ya por entonces, y dada la caída del mercado interno que empezó a acentuarse en ese segundo semestre beckettiano que nunca llegó, las ventas empezaron a caer, lo mismo que la producción. Así lo dijo en su momento la Cámara Argentina del Libro (CAL) en sus informes, que mostraban que durante el primer año del gobierno de Cambiemos cayó tanto la producción de novedades (un 5%) como el número de ejemplares por tiradas (un 25%) y se produjo, además, una balanza comercial todavía más deficitaria (más de 100 millones de dólares, actualmente), debido a esa apertura de importaciones que no nos trajo, finalmente, la “bibliodiversidad” –recordemos que ese era el argumento de Avelluto– sino lo que se preveía: libros de saldo, el detrito que la industria central arroja a los países periféricos.
Pero a esa situación, y durante ese mismo año, hay que sumarle dos elementos importantes, que resintieron muchísimo la industria editorial. Por un lado, la suspensión de compras de libros de literatura por parte del Ministerio de Educación; por otro, el ajuste que el por entonces Ministerio de Cultura, ahora degradado a Secretaría, empezó a llevar a cabo en la Conabip, que es el organismo estatal que se encarga de brindarles una ayuda económica a las bibliotecas populares para que puedan, entre otras cosas, comprar libros.
Ambos programas, vale aclarar, tenían por objetivo no solo fortalecer las instituciones educativas, en un caso, o las bibliotecas populares, en el otro, sino también reactivar la industria editorial. De hecho, y a pesar de la discrecionalidad con que se manejaron por momentos las compras, podría decirse que buena parte del crecimiento de muchas editoriales durante los últimos años se explica por este tipo de políticas cuyo desfinanciamiento, ahora, se acentúa de un modo radical.
Según el Presupuesto 2019 que se votará en estos días, la Secretaría de Cultura tendrá una partida que tiene un aumento nominal de 9,8% en un contexto donde la inflación proyectada es del 35%. Si tenemos en cuenta que en 2018 el aumento había sido del 17,1% y la inflación, según la mayor parte de las consultoras, incluso aquellas cercanas al oficialismo, rondará el 45%, en estos dos años la pérdida real en Cultura será de más del 50%, lo que sumado a lo que ya se perdió a partir de 2016 (ver gráfico) nos pone en condiciones de afirmar que la cartera que conduce Pablo Avelluto es una de las que recibieron un mayor recorte presupuestario de todo el gobierno de Cambiemos, aun sin contar lo que le vienen quitando en las reasignaciones de partidas presupuestarias. Según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en lo que va del año a la Secretaría le sustrajeron más de 200 millones de pesos. Además, y como sucedió también en los años anteriores, la subejecución presupuestaria es una de las más altas de todo el Gobierno: hasta el mes pasado lo ejecutado apenas superaba el 50%. En PERFIL, vale aclarar, venimos intentando contactar al secretario Avelluto para dialogar sobre algunos de estos temas. El equipo de comunicación de la Secretaría de Cultura, sin embargo, nos dijo que en estos días tiene problemas de agenda, aunque nos prometieron que en las próximas semanas nos dará la entrevista, de modo que vamos a poder preguntarle, entre otras cosas, cuál fue el criterio con que se administraron los recortes, ya que los más considerables –de aprobarse el nuevo Presupuesto– se ejercen en programas muy significativos como el de Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural, el de Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional, y el que mencionábamos antes: el de Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares, que pasa de una partida de 155 millones de pesos en 2018 a 115 millones en 2019, lo que implica un recorte del 25% en términos nominales y de casi el 60% si consideramos la inflación proyectada.
Ahora bien, si a todos estos números y recortes, que hablan de que actualmente no parece haber políticas estatales en torno al libro, le sumamos la reciente megadevaluación de más del 100%, el resultado es que el estado de situación de la industria editorial cambia de categoría: ya no es de crisis sino casi de emergencia. En estos últimos meses el precio del papel, según informa Diana Segovia, gerente de la CAL, aumentó un 55% y se espera que aumente un 12% más durante este mes. A esto hay que sumarle que, con el dólar a cuarenta, la opción de mandar imprimir afuera –muchos lo hacían a China, principalmente– también resulta inviable.
Así las cosas, la mayor parte de los editores independientes con los que dialogamos desde PERFIL informan que están teniendo que reducir drásticamente las novedades que publican y, sobre todo, achicar el número de ejemplares por tirada, como de hecho se viene reflejando en los informes de la CAL, el penúltimo de los cuales indicó que en 2017 en Argentina se produjeron 51 millones de ejemplares: el número más bajo de los últimos quince años, puesto que hay que remontarse hasta 2003 si se quiere encontrar una estadística similar.
El editor de Interzona Guido Indij, a quien consultamos, es uno de los tantos que ha tenido que modificar su plan editorial para este año, y para el próximo. Ultimamente, y ante la posibilidad de un nuevo título, dice que “hay dos temas que te obligan a sopesar la decisión: uno es la incertidumbre de a cuánto estará el dólar cuando tengas que pagar la factura de la imprenta, y dos, una cuestión que resulta ineludible: ¿Tenemos todavía un mercado de lectores que pueda comprar libros cuando el dólar cuesta treinta, cuarenta, cincuenta pesos?”.
La pregunta no parece tener una respuesta muy alentadora, si tenemos en cuenta que recién se están viendo los primeros embates de una recesión que todavía está lejos de haber alcanzado su cota, según afirman incluso los propios funcionarios de Cambiemos.
Por eso, y ante esta coyuntura, muchos editores tomaron como un “cinismo” la carta que les envió el gobierno de María Eugenia Vidal la semana pasada, y a la que nosotros pudimos acceder, cuando la Secretaría de Ciencia de la Provincia de Buenos Aires les pidió que donaran libros para que ellos, a su vez, pudieran donarlos, “como si fueran una ONG y no un Estado”, dice Ricardo Romero, escritor y editor de Aquilina, una de las tantas editoriales que recibieron esa carta firmada por el subsecretario Mateo Niro.
Ahora bien, esta situación de crisis, o de emergencia, alcanzó tal magnitud que el impacto no solo lo están sintiendo los editores medianos o pequeños sino también los grandes, e incluso las empresas multinacionales. El CEO de Planeta para el Cono Sur, Gastón Etchegaray, con quien dialogamos, cuenta que incluso ellos están achicando el plan editorial, reduciendo tiradas y negociando anticipos más bajos con los autores. “Hoy todo el sector está afectado”, dice, y agrega que en su opinión la crisis no empezó con la devaluación. “Esto viene de los últimos dos años y medio, cuando empezó a haber una caída de consumo importante, a raíz de la inflación y los aumentos de tarifas. Venimos con esa historia hace casi dos años y medio y ahora con la devaluación nos pega obviamente mucho más”.
Uno de los elementos que, según él, impactaron negativamente en la editorial es el recorte al que nos referimos antes. “El Estado no ha comprado libros en el último año y medio. Nosotros no participamos en textos, pero sí en libros de lectura complementaria: literatura y demás. Las compras han sido muy pocas”, dice Etchegaray, y agrega que todavía no llegaron a un escenario donde tengan que despedir trabajadores –Planeta tiene más de cien, en Argentina–, pero “hay gente con la que se llegó a algún arreglo de jubilación y demás”, dice. “Nosotros hacemos cosas para mantener toda la estructura de empleados. Pero a veces se hace difícil, en la medida en que la venta no alcanza. Si vos ves los rankings todavía estamos bien posicionados, pero el volumen no compensa. Los más vendidos, los best sellers, han caído estrepitosamente”.
Ante esta situación, el CEO de Planeta, a quien por cierto no cabe sospecharle ningún “kirchnerismo” –lo aclaramos para los argumentadores ad hominem–, dice que tratarán de equilibrar las cuentas a través de la exportación, aunque aclara que “eso no soluciona la caída del mercado interno”, y ese es el camino que también intentarán seguir varios otros editores independientes, entre ellos la editora Adriana Hidalgo, quien en esta coyuntura ve una “oportunidad para la exportación”, pero señala que “el aumento de la retención nos parece una mala idea ya que, a diferencia de otro tipo de bienes, los libros se exportan con plazos de cobranza muy largos (un año y más) y las retenciones acrecientan las dificultades de financiación”.
Recordemos que el gobierno nacional, durante los primeros días de septiembre, decidió poner retenciones del 12% a todas las exportaciones, no sólo a las agropecuarias, y el impacto de esta medida no es menor en las pocas editoriales que pueden exportar y colocar sus libros en otros mercados. “Sería interesante que aquellos que toman las decisiones impositivas tomaran en cuenta la importancia estratégica que históricamente ha tenido la producción editorial argentina, ya que ha sido emblemática en la difusión de nuestra cultura y uno de los pilares de nuestra identidad ante el mundo”, dice Adriana Hidalgo.
Librerías. La situación de las librerías parece incluso más grave que la de las editoriales. Ecequiel Leder Kremer, uno de los dueños de la histórica Librería Hernández y vicepresidente, además, de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), dice que en los últimos meses cerraron diecisiete librerías. En algunos casos, y según pudimos averiguar, el modo de sobrevivir de ese librero que no pudo afrontar los gastos de tener un local, la caída del consumo, es vender libros a través de alguna plataforma de internet, con toda la precariedad laboral que esa modalidad implica; en otros casos, buscan trabajo como empleados en alguna librería más grande.
El problema se agrava si se tiene en cuenta que, cuando la recesión se profundice, alguno de esos dos caminos son los que también tendrán que seguir muchos otros libreros, cuya continuidad ya está seriamente comprometida. “Hoy el negocio de librería, teniendo en cuenta la estrepitosa caída de ventas y el exponencial aumento de los servicios y de todos los costos de gestión, es prácticamente imposible de llevar adelante”, dice Leder Kremer, quien, a pesar de no perder por completo el optimismo –“Las librerías somos resistentes, somos difíciles de borrar del mapa”, dice–, también advierte que esta crisis “de alguna manera nos plantea una perspectiva distinta porque más que una crisis parece consolidarse como un estado de situación: una nueva forma de la economía donde el mercado interno y el comercio minorista ven seriamente dañada su actividad”.
Algo así también opina Gastón Etchegaray, el CEO de Planeta: “La tasa de interés que tenemos hoy hace inviable todo. La industria ha pasado muchas crisis, lo que pasa es que esta crisis se está prolongando mucho, y con un escenario de consumo que no se vislumbra que se recupere”.
Uno de los tantos ejemplos de este derrumbe de la actividad se puede observar en el caso de Eduvim, la Editorial Universitaria de Villa María. Carlos Gazzera, su director, cuenta que en las cinco librerías que tiene la editorial hay una caída de las ventas que llega casi al 33% y augura un futuro todavía peor. “Creo que vamos a llegar a finales del año con una caída de venta acumulada desde diciembre de 2015 a la actualidad, en unidades, de arriba del 45%. No hay librería independiente que lo pueda aguantar. Va a haber un colapso en algún momento”, dice, y su opinión es similar a la de muchos otros libreros con los que dialogamos.
La situación es delicada, y más aún si tenemos en cuenta que cada vez que una librería cierra sus puertas se afecta a toda la cadena del libro: a las editoriales, a las distribuidoras, que cada vez pierden más clientes (sabemos que muchos editores están tratando de reducir costos ocupándose ellos mismos de la distribución de los libros), y por supuesto también a los autores, que ven reducidas sus posibilidades de publicar, y sobre todo si son noveles, porque en épocas de recesión nadie quiere, ni puede, asumir apuestas demasiado riesgosas.
Por eso Carlos Gazzera, quien además fue coordinador, durante ocho años, de la REUN (Red de Editoriales Universitarias), considera que hoy hay que estar muy atentos, sobre todo, al cierre de librerías, y advierte sobre un peligro que podría sobrevenir. “Tenemos una red de librerías muy buenas, pero también la tenía Estados Unidos en la crisis de las hipotecas, en 2008. El cierre de Borders y otras redes de librerías hizo colapsar la industria pequeña y mediana, y la tomaron las grandes”, dice, y plantea que eso puede pasar también en Argentina, aunque en otra escala. “Si bien no hay una cadena de librerías tan grandes como era Borders, acá lo que puede colapsar es la cadena de librerías independientes, lo que podría perjudicar seriamente a los editores que vendemos solo en esas librerías”.
El director de Eduvim cuenta que, en efecto, hay muchos editores independientes, pequeños, que no tienen la posibilidad de ingresar al circuito de pago de grandes cadenas como Yenny, El Ateneo o Cúspide, donde hay que entregar grandes cantidades de libros y las ventas se declaran con “cuentagotas”. “El circuito de un libro está en un año en esas cadenas. Pagan al año. Entonces si vos no sos Planeta, no sos Random House, realmente estás en complicaciones para poder venderles a esas librerías”, dice, e insiste en que esto es lo más peligroso de la situación. “Con el colapso de las librerías se achica el negocio; algunos sellos van a terminar en manos de las multinacionales, cooptadas por el fondo editorial, no por el potencial, y ese es el punto donde tenemos que poner el ojo hoy”.
Lamentablemente, lo que dice Gazzera no pareciera estar muy lejos de cumplirse. Cuando el Estado, y sobre todo en un contexto de recesión profunda, decide retirarse y renunciar a cualquier tipo de intervención que tienda a favorecer o reactivar la industria, lo que prevalece es una lógica darwiniana: sobrevive el más apto, que siempre es el que tiene más capital.
De cualquier modo, lo que todavía genera alguna esperanza es que los libreros, al igual que los editores, no son personas que se rindan con facilidad. “La estamos pasando mal en este momento”, dice Ecequiel Leder Kremer, “pero yo confío en que el canal librero argentino sabrá resistir hasta épocas mejores, en donde el libro y la lectura ocupen un espacio en la agenda del gobierno al igual que el consumo interno, la educación y la salud”.
¿Qué pasa en la CAL? El último informe de la Cámara Argentina del Libro, con datos del primer semestre de este año, debería haber salido en agosto o septiembre, pero se publicó recién en octubre y todavía (al día de hoy, al menos) no está subido a la página.
De todos modos, este año no tiene mucha información: se trata de seis o siete páginas en las que faltan datos importantes como la evolución del comercio exterior, o las novedades según el tipo de editor, es decir, quién o qué entidad (universidades, empresas comerciales, etcétera) publicó cada título. Según una fuente cercana a la Cámara, estas irregularidades estarían relacionadas con que la CAL no quiere levantar mucho la voz porque “saben que en algún momento si esto se revierte se va a hacer por las compras del Estado, y las compras del Estado siempre las han mamado quienes están cerca de la CAL”, nos dijo. Otras personas que están dentro de esta institución nos comentaron, en off, que no se trata de eso sino solo de “inoperancia”.
En cualquier caso (y aclarando que las autoridades de la Cámara niegan estas afirmaciones), hay que decir que resulta al menos llamativo que en el peor semestre en mucho tiempo para la industria el informe sea tan somero y se difunda con tanta demora, o que se suban a la web gacetillas de la Secretaría de Cultura, como esa donde, por ejemplo, se celebra que trece editoriales argentinas fueron a Fráncfort, sin recordar cuántas fueron las que no pudieron viajar debido a la interrupción de los subsidios. Si la “misión” de la Cámara es defender la industria editorial argentina, como lo plantean, quizás deberían preguntarse si no estarían desviándose un poco, o bastante, de ese objetivo.
