Pese a que la deforestación no fue catalogada como actividad esencial durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19, según monitoreos satelitales, desde que comenzó la cuarentena, se deforestaron más de 21 mil hectáreas de bosques. De hecho, durante el primer semestre de 2020 se deforestaron unas 38.852 hectáreas, alrededor de dos mil hectáreas más que durante el mismo período en 2019.
La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331), aprobada en 2007 y reglamentada en 2009 por el Poder Ejecutivo, establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos y determina diferentes categorías para los posibles usos de las tierras boscosas. Así, las áreas clasificadas como Categoría I (rojo), corresponden a sectores de "muy alto valor de conservación" que "no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre"; mientras que los de la Categoria II (amarillo) tienen un "alto o medio valor de conservación" y pueden ser degradados pero "no pueden desmontarse".
Pese a la sanción de esta normativa, sólo en 2018, casi el 40% de la deforestación ocurrió en zonas “protegidas” (zonas rojas y amarillas). Esto pone de manifiesto que gran parte de las mencionadas pérdidas corresponden a deforestación ilegal, actividad que se ve favorecida por los bajos niveles de control y fiscalización, y las insuficientes sanciones por parte de las autoridades estatales.
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En este contexto, la semana pasada la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre la deforestación en Argentina con la participación de organizaciones ambientales, sociales y científicas. Al comienzo del encuentro, el titular de la Comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), denunció el “avance del desmonte en plena cuarentena”.
Por su parte, Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, explicó que el 80% de la deforestación del país se concentra en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, y añadió que “a pesar de la Ley de Bosques, sigue habiendo desmontes ilegales”, para recordar luego “el valor que tienen los bosques en términos de biodiversidad, clima, alimentación y medicina”. También aseguró que “hemos perdido ocho millones de hectáreas en tan sólo tres décadas”.
Las causas. Las principales causas asociadas a la deforestación en la Argentina son el avance de la frontera agropecuaria (reconversión del suelo con fines ganaderos, agrícolas o como plantaciones forestales industriales) y, en menor medida, la urbanización, los incendios, las obras de infraestructura y la minería. Respecto a la primera de las causas mencionadas, el modelo agroexportador nacional se considera el pilar fundamental para el crecimiento de la economía ya que el territorio argentino posee grandes extensiones de tierra fértil y condiciones climáticas favorables. Sin embargo, no se estarían considerando las implicancias ambientales, sociales y económicas que conlleva el avance de este modelo productivo: el uso constante de agroquímicos y monocultivos degrada los suelos dejándolos inutilizables durante años; esto, a su vez, genera la necesidad de hacerse de nuevas tierras para continuar con la actividad. He aquí el quid de la cuestión.
Los impactos. Más allá de la perspectiva económica y social, los bosques albergan al 80 % de la biodiversidad terrestre mundial según la FAO, y son los mayores depósitos de carbono del mundo después de los océanos. Además, son biomas que funcionan como conservadores del suelo y reguladores hídricos, ya que absorben el agua de lluvia y la vuelven a liberar a la atmósfera progresivamente a través de la transpiración. Por tanto, tienen un rol fundamental en el ciclo del agua y en el mantenimiento de las fuentes y caudales. Dicho de otro modo, los bosques previenen tanto inundaciones como sequías. En línea con lo mencionado, un estudio del INTA demuestra que una hectárea de bosque absorbe 300 mm de agua de lluvia, mientras que una hectárea de pastura para ganado absorbe 100 mm y una hectárea de soja absorbe nada más que 30 mm. Por lo tanto, podría decirse que mientras más desmontes, más inundaciones.
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La quema de bosques, por su parte, genera otros impactos como la liberación de gases de efecto invernadero (GEI). En este caso, además, la región afectada pierde su capacidad diaria de absorción de gases, agravando aún más los efectos de la crisis climática.
Los desmontes también atentan contra los derechos humanos de miles de comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos ecosistemas para vivir y que son legítimos protectores de los bosques: “las familias campesinas están en lucha en el marco de la pandemia: defendimos y sacamos las máquinas y las topadoras que han querido destruir el monte. Es el lugar de nuestra vida y nuestra producción, sana y agroecológica”, remarcó Silvina del Carmen Santillán, integrante del pueblo indígena de Lule Videla y del Movimiento Campesino de Santiago del Estero durante la reunión de la Comisión de Recursos Naturales.
Posiblemente, el bosque argentino es el patrimonio natural más importante del país, pero también el más amenazado y depredado. Comprendiendo que los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta, son hogar y sustento de miles de comunidades indígenas y campesinas, mantienen la conservación de los suelos y cumplen un rol esencial en la regulación hídrica y climática, no hay justificación válida para permitir su destrucción.
CP
