La noticia del cierre del primer semestre con un déficit financiero de 1.734 millones de pesos marcará el inicio y desarrollo de las discusiones entre el Gobierno, las provincias y los distintos sectores económicos en el marco del publicitado diálogo.
Sería difícil para la Casa Rosada encontrar una combinación más desfavorable: un gobierno políticamente débil, después de una derrota electoral con quince puntos porcentuales de retroceso en menos de dos años, deberá enfrentar sin recursos las demandas sectoriales que en conjunto, de ser atendidas, representan decenas de miles de millones de pesos.
Para tener una dimensión de la catástrofe fiscal que Carlos Fernández le dejó de herencia a Amado Boudou, la diferencia entre el superávit financiero del primer semestre de 2008 y el déficit del mismo período del presente año fue de 15.119 millones de pesos. Como señaló un economista, el tándem Kirchner-Moreno (verdaderos conductores de la política económica del Gobierno) se limitó a cambiar al gerente de Relaciones Institucionales del Palacio de Hacienda. En su primera conferencia de prensa, Boudou perseveró en la línea oficial de presentar como buenas las malas noticias y destacó que el superávit primario fue de 909,7 millones de pesos. La cifra esconde una caída del 65,6 por ciento y, también, la realidad que todos los secretarios de Hacienda que en vida han sido se encargaron de disimular. Computar el resultado fiscal como si los pagos de intereses de la deuda no hubieran existido (en definitiva, eso es el resultado primario) es tan ilusorio como presentar como despejado al cielo si no se tienen en cuenta las nubes. Con el agravante que, en medio de la puja distributiva que se avecina, la lluvia no será pasajera.
Más allá de las puestas en escena de las reuniones y sectores convocados y no convocados, lo que se avecina se asemeja a la peor de las pesadillas que Boudou y Pezoa sospecharon tener, con reclamos de aumentos salariales, rebaja de retenciones, reintegros atrasados, mejoras en la Coparticipación y hasta suspensión de cobros de impuestos nacionales y provinciales para afrontar los perjuicios económicos de la Gripe A. Todos los pedidos tienen su debida justificación, pero la caja ya no es la de antes. Y lo que es peor, los gobernadores y la dirigencia sectorial viene dando muestras de haber perdido el temor reverencial a un kirchnerismo que viene entregando jirones de poder de manera inversamente proporcional.
Por si fuera poco, las disputas internas en la CGT prometen una carrera entre "moyanistas" y "gordos" para encontrar una mejor posición de cara a una eventual renovación de autoridades. Carrera en la que la moderación en los reclamos salariales no es lo más recomendable para resultar victorioso. Con un aditamento para la Nación y las provincias: los dos gremios estatales con representación nacional (ATE en la CTA y UPCN con los "gordos") no responden a la conducción cegetista. Un coctel en el que deben terciar los gobernadores, que a su vez empiezan a levantar la voz en sus pedidos de una mayor coparticipación.
En esta negociación, las provincias juegan un papel similar al de los consorcistas en las paritarias de porteros, ya que no participan de las discusiones ni deciden los porcentajes de aumento, pero a la postre son las que deben pagarlos mes a mes. Pero si en los edificios el problema puede resolverse con una suba de las expensas, los gobernadores están sometidos a una distribución de la coparticipación que desde hace más de un año crece a un nivel inferior al de la inflación, variable que los trabajadores tienen en primer lugar para discutir las recomposiciones salariales. A grandes rasgos, el esquema de debate salarial en el sector público se repite año tras año con la siguiente característica básica: el Estado nacional fija la pauta salarial, pero son los provinciales los que deberán hacer frente a las erogaciones, toda vez que desde hace tres décadas son responsables de la mayor parte de los servicios de Salud y Educación. Para expresarlo con la claridad de los números: por la diferente participación de las remuneraciones en el presupuesto total, a las provincias el pago de aumentos salariales le representa un esfuerzo hasta cuatro veces mayor que a la Nación.
La tensión que genera este desfase jurisdiccional entre recaudación y gasto causó más de un problema en tiempos de bonanza (el ex ministro de Economía bonaerense Gerardo Otero puede dar fe de ello) y con más razón representará muchas complicaciones en situaciones como la actual, en la que se prevé que por lo menos veinte de los veinticuatro distritos concluirán 2009 con déficit (incluso primario), algunos hasta con dudas acerca de la continuidad de sus autoridades.
Resulta paradójico que el principal problema pase por protagonistas que no forman parte del Consejo Económico y Social, como son los gobernadores. Pero en tiempos de déficit fiscal, disimulado cada vez con menos elegancia, las finanzas provinciales afectarán de lleno al resultado consolidado. En cuanto a los que sí tendrán una silla en el Consejo, las demandas ya señaladas no son menores. En el frente rural, una eventual rebaja en las retenciones al trigo no tendrá un efecto significativo por razones más matemáticas que económicas: cualquier porcentaje de cero, da por resultado cero. No es lo mismo en el caso de la soja y el girasol, con miles de millones de dólares en danza. En el caso de los reintegros a los exportadores industriales, los reclamos rondan los 1.500 millones de pesos de retrasos en los pagos en lo que va del año. Y si se hiciera caso al pedido de postergar el pago de impuestos de los comercios mientras dure la gripe A, el problema ya no será el déficit sino directamente la imposibilidad de hacer frente a las erogaciones más elementales.
Boudou y Pezoa hacen las cuentas conscientes de que los tiempos de la caja generosa han quedado en el recuerdo. Y que, más allá de las consideraciones políticas, desde el antipático rol de responsables de la hacienda pública no les queda más remedio que reforzar el cierre de los bolsillos con doble costura.
(*) Agencia DYN
