La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) expresó su "desacuerdo" por la intervención a la agroexportadora Vicentin dispuesta por el gobierno mediante un DNU, fundamentó que "solo respalda procedimientos establecidos en el marco de la legalidad", y advirtió por el impacto que genera “a la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad”.
“Creemos firmemente que es la empresa privada la que debe asumir la función productiva y que tal sector ha demostrado tener la capacidad de dar cumplimiento a aquella responsabilidad, a pesar de los problemas estructurales de nuestra economía y de la profundización de los mismos en el contexto actual -a causa de la pandemia mundial- demostrando una vez más, ser un sector con dinamismo y proyección de crecimiento”, planteó la institución conducida por Daniel Funes De Rioja.
Se sumó así al grupo de entidades que este miércoles también plantearon su rechazo a la medida, entre ellas, la Cámara Argentina de Comercio
La Copal manifestó a través de un comunicado “su profunda preocupación” por la intervención, y sostuvo que la entidad “solo respalda aquellos procedimientos establecidos en el marco de la legalidad y el principio de división de poderes”, y enunció su “desacuerdo por el impacto que este tipo de antecedentes genera respecto a la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad”.
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Además, afirmó que “la Industria de Alimentos y Bebidas de Argentina cumple con la definición de soberanía alimentaria y lo ha demostrado tanto abasteciendo al mercado interno como en su vigoroso rol exportador de productos alimenticios con valor agregado de gran potencial”.
En este marco, COPAL consideró “fundamental el respeto al Estado de Derecho, garantizando de tal forma la seguridad jurídica y transparencia que permitan al sector privado su contribución al desarrollo y a las nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y asegurar un crecimiento sustentable.
Pymes metalúrgicas En igual sintonía se pronunció el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, quien consideró un “avasallamiento a la justicia comercial” la decisión de intervenir Vicentin y enviar un proyecto de ley de expropiación, y previno que “estas iniciativas generan incertidumbre jurídica que inevitablemente afectará a las inversiones privadas en el país”.
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“Nadie va a querer invertir en un país donde no existe estabilidad jurídica; donde el gobierno interviene empresas privadas sin que se haya completado el concurso de acreedores; donde se avasalla la propiedad privada de una compañía con más de 90 años de historia en la Argentina”, alertó Ammaturo.
Para el titular de CAMIMA, “el delicado momento que atraviesa la economía argentina requiere de decisiones moderadas” y que permitan “planificar cómo se va a reactivar el país una vez pasada la pandemia, y no de medidas que generen preocupación e incertidumbre entre quienes tienen la enorme responsabilidad de invertir"
En este contexto, el dirigente empresario instó al Poder Legislativo que "con responsabilidad, tome la decisión de no avalar este avasallamiento, esta expropiación, y que deje en manos de la Justicia completar el proceso que se deba realizar en una empresa privada en concurso de acreedores, resguardando todas las garantías jurídicas y legales”.
