En el marco del debate entre la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, científicos y profesionales especializados en temas ambientales respecto de los impactos que genera la megaminería como actividad, tema que volvió a ponerse en agenda luego de las sucesivas movilizaciones que tuvieron lugar en la provincia de Chubut y de la viralización del video del diputado pedía "cien lucas" para hacer lobby minero, la pregunta es de qué consta el “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, iniciativa que busca diseñar una estrategia compartida para la minería de los próximos 30 años, con objetivos concretos hasta el 2023.
A finales de julio de este 2020, se llevó a cabo la primera reunión que tuvo como resultado un documento base que incluyó dos puntos centrales para la elaboración del plan: el primero, la conformación de una Mesa Nacional de Notables integrada por personas pertenecientes a organismos gubernamentales nacionales y provinciales, instituciones científicas, sindicatos, empresas y gremiales empresarias, académicos, profesionales, organizaciones de la sociedad civil y religiosas, entre otros, con el fin de aportar miradas en el desarrollo de la visión compartida.
El segundo se trata del nuevo rol de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, organizada para promover y articular el desarrollo económico regional, el incremento de ingresos fiscales por exportación, la preservación y el uso racional de los recursos naturales, entre otras, buscando la simplificación de procesos y flexibilidad para la competitividad del sector.
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Recién a comienzos de octubre, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encabezó el lanzamiento de la Mesa Nacional del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, un espacio cuyo fin será facilitar la construcción de una propuesta de visión compartida para el desarrollo de la actividad minera en Argentina, a través de un proceso de diálogo amplio y plural, según se dijo en la presentación.
En este sentido, durante la jornada realizada en octubre, donde participaron más de una decena de gobernadores y otras autoridades provinciales, representantes gremiales y empresarios, académicos, entre otros, el ministro de Desarrollo Productivo detalló que para la elaboración del plan se llevarán adelante veinte jornadas de trabajo en las que se recogerán los distintos aportes con el objetivo de lograr una estrategia de “minería inclusiva y sostenible, que capte inversiones y genere divisas”.
¿Y la diversidad de voces? Según afirmó el propio Alberto Hensel, actual secretario de Minería, la mesa estuvo conformada por más de 300 representantes para que todos los sectores puedan brindar su mirada y definir qué rol tiene que tener la actividad en el desarrollo del país.
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Sin embargo, la conformación de la Mesa Nacional recibió diversas críticas. Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación, Ambiente y Recursos Naturales (FARN), le señaló al medio chequeado.com que “todos los integrantes de la mesa promueven la minería, no hay voces disidentes. Va a ser una decisión con una mirada homogénea y cerrada en una actividad que es altamente criticada”. Por su parte, Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), aseguró al mismo medio que los integrantes de ese espacio “son representantes de las grandes empresas metalíferas”.
La minería desde la perspectiva social
Con respecto a este punto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, afirmó en su momento: “quiero destacar la iniciativa de mirar a la minería a largo plazo y su articulación contemplando la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Una mirada transversal que está atravesada por la discusión de la licencia social. Es importante la ciencia en el debate, un compromiso que desde el Ministerio asumiremos para que se lleve adelante con la mayor transparencia, dejando de lado posiciones extremas”.
Por su parte, Kulfas señaló la necesidad de “una minería sustentable, con cuidado ambiental mediante la incorporación de las mejores tecnologías y con un Estado presente en la fiscalización” a la vez que agregó: “no hay dicotomía entre producción y medio ambiente, aunque se plantean discusiones polarizadas y se abre la famosa grieta, que es uno de los obstáculos para el desarrollo a largo plazo, y aparece gente que impugna la actividad minera desde clichés y falta de conocimientos científicos”.
En contra. Los argumentos de diversos sectores que se pronuncian en contra del avance de esta actividad sostienen sus posturas con datos científicos y ejemplos claros de los impactos socioambientales que la megaminería ha tenido, sobre todo, en la última década.
En los últimos años, grupos de vecinas y vecinos autoconvocados, asambleas, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil se han movilizado a lo largo del país con el fin de frenar el avance de proyectos mineros. Entre los casos emblemáticos se incluyen el de Veladero en San Juan y Famatina en la provincia de La Rioja, entre muchos otros. El más actual es el de Chubut, territorio de históricas luchas como el plebiscito del año 2003 contra la Meridian Gold, así como el impedimento de la derogación de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción de minera.
El nuevo conflicto surge luego de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara, en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero, el proyecto de rezonificación que pretende habilitar la explotación minera a cielo abierto en el 70% del territorio de la provincia.
Por si fuera poco, en medio de un tenso clima social en la provincia, en los últimos días comenzaron a circular audios y videos que ponen sobre la mesa la corrupción y el lobby minero en torno al avance de esta actividad. Tal fue el caso del audio de la legisladora Leila Lloyd Jones, en el que acusa a varios de sus pares de recibir la suma de 10 millones de pesos para que se aprobara el proyecto de Arcioni. A la vez, se sumó casi en simultáneo la filtración de un video cuyo protagonista fue el diputado provincial Sebastián López pidiendo “cien lucas” para hacer lobby en favor de una empresa minera.
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En el marco de todo lo mencionado, no está de más señalar que el pasado 30 de septiembre se cumplió una década desde la sanción de la Ley 26.639 de presupuesto mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial. Pese a la existencia de la misma, aún 10 años después, persisten las presiones del sector minero para modificar las normas provinciales sancionadas para proteger esos ecosistemas.
Lo que está claro es que este plan estratégico, bajo ningún punto de vista debe actuar como fachada para finalmente flexibilizar la normativa vigente. En este sentido, las palabras de Pia Marchegiani sobre la falta de voces disidentes remarcan la visión que, por ahora, estaría gestando el plan.
Mucho se ha dicho de plantear estrategias para que la minería no sea tan destructiva pero poco se ha hecho al respecto. Inclusive, hemos llegado a tener en nuestro país 3 derrames de cianuro en un mismo año por la misma empresa minera. En el marco de la evidente necesidad del ingreso de divisas al país, es sumamente necesario tener un debate profundo sobre el horizonte de desarrollo que buscamos. Necesitamos apuntar nuestros esfuerzos hacia un desarrollo en verdad sostenible que cuente con la participación de todos los sectores involucrados y que bajo ningún punto de vista comprometa los recursos de las generaciones presentes y futuras para favorecer a un sector minoritario de la sociedad.
CP
