Para enfrentar los impactos socioeconómicos del aislamiento social contra el coronavirus, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, para una reactivación sólida y relativamente rápida.
El plan se asemeja al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que puso en marcha el Gobierno a fines de marzo y que, casi dos meses más tarde, muchas personas todavía no cobraron por las demoras en la implementación para cobrar los $ 10 mil por grupo familiar.
El ingreso básico de emergencia (IBE) "se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país", recalcó Alicia Bárcena, directora ejecutiva de Cepal, en la presentación del informe El desafío social en tiempos del COVID-19. Superar la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.
En ese contexto, el organismo con sede en Santiago de Chile remarcó que la pobreza aumentará en la región. Para la Argentina, trazó tres escenarios en base a las cifras oficiales. Con una pobreza en 26,7% de la población en 2019, el escenario de alto riesgo salta hasta 35,3% mientras que en el de riesgo medio pasa a 33,6 y en el más bajo, al 32,5%. En el caso de la pobreza extrema, computa un 3,8% para 2019, que puede llegar al 6,3% de la población.
Casi la mitad de la población, sin acceso a servicios públicos básicos
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2019 la cantidad de hogares por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 25,9%; en estos residen el 35,5% de las personas. Dentro de este conjunto, se distingue un 5,7% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 8,0% de las personas.
La propuesta del IBE marca que debería ser equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año. Los $ 10 mil del IFE en la Argentina no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, que marca el límite de la indigencia para una familia tipo, que necesita al menos $ 17 mil mensuales.
Los bancos deben devolver las comisiones cobradas al IFE
Más allá de la coyuntura, el organismo que dirige Bárcena consideró que en el largo plazo, esas transferencias deben ser permanentes para las personas en situación de pobreza y llegar a la población vulnerable que esté en riesgo de caer en la pobreza. Sería una forma de "avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia", según la funcionaria.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.
MC
