La reactivación económica de la Argentina exhibe una marcada asimetría sectorial. Mientras los proyectos vinculados a la energía, la minería y el agro absorben el grueso de los flujos de inversión privada bajo los beneficios fiscales del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los sectores mercadointernistas —con la construcción a la cabeza— enfrentan una parálisis estructural por la ausencia de financiamiento de largo plazo. Sin expectativas del famoso “derrame”, el establishment financiero y corporativo comenzó a posar su mirada sobre el mayor inversor institucional del país: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
La propuesta cobró centralidad en el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El economista y exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, expuso la necesidad de utilizar los recursos del fondo previsional para revertir la dualidad de una macroeconomía que se mueve "a dos velocidades".
“Hay que pensar en el FGS, que tiene plata y es una pena que hoy no haga nada, se la pasa mirando. El Gobierno sabe que está pero por ahora no tiene la voluntad de usarlo”, expresó Kiguel, y aseguró que la reticencia oficial responde a razones ideológicas: en el oficialismo “creen que el Estado no tiene que estar presente” con intervenciones directas en el mercado de crédito.
El interés del sector privado por apalancarse en la caja de la ANSES tiene fundamentos técnicos. La banca comercial privada local carece de la profundidad y de los plazos necesarios para absorber el riesgo de obras de infraestructura a gran escala debido a sus propios límites normativos de exposición y descalce de plazos. El FGS, por el contrario, posee el horizonte temporal para estructurar el fondeo a través de fideicomisos financieros u obligaciones negociables (ON).
La presión del mercado: hipotecas UVA y plata para infraestructura
Por el lado de los bancos privados, ven una oportunidad para revitalizar el mercado del crédito hipotecario. Fuentes de la banca comercial aseguran que la estabilidad relativa que exhiben los contratos indexados por UVA —cuyas cuotas hoy compiten contra los valores de los alquileres tradicionales— representa el argumento para generar instrumentos de inversión de largo plazo que capte el FGS.
Desde las filas de las propias compañías en las que el Estado tiene participación accionaria a través del fondo previsional, advierten en off the record que estos recursos líquidos deberían direccionarse a los proyectos de infraestructura donde el sector privado ya está avanzando, tales como el desarrollo de redes de transporte para los consorcios de energía en el área de los hidrocarburos no convencionales.
Quienes defienden la intervención contracíclica del fondo recuerdan que la historia macroeconómica argentina reciente convalida esta operatoria. Durante etapas previas de estrés financiero, el FGS funcionó como el principal vehículo de financiamiento de grandes obras energéticas, tales como la central nuclear Atucha 2 y las centrales térmicas Ensenada de Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano y Timbúes, además de proyectos viales e hídricos estructurados mediante fideicomisos públicos.
Cepo y tasas: las trabas que ve el sector privado para crecer aún con la macro ordenada
Consultado sobre la viabilidad técnica de estas alternativas, el exdirector del FGS, Santiago López Alfaro, convalidó la propuesta del mercado de securitizar carteras de crédito para dinamizar la actividad inmobiliaria y de la construcción. “El FGS puede perfectamente comprar instrumentos securitizados de créditos hipotecarios con oferta pública y calificación. Está dentro de lo que puede comprar el fondo tranquilamente. Cualquier título que tenga oferta pública y la calificación correspondiente puede ser comprado por el FGS, sea un bono corporativo, un fideicomiso o un fondo”, afirmó López Alfaro.
Bajo la óptica de los operadores del mercado de capitales, con un tamaño patrimonial que orbita los USD 75.000 millones, la adquisición de paquetes de créditos hipotecarios securitizados no generaría ninguna distorsión de liquidez para el organismo y aportaría un flujo de retornos reales sustentables en el tiempo, cumpliendo con el doble propósito de resguardar el valor del fondo previsional y reabrir el grifo del financiamiento para la economía real.
El cerrojo político y legal que blinda la cartera
La posibilidad de volcar estos recursos al mercado local también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el destino y la intangibilidad de esos fondos. En su versión original, la Ley Bases pretendía autorizar al Poder Ejecutivo a liquidar los activos del FGS —un millonario paquete de acciones de empresas privadas— para transferir esos recursos directamente al Tesoro Nacional. Este es uno de los deseos más grandes de las empresas que tienen al Estado como accionista, y su retirada puede significar tanto que los activos crezcan en valor como sacar directores del Ejecutivo en sus mesas de decisión.
Sin embargo, la medida generó una fuerte resistencia entre los gobernadores y los bloques opositores, quienes advirtieron que esto desfinanciaría el respaldo del sistema jubilatorio.
Para destrabar el proyecto en el Congreso, el oficialismo se vio obligado a ceder y eliminó por completo este capítulo. Con esta exclusión, el Gobierno mantiene las manos atadas para disponer de esa cartera con fines fiscales: al fracasar la reforma, sigue vigente la Ley 27.574 sancionada en 2020, que actúa como un auténtico cerrojo que blinda el fondo, ya que exige el aval de una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para autorizar cualquier venta de las acciones.
La metamorfosis del portafolio: liquidez récord y repliegue productivo
Los estados financieros del fondo reflejan un crecimiento patrimonial, impulsado por la apreciación de los activos argentinos en dólares, pero también exponen un fuerte proceso de desintermediación financiera hacia la economía real. Según datos oficiales de la ANSES, la evolución de la cartera entre diciembre de 2023 y abril de 2026 muestra una dinámica contundente:
-Pasó de $40.084.317 millones a $113.295.211 millones en términos nominales.
-Saltó de USD 41.184 millones a USD 75.492 millones, lo que representa una valorización real del fondo en moneda extranjera del 83,3% en el período analizado.
Este incremento de los recursos, sin embargo, coincidió con una profundización de la exposición del fondo al riesgo soberano y un desarme de los programas de financiamiento directo. Los Títulos Públicos Nacionales incrementaron su dominancia dentro del portafolio, trepando del 71,0% en 2023 al 78,1% en 2026. La estrategia de cobertura oficial se concentró marcadamente en Bonos indexados por CER (inflación), que hoy equivalen al 58,2% de toda la tenencia de títulos del Estado.
En contraste, el stock de Créditos ANSES destinados a reactivar el consumo de los beneficiarios del sistema previsional sufrió un desplome: pasó de representar el 3,4% del fondo ($1.379.652 millones) en diciembre de 2023 a un marginal 0,3% ($361.048 millones) en abril de 2026.
La misma tendencia a la baja afectó a los Proyectos Productivos y de Infraestructura. A pesar de que nominalmente pasaron de $2,55 billones a $4,05 billones, su participación relativa dentro del portafolio global del FGS cayó del 6,4% al 3,6% en poco más de dos años.
La reconfiguración del mapa corporativo
Otro de los cambios sustanciales se observa en la cartera de renta variable. Si bien la ponderación total de las acciones de empresas privadas dentro del portafolio general se mantuvo estable —variando apenas del 13,7% al 13,9%, para consolidar una tenencia nominal de $15,76 billones—, el criterio de exposición sectorial mutó.
En diciembre de 2023, al inicio de la actual gestión, la ANSES transparentaba su posición de forma individualizada. En esa foto de partida, el Estado nacional tenía asiento y peso específico en los principales grupos empresarios del país. Entre las principales tenencias del fondo figuraban Ternium (del Grupo Techint liderado por Paolo Rocca), Pampa Energía (la energética comandada por Marcelo Mindlin), la distribuidora Camuzzi Gas (presidida por Jaime Barba), el Banco Macro (de Jorge Brito) y San Miguel (la mayor citrícola del país, controlada por las familias Miguens-Bemberg).
Para abril de 2026, la dependencia previsional aplicó un cambio en la modalidad de los informes: dejó de especificar qué empresas puntuales integran la cartera y pasó a reportar las tenencias aglomeradas por ramas de actividad. Bajo esta nueva foto, se evidencia una concentración en los sectores regulados y financieros.
El bloque de Energía (donde operan gigantes como Pampa y TGS) concentra el 44,6% de la cartera de acciones, seguido por los Servicios Financieros con un 33,8%. De este modo, ambos sectores dominan de forma conjunta el 78,4% de la tenencia accionaria del Estado. Muy por detrás quedan la Siderurgia (6,8%), las Telecomunicaciones (6,6%), Alimentos (3,1%) y el resto de los rubros, donde Bienes Raíces y Construcción muestran una participación marginal del 5,1%.
AM/ML
