Es una deuda pendiente que el Poder Judicial se modernice y aborde con otra perspectiva los casos de violencias por motivos de género.
Esta semana, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encabezado por Juan Bautista Mahiques, anunció que puso en funcionamiento una nueva política criminal para el abordaje de ese tipo de situaciones que prevé, según indicaron desde el organismo, “un enfoque integral que incorpora una perspectiva feminista transversal para un abordaje interdisciplinario, la intervención de diferentes profesionales especializados y una política basada en la evidencia de los datos empíricos”.
Entre los puntos centrales se destacan la revisión obligatoria del archivo de los casos más graves por parte de las Fiscalías de Cámara, el abordaje del incumplimiento de deberes de asistencia familiar como una forma de violencia económica y patrimonial, y la ampliación de la competencia de las Fiscalías Especializadas, que van a investigar como casos de violencia de género los delitos y contravenciones cometidos contra mujeres y personas LGBTIQ+, informó el jueves pasado el Ministerio Público Fiscal porteño.
En cuanto a los criterios para impulsar la acción penal, se analizarán los casos en función de la gravedad de las conductas, el contexto de violencia, las circunstancias particulares de las víctimas y de las personas agresoras. Las Fiscalías de Cámara deberán revisar el archivo de las causas más graves que se decidan en las Fiscalías Especializadas de primera instancia, para evitar el cierre prematuro de dichos casos.
Por otra parte, el incumplimiento de deberes de asistencia familiar será tratado como una forma de violencia económica y patrimonial, que permitirá detectar mecanismos de control a través del uso de dinero y otros medios materiales. También se permitirá priorizar la situación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
Medidas. En la normativa en vigencia desde el jueves pasado, se establece una ampliación de la competencia de las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género, que van a investigar como casos de violencia de género los delitos y contravenciones cometidos contra mujeres y personas LGBTIQ+. También incorporarán nuevas pautas para analizar la declaración de las víctimas, evitando su revictimización, y con la debida intervención de un equipo interdisciplinario.
Por otro lado, se implementará la suspensión del proceso a prueba (en inglés, probation), siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la víctima y se reúnan las condiciones necesarias, y se prevé la creación de la Guía General de Actuación en Violencia de Género, para uniformar el trabajo de todos los equipos del Ministerio Público Fiscal.
La aprobación del Protocolo para la Investigación y el Litigio de los casos de femicidio y otros crímenes por razones de género, orientación sexual, identidad de género y su expresión es otro de los puntos que contemplan los lineamientos.
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Este documento es una adaptación del Protocolo UFEM, pero incluye una ampliación de las directivas y recomendaciones allí previstas para el abordaje de las violencias contra las personas LGTBIQ+. Además, se seleccionarán casos específicos que sean ejemplificadores para erradicar conductas violentas y estereotipos de género, y se contempla aplicar una política de seguimiento, control y evaluación de la implementación de las decisiones de política criminal.
Según el MPF porteño, “esta decisión se inscribe en una línea de trabajo estratégica de la institución, que busca afianzar sus decisiones en materia de política criminal sobre la base de datos y evidencias empíricas. De esta forma se podrán proponer mejoras inmediatas y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia”, dijeron.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad agregó además que la lucha contra la violencia de género es una de sus prioridades, “enfocado en fortalecer la protección de las personas víctimas, robusteciendo la respuesta del sistema y mejorando la gestión judicial de los casos”.
