Están quienes postulan sus efectos positivos en materia de potencial desarrollo económico y quienes esgrimen que incorporarse a un organismo en el que priman los intereses de los países del Norte global conlleva una serie de condicionamientos que, en realidad, no hacen más que reproducir asimetrías y limitar el desarrollo de los países del Sur. En los últimos años la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se ha convertido en una sigla cada vez más repetida en el lenguaje de la política exterior argentina y latinoamericana. En el caso de nuestro país, las primeras gestiones para ingresar al organismo datan de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem. No obstante, quién más énfasis puso a la iniciativa de adhesión fue el gobierno de Mauricio Macri. En efecto, el ex mandatario presentó la iniciativa como parte de su política de “vuelta al mundo” e “inserción inteligente” en la globalización. Con la llegada de Alberto Fernández, si bien la incorporación del país a la OCDE no dejó de estar presente en la agenda internacional del país, lo cierto es que su gobierno pasó a tener una actitud ambivalente. Por un lado, reiteró la intención de sumarse al organismo, en el marco de una política económica y exterior muy apremiada por la necesidad de renegociar la deuda externa y conseguir financiamiento internacional.
En este marco, en enero de este año el consejo de la OCDE, después de entre cinco y seis años de negociaciones, llegó a un consenso para invitar a seis países a iniciar un proceso de acceso (que tarda en promedio tres o cuatro 4 años). Los países son: Argentina, Brasil y Perú, por América Latina, junto otros tres europeos: Bulgaria, Croacia y Rumania. Sin embargo, una vez que el gobierno concretó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde el Palacio San Martín surgieron reparos para ingresar al “club de los países desarrollados”, poniendo en stand by la incorporación argentina. La posible incorporación de Argentina se da en un proceso regional de adhesión más amplio. En efecto, hasta 2020, Chile y México eran los únicos países latinoamericanos en formar parte de la organización. Colombia ingresó en ese mismo año y Costa Rica fue el último país de la región que logró la membresía. Más recientemente, Brasil y Perú han puesto en marcha el proceso de adhesión. Ahora bien, ¿Qué es la OCDE y cuáles son las posturas sobre la posible adhesión argentina que coexisten en la actualidad?
Visiones contrapuestas: club de ricos o casa de buenas prácticas
Aunque el organismo se presenta a sí mismo como “una casa de buenas practicas”, también podría decirse que la OCDE es una suerte de “club de países ricos”, dado que sus integrantes concentran casi el 50% del PBI mundial y el 70% del comercio global. No obstante, a diferencia de otras organizaciones internacionales, la OCDE no es una instancia que otorgue financiamiento, créditos o recursos para financiar inversiones. Aun así, se presume que estar o no estar en este organismo multilateral tiene implicancias en todas estas cuestiones: financiamiento externo, estándares económicos y comerciales e internalización de legislaciones a nivel doméstico.
La creencia generalizada indica que contar con la membresía tiene aspectos positivos para las economías de América Latina
Bajo este marco, la creencia generalizada indica que contar con la membresía tiene aspectos positivos para las economías y los Estados latinoamericanos. En primer lugar, obliga a los gobiernos a estandarizar políticas de transparencia en la gestión pública, de contralor y de fortalecimiento institucional que, desde esta visión, terminan siendo positivas para el desarrollo de los países. Por otro lado, sumarse a la OCDE no solo es ponderado como una manera de aumentar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, sino que también es percibida como una plataforma de inserción internacional que otorga a los países periféricos -como es el caso de los latinoamericanos- una suerte de ello “país confiable” de cara a los mercados y el sistema financiero internacional. Cuando Chile se sumó a la OCDE en el año 2010, la presidenta del país trasandino expresó: “El ingreso a la OCDE será una señal muy potente de que Chile es un país estable y confiable, lo que también creemos puede traducirse en más inversión extranjera” (1).
Sobre este punto, vale destacar lo siguiente: según datos del Banco Mundial, tomando los casos de Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y México, aunque no puede constatarse que exista una correlación entre la inclusión en el organismo multilateral y un incremento significativo de la inversión extranjera directa, lo cierto es que sí implicó una mejora en las calificaciones de riesgo de agencias como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Es decir, el sello de la OCDE no necesariamente se traduce en un aumento de la credibilidad para obtener inversiones directas pero sí para acceder al financiamiento internacional en mejores condiciones. Esto se ve reflejado en el nivel de endeudamiento externo que experimentaros los países latinoamericanos desde que estrecharon su vínculo con el organismo multilateral. Por mencionar un ejemplo, Desde que Chile ingresó a la OCDE, la deuda pública pasó del 8,6% del PBI al 32,5% en 2020. Es decir, prácticamente se cuadruplicó.
Ahora bien, también están quienes contraponen una visión crítica respecto de ser miembro de este organismo. Desde esta visión, incorporarse a la OCDE implica internalizar un conjunto de códigos, estándares y disposiciones sobre diversas materias, como son la libertad de movimiento de capitales, el comportamiento de empresas transnacionales de los Estados Miembros o la regulación de las inversiones extranjeras que, en la práctica, reducen la autonomía de los Estados y pueden incrementar las asimetrías entre países desarrollados y países en desarrollo.
Sumado a ello, obtener la membresía de la OCDE sería para muchos gobiernos liberales una suerte de instrumento para blindar “desde afuera” la implementación de las medidas que lleven a la apertura económica y la desregulación de los mercados. Ese razonamiento, por caso, estuvo presente durante el interregno de Michel Temer en el gobierno de Brasil, mientras se implementaba una política de austeridad económica y apertura comercial. Por aquel entonces, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes, destacó en la carta de solicitud de adhesión al organismo que el acercamiento “forma parte de una estrategia más amplia con vistas a consolidar un camino para el desarrollo inclusivo y sostenido”
Yendo al caso particular de la Argentina, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aunque siempre siguió participando en algunos comités, Argentina sostuvo una postura de distanciamiento con la OCDE, dado que la política exterior de entonces planteaba una reticencia a participar en instancias internacionales que pudieran suponer un condicionamiento por parte de las potencias del Norte. Con la llegada de Macri a la presidencia, no obstante, el escenario cambió significativamente: bajo un prisma aperturista, Argentina proclamó la “vuelta al mundo” y estableció una relación más próxima con el organismo multilateral, hasta candidatearse para sumarse como Estado parte. Según afirmaban la entonces canciller, Susana Malcorra y el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, integrarse a la OCDE era una forma de incorporar “los estándares del mundo”, volvernos “más confiables” y que la organización revise la baja calificación que tenía el país para poder recuperar el acceso al crédito internacional (2).
La estrategia argentina no puede quedar desacoplada de los socios estratégicos de la región, en especial Chile y Brasil
Ahora bien, yendo a la situación actual, si Perú y Brasil concretan su proceso de adhesión esto puede suponer un potencial problema para nuestro país, especialmente considerando las implicancias que tiene la relación estratégica con el país verde amarelo. De conseguir la reelección, se da por descontado que Jair Bolsonaro buscará continuar la incorporación al organismo. De hecho, para buena parte del establishment económico brasileño, el ingreso a la OCDE funcionaría como un dique de contención frente a una posible vuelta de Lula da Silva al gobierno y un mayor acercamiento a China. Desde el entorno de Lula la cuestión es más contradictoria: Celso Amorim, ex canciller durante los gobiernos del PT y consejero de Lula en temas internacionales, manifestó que “ser miembro de la OCDE no trae grandes beneficios” y calificó al organismo como un “templo del neoliberalismo”. No obstante, no descartó de plano continuar con la adhesión e incluso manifestó la idea de llevar a cabo una negociación conjunta con la Argentina.
En definitiva, la experiencia de los países latinoamericanos respecto a la OCDE no es concluyente. Si priman los beneficios simbólicos o los económicos será algo a evaluar en los próximos años.
Aun así, la estrategia argentina no puede quedar desacoplada de los socios estratégicos de la región, especialmente de Chile y Brasil. Una entente entre Alberto Fernández, Gabriel Boric y Lula da Silva podría significar una buena plataforma para diseñar políticas y posicionamientos comunes en materia internacional, incluida la participación en la OCDE.
*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como profesor de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Publicado originalmente en la revista Abro Hilo
NOTAS:
- Intervención de la presidenta Michelle Bachelet tras firma del “Acuerdo sobre los Términos de Ingreso de la República de Chile a la Convención de la OCDE”. Santiago, 11 de enero de 2010. Disponible en: http://www.oecd.org/chile/44390153.pdf
- https://www.ambito.com/economia/gobierno-iniciara-febrero-dialogo-ingresar-la-ocde-n3924627
