Desde que Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, el 25 de septiembre pasado, faltaba un país para que el Acuerdo entre en vigor. Se pensó que podrían ser Chile o Perú. Pero sus negativas generaron una gran decepción a nivel internacional. Sin embargo, este jueves 5 llegó la noticia tan esperada por los sectores ambientales: el Senado mexicano lo aprobó por unanimidad.
Este instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, entrará en vigor en los próximos 90 días.
El Acuerdo involucra a los 33 países que integran América Latina y el Caribe. Y para que efectivamente entre en vigencia, se necesita que al menos 11 lo ratifiquen. Por ahora, lo hicieron nueve: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
‘‘El Acuerdo de Escazú puede ser un gran paso para la democracia ambiental’’
¿Cuáles son las claves del proyecto?
- Acceder a la información ambiental.
- Participación ciudadana en las tomas de decisiones ambientales
- Acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
- Protección de defensores ambientales.
Latinoamérica ocupa el primer lugar en todos los niveles de riesgo para las personas que desean proteger el ambiente —según la ONG Global Witness, solo en 2018 fueron asesinados más de 80 líderes socioambientales.
La representante del acuerdo en Argentina para difundir el Convenio de Escazú y apoyar su ratificación, Nicole Becker, le dijo a PERFIL: “La ratificación del Acuerdo de Escazu es un gran avance para la región. Hay que seguir presionando para que más países lo ratifiquen y sobre todo poner la energía en que sea efectiva su implementación”.
Además, agregó: “el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Busca establecer estándares mínimos para los países de América Latina y el Caribe en materia de derechos de acceso. Según el Principio 10 de la Cumbre de la Tierra de 1992, en el cual se fundamenta el Acuerdo, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos. Basándose en este principio el acuerdo busca garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, a la participación y a la justicia”.
