Luego de que en diciembre la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunciara penalmente por envenenamiento y adulteración a la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S. A. (Comarsa), responsable de gestionar los residuos de Vaca Muerta en la Patagonia, el legislador neuquino Andrés Blanco (FIT) hizo un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Subsecretaría de Ambiente provincial para confirmar lo que vecinos y organizaciones venían denunciando desde hace años.
Como resultado, Blanco recibió 1.184 fojas con las actas de inspección realizadas por los técnicos del organismo entre 2013 y 2021, cuyo análisis fue dado a conocer el miércoles pasado en audiencia pública a través de un informe elaborado por el Observatorio Petrolero Sur, el Taller Ecologista de Rosario y La Izquierda Diario.
Según denunciaron, “Provincia, Nación y municipios tuvieron conocimiento de los graves hechos ocurridos en las plantas de tratamiento que Comarsa posee en la ciudad de Neuquén y Añelo. En lugar de tomar medidas para impedirlos, los funcionarios (Jorge Lara, Ricardo Esquivel y Juan de Dios Lucchelli, entre otros) facilitaron el accionar de la compañía, a la que se señala por ocupación ilegal de terrenos fiscales, tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información”.
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Sanciones previas a Comarsa
En 2017, “Comarsa fue sancionada por infracciones a la ley marco ambiental de Neuquén, pero las multas -que suman $ 4.614.148- jamás fueron abonadas. Si la Secretaría de Ambiente hiciera uso de la ley que impone un monto adicional del 10 % por cada día de mora, la cifra ascendería a $ 564.682.409 a marzo de 2021”. Por su parte, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas calcula el pasivo ambiental de Comarsa en 5.000 millones de pesos.
En diálogo con Perfil, Fernando Cabrera, coordinador del Observatorio Petrolero Sur y coautor del informe, declaró: “Lo novedoso es que hoy tenemos acceso a cómo los inspectores de la Subsecretaría de Ambiente, acompañados de inspectores municipales y de la Nación, dan cuenta de una serie de irregularidades e incumplimientos de ciertas normativas básicas por parte de Comarsa”.
Según Cabrera, esto corrobora lo que la comunidad venía denunciando desde 2013: “Los vecinos veían que un horno quemaba mal y salía humo negro, avisaban a un teléfono de advertencia de la Subsecretaría, que mandaba a sus inspectores, y estos se encontraban con que un horno, cuyo uso estaba prohibido, se encontraba prendido. Nosotros lo decíamos, pero ahora es el propio Estado el que se encuentra con eso, y correlativamente no tomando medidas”.
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Las empresas petroleras, en la mira
El especialista habla de “connivencia estatal”, pero también apunta contra las corporaciones petroleras que contratan los servicios de la empresa: “YPF, Chevron, Shell, Exxon, Pluspetrol, Panamerican son, según la legislación argentina, las responsables de los residuos peligrosos que generan, por lo que son corresponsables de lo que Comarsa hubiera hecho mal”.
“Desde Shell Argentina buscamos mitigar los impactos potenciales de nuestras actividades en acuerdo con nuestros estándares medioambientales y en cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes”, señaló en dialogo con PERFIL Verónica Staniscia, gerente de Relaciones Externas de Shell. “Para eso, llevamos adelante medidas de pre-tratamiento de secado de recortes de perforación en locación y trabajamos con nuestros contratistas para mejorar su performance ambiental”.
Respecto a las responsabilidades de Comarsa, agregó: “Como contratista para el tratamiento y disposición de residuos en la provincia del Neuquén, Comarsa está certificada por las autoridades correspondientes. Celebramos toda iniciativa que ayude a seguir mejorando la performance ambiental de nuestros contratistas”.
Consultado por PERFIL, Rafael Colombo, de la Asociación de Abogados Ambientalistas y autor de la denuncia penal, indicó que el informe elaborado a partir de las actas de inspección “es decisivo”.
Según el letrado, “el informe ratifica los hechos denunciados en 2020 en relación a las responsabilidades tanto de Comarsa como de los funcionarios públicos de la provincia de Neuquén y la Municipalidad de Neuquén”, y aseguró que, tras la acusación, las autoridades se ocultaron “en el más hermético de los silencios”.
Colombo adelantó a Perfil el nuevo rumbo de la denuncia penal contra Comarsa: “Vamos a hacer una ampliación solicitando que se incorpore el informe presentado y las respuestas oficiales en las que está basado, junto con un encuadramiento jurídico-penal a los fines de fortalecer el rumbo de la investigación y las hipótesis de responsabilidad sobre Comarsa y los funcionarios públicos que por acción u omisión permitieron que todo esto ocurra y siga ocurriendo”. A Comarsa “se le está pagando por una actividad que no realiza”, agregó.
Por su parte, el diputado neuquino Andrés Blanco, quien presentó el pedido de informes, apuntó contra las autoridades legislativas: “En 2019 no funcionó en ninguna oportunidad la Comisión de Ambiente de la Legislatura”. Según el dirigente, “hubo derrames importantes en equipos petroleros, dos incendios y un trabajador petrolero que falleció, pero incluso en ese contexto la Comisión de Ambiente no funcionó. Entendemos que fue para garantizar ese marco de impunidad en el tratamiento de temas tan sensibles como este, que trascendieron en la opinión pública”.
Respecto a la presentación del informe, Blanco declaró a Perfil: “Yo invité a todos los legisladores a la audiencia pública para dar alguna explicación o incluso para decir que no estaban en conocimiento, pero no hubo ninguna repercusión en el ámbito de los legisladores. Vamos a presentar un pedido de interpelación al subsecretario de Ambiente de la provincia. Ahí vamos a ver las voluntades políticas un poco más claras”.
Desde Perfil tratamos de contactarnos con Comarsa y con funcionarios de Ambiente de Neuquén, pero al cierre de este artículo no conseguimos su testimonio. Hoy sesionará la Legislatura de Neuquén. El diputado Andrés Blanco indicó que en ella solicitará que el tema obtenga “tratamiento con preferencia”.