—Lo que más me preocupa es el riesgo país, para no parar más la obra pública.
Lo dice un importante miembro del equipo económico de Cambiemos, que corta con la cadena de sacrificio-tormenta-ajuste-desarrollo que domina el mensaje oficial.
—¿Por qué?
—Porque en parte es irracional, puede no depender de nosotros y es clave para que podamos financiar infraestructura en el año de las elecciones.
La lectura se produce sobre la tarde del jueves, en un despacho del Microcentro porteño. La última escala de la corrida cambiaria, que llevó el dólar de $ 28 a más de $ 30, no fue –aunque suene extraño– lo más relevante para los cráneos financieros del gobierno de Mauricio Macri. Lo que los desveló fue que en ese tránsito el riesgo país llegó a los niveles récord de la gestión actual: tocó los 748 puntos básicos, una zona que no cruzaba desde los tiempos en que el ministro de Economía era Axel Kicillof, la presidenta era Cristina Kirchner y el país estaba en default por el conflicto con los fondos buitres. Aunque el viernes había retrocedido hasta las 663 unidades, está más de 150 por encima del nivel de marzo, antes del descalabro financiero que partió el año, cuando estaba en 412 unidades. Volver a esos niveles es una obsesión del tándem Hacienda-Banco Central.
El riesgo país es un índice que mide el banco JP Morgan para reflejar la sobretasa que le cobran a un país para endeudarse respecto de lo que pagaría Estados Unidos, considerado un sujeto crediticio de riesgo cero. Se expresa en puntos básicos, que bien podrían empalmarse con puntos porcentuales de diferencia entre una tasa y otra. Como bien explicó el financista Nery Persichini en su cuenta de Twitter esta semana, visto desde la óptica del inversor, si un bono de EE.UU. a diez años rinde 2,86% y uno argentino 9,7%, el riesgo país reflejaría esa diferencia de 6,85 puntos, o 685 puntos básicos.
¿Qué define esa diferencia? He ahí un dilema para el Gobierno. Un mix de variables que reflejan la capacidad de pago, que incluyen números duros (el déficit fiscal, por ejemplo) con “percepciones” de lo que podría afectar esos números en el futuro (como por ejemplo, cambios en la política).
Por eso al funcionario en cuestión le preocupa el riesgo país. “Ellos no creen que seamos capaces de hacer el ajuste fiscal que nos pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener sus desembolsos, y en caso de que se convenzan de que podamos hacerlo, dudan de que con ese contexto podamos ganar el año que viene”.
Son las contradicciones propias de los mercados financieros a las que por convicción o necesidad se terminó atando la administración de Cambiemos desde que asumió. Si bien le permitieron transitar dos años a base de endeudamiento, le detonaron la macro en cuanto cambiaron las condiciones internacionales. Y en materia de crédito Argentina volvió a encontrarse donde estaba: su costo extra para endeudarse, el riesgo país, estaba el viernes otra vez en el doble de Brasil, con el candidato con mayor adhesión en las elecciones está preso y podría ganar un ultraderechista, que cerró a 302 y lejísimos de Uruguay, otra liga, en 174 puntos básicos.
Lectura. Las dudas de que el Gobierno pueda hacer el ajuste fiscal se basan específicamente en que hay tres áreas susceptibles del recorte del gasto y las tres muestran “desafíos”: los subsidios, que pese a que tienden a la baja se agrandan con cada salto del dólar; la obra pública, que tiene efecto en la actividad económica, y las erogaciones de las provincias, que dependen de una dura negociación con los gobernadores y los intendentes de cara a un año electoral. Es un ahorro que deberá expresar el próximo presupuesto del orden de los $ 300 mil millones, dos tercios de la Nación y un tercio de las provincias. “Por eso Hacienda ya mostró esta semana que antes de sentarse a hablar se asegura 0,3 puntos de ese ajuste”, dice respecto de los $ 65 mil millones que recoge tras achicar reintegros y volar el fondo sojero.
Pero el amor de los mercados es difícil. El propio banco de inversión JP Morgan escribió el viernes: “La Argentina necesita US$ 15 a 20 mil millones más para 2019 y esto es motivo de preocupación”. Porque ese es el otro motivo de dudas de los operadores ante las pantallas de la agencia Bloomberg en despachos en Wall Street: si Argentina tendrá cubierto su financiamiento el año que viene. Para el Gobierno y algunos analistas, como el ex jefe del Banco Central, Martín Redrado, son US$ 7.500 millones. Para el mercado, cuando suman vencimientos de Letes, que pueden renovarse o no, son US$ 15 mil millones más.
“Si no baja el riesgo país, se complica el financiamiento de la obra pública”, aseguran con dos focos: los programas de participación público privada (PPP), ya complicados por los coletazos de la causa de los cuadernos, y las obras locales de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que ya anota un cambio relevante en términos políticos para el 2019 electoral: este año volcaron 7,5% del PBI en obras, y si bien no pararán ninguna máquina en marcha, el año que viene bajará un par de puntos porcentuales. O más, según qué pase con el riesgo país y el costo del crédito.
Esperan dos trimestres de retracción industria
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, estimó que la caída en la actividad fabril puede prolongarse “uno o dos trimestres”, y alertó que “luego la salida no será pareja para todos los sectores”. Además, sobre el caso de las coimas en la obra pública, el dirigente admitió que puede “haber impacto en algunos sectores”, pero juzgó que “no puede haber reconstrucción de la economía sin un escenario transparente; no puede haber inversión y desarrollo si en vez de negocios hay negociados”.
Según un informe de la central fabril, la producción industrial se desplomó en junio 8,4% interanual, y bajó 5,2% contra mayo. “Luego del primer trimestre del año, sabíamos que íbamos a tener una fuerte contracción, que durará uno o dos trimestres” señaló. En este marco, el también presidente de la Copal planteó que hay que “poner el mayor énfasis en las economías regionales”.
Brecha. Un informe del sector de Economías Regionales de CAME reflejó que el precio que pagó el consumidor en la góndola por alimentos agropecuarios fue en julio 5,9 veces superior al que cobró el productor, o sea, un alza del 11,4% frente a junio. La mayor distorsión fue en el valor de la pera, que se multiplicó 11,7 veces.
El análisis indicó que “con la significativa ampliación de la brecha, la participación promedio del productor en el precio final bajó 13,8%, explicando solo el 21,2% de los precios, uno de los valores más bajos desde que se comenzó con la medición”. La entidad advirtió que “la situación del productor es delicada”, porque a esa pérdida de participación “se sumaron en julio los incrementos en los precios de los combustibles y de los insumos generales”.
