A causa del proyecto Agua Rica de explotación minera de la zona de Andalgalá, desde hace semanas la tensión entre mineras canadienses y suizas, el gobierno de Catamarca y grupos asambleístas que se expresan en contra de la megaminería no para de crecer.
Hoy, la Asamblea El Algarrobo, una de las más históricas de Catamarca, denunció la persecución por parte de efectivos policiales de Andalgalá, ciudad catamarqueña ubicada a pocos kilómetros de las explotaciones de Minera Alumbrera y Farallón Negro, que se erige a los pies del megaproyecto minero de Agua Rica, donde se explota cobre, oro y otros minerales derivados.
“Una vez más, Andalgalá vive un día negro en su historia. Este lunes por la mañana, la policía provincial salió a detener masivamente a integrantes de la Asamblea El Algarrobo, luego de involucrarlos en el incendio de las oficinas de la empresa minera Agua Rica que ocurrió el sábado pasado”, emitieron en un comunicado de esta organización que reclama hace 11 años que ponga fin a la explotación minera en la provincia.
“Hoy, con una orden emitida por la Fiscal subrogante Soledad Rodríguez (quien trabajó como abogada activamente para las empresas mineras y fue parte de Camyen) la policía está entrando violentamente en la casa de los asambleístas, golpeando a los compañeros y plantando pruebas a fin de criminalizar a los defensores del agua en Andalgalá”, informaron desde la Asamblea.
Protestas contra la megaminería
En comunicación con PERFIL, Rosa Farías, vecina de la Asamblea El Algarrobo explicó que “hace 584 sábados que marchan de manera pacífica en rechazo a la megaminería en la zona y en defensa del río Andalgalá. Pero el sábado pasado, durante la caminata habitual, de pronto, un grupo desconocido tiró una bomba molotov, al edificio de la minera Yamana Gold”.
“En Catamarca ya funciona, desde hace diez años, la explotación más grande, a cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses. Pero es ilegal ya que, debido al amparo del 2016, dictado por la Corte Suprema provincial, y la ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta de Andalgalá y prohíbe proyectos de megaminería en las nacientes de nuestros ríos, de donde nosotros tomamos agua. El primer pueblo está a 9 km. que es Potrero. Pero el año pasado, gracias al lobby minero, la declararon insconstitucional y la dieron de baja”, cuenta Farías.
"Las mineras están instaladas en la zona desde hace 20 años cuando arribó Bajo La Alumbrera. Desde entonces, se han registrado al menos cuatro roturas del caño de 300 kilómetros del mineraloducto", afirman los asambleístas.
Vínculo societario de multinacionales mineras
“Es todo un entramado complejo, ya que el vínculo societario que se mantiene con las multinacionales mineras es mediante Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que es dueña de los derechos de explotación de Bajo La Alumbrera, que está conformada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional.
Según su ley de creación, debe repartir sus ganancias entre Catamarca (60%), UNT (20%) y el resto de las universidades nacionales (20%)”, asegura Farías.
