La energía, es un recurso básico, fundamental y crítico para el desarrollo de cualquier sociedad. No obstante, en la actualidad, la industria energética es el sector económico con mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI), tanto a nivel mundial como en la Argentina. En este contexto, más del 80% de la matriz energética argentina depende de combustibles fósiles, como es el caso del petróleo y el gas de Vaca Muerta, y la explotación de este tipo de recursos está directamente asociada al incremento en la emisión de GEI.
Entonces, ¿cuestionar a Vaca Muerta es en verdad ir en contra del desarrollo del país? Es cierto que necesitamos energía para todo lo que hacemos día a día, pero en los tiempos actuales, la discusión debería darse en términos de cómo la obtendremos o, por lo menos, hasta cuándo seguiremos dependiendo de fuentes no renovables.
Vaca Muerta, un negocio poco rentable
Vaca muerta es una formación geológica de unos 35 mil kilómetros cuadrados ubicada en Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa que, por sus grandes reservorios de petróleo y gas no convencionales, despertó gran interés por parte del gobierno y el sector privado. Por tratarse de recursos no convencionales, solamente pueden ser extraídos mediante fractura hidráulica o fracking.
Además, se trata de la reserva de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina y también es, a nivel mundial, la segunda reserva más grande de gas y la cuarta de petróleo no convencional.
Si a todo lo anterior se le agregan las facilidades fiscales e impositivas de invertir allí, pareciera ser que se trata de un negocio sumamente rentable. Sin embargo, todavía no se han visto los resultados proyectados. En este contexto, durante los primeros meses de la pandemia el proyecto pareció llegar a un punto crítico en el cual continuar con la inversión no sería viable. De hecho, analistas internacionales lo llamaron “una de las explotaciones fósiles económicamente más vulnerables del mundo”. Aún así, el apoyo hacia el mismo por parte del gobierno y el sector privado no desapareció, todo lo contrario.
Al respecto, la organización FARN afirma que “en el “negocio” de los hidrocarburos, salimos siempre perdiendo. A las empresas corresponden los subsidios; al país, los riesgos y el aumento de gases de efecto invernadero. Solo con apoyo del Gobierno se logra captar inversiones y mantener la extracción”.
En esta línea, cabe resaltar que Vaca Muerta se financia con subsidios estatales. En 2019, por ejemplo, los subsidios a los combustibles fósiles representaron el 5% del presupuesto nacional y las transferencias a empresas hidrocarburíferas fueron el equivalente a 15 millones de Asignaciones Universales por Hijo. Inclusive, en el impuesto a las grandes fortunas aprobado el año pasado para ayudar a financiar la emergencia sanitaria, uno de cada cuatro pesos recaudados iría a subsidios de combustibles fósiles. En otras palabras, se destinará más plata a la exploración gas que a la compra de insumos médicos para la gestión de la pandemia.
Esto tendría lógica en todo caso si las regalías recibidas por el estado superaran los subsidios entregados, cosa que no sucedió. La conclusión deviene en que estamos perdiendo plata.
Y hasta aquí solo se hizo un análisis de la variable económica. Si incluimos además otras variables socioambientales a parte de la mencionada emisión de GEI, podemos agregar que, en primer lugar, Vaca Muerta necesita de una gran cantidad de agua dulce para la extracción de los combustibles; sin embargo, está ubicada en una zona con problemas de sequía. En segundo lugar, los aditivos químicos que se utilizan en el fracking, como el metanol y el ácido clorhídrico, son nocivos para la salud humana y los ecosistemas; por eso, la normativa indica que el agua utilizada debe ser tratada, gestionada y dispuesta adecuadamente, cosa que no siempre sucede.
¿Todo lo expuesto no amerita mínimamente analizar las alternativas actuales a un proyecto que evidentemente resulta poco rentable, ambientalmente destructivo, que refuerza la dependencia económica a recursos no renovables, y que agrava la crisis climática y ecológica que estamos atravesando?
Hacia las energías renovables. Según FARN, la crisis que atraviesa el país actualmente podría resultar en una flexibilización de la normativa ambiental con el objetivo de mantener la actividad y evitar así un mayor impacto en el empleo y el consumo. Pero, ciertamente, podríamos también tomar el momento actual como una oportunidad para avanzar hacia una transición energética más sostenible y basada en energías renovables pues, afortunadamente, tenemos mucho potencial para hacerlo: la Patagonia es uno de los mejores lugares del mundo para producir energía eólica y el Norte Argentino es de los mejores 5 lugares para producir energía solar. No está de más aclarar que esto generaría miles de puestos de trabajo en diversas regiones. ¿Por qué no pensar en redirigir los subsidios a combustibles fósiles hacia mejoras en infraestructura, distribución y almacenamiento de energía renovable?
Tomando en consideración que la tendencia mundial apunta hacia la descarbonización, es fundamental reflexionar y prepararnos para el futuro. Para tal fin, será clave que el Estado proporcione incentivos para que las provincias que hoy dependen de las regalías asociadas a los combustibles fósiles apunten a la diversificación energética y la reconversión laboral.
Todo lo expuesto posiciona a los tomadores de decisiones en un desafío que es cada vez más necesario resolver: combinar las necesidades relacionadas con la economía del país, la seguridad de abastecimiento y la asequibilidad de la energía, con la inminente tendencia mundial a transicionar hacia una matriz energética más limpia y a un consumo más eficiente. Hasta que eso suceda, desde nuestro lugar deberemos continuar apoyando este pedido y, a la vez, procurar volvernos consumidores cada vez más responsables de la energía que llega a nuestros hogares, siendo plenamente conscientes de los impactos asociados que tiene.
