El 30 de enero, la página oficial del Ministerio del Interior resumía un encuentro entre el titular de esa cartera, Diego Santilli, y el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, de la siguiente manera: “Durante la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno, ambos destacaron las acciones conjuntas y coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. La misma nota resalta, un poco más adelante, que el Gobierno enviaría $ 3 mil millones en concepto de Aportes del Tesoro a esa provincia, “para paliar la crisis que atraviesa por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía”. Los tres senadores correntinos votaron en consonancia con lo manifestado por el gobernador y apoyaron la reforma laboral planteada por el oficialismo nacional, que también cumplió su promesa. Con la transferencia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de febrero, Corrientes se transformó en la jurisdicción más beneficiada en lo que va de 2026: recibió $ 6 mil millones de un total de $ 27 mil que se ejecutaron entre enero y febrero: el 22,2%.
PERFIL consultó al Ministerio del Interior y al gobierno correntino por este tema, pero, hasta la publicación de esta nota, no tuvo respuesta.
Solamente siete provincias argentinas recibieron transferencias en concepto de ATN en el primer bimestre: después de Corrientes están Misiones, Salta, Santa Cruz y Chubut (con $ 4 mil millones), Jujuy con $ 3 mil millones y Neuquén con $ 2 mil millones.
Los datos surgen de un análisis que hizo la consultora Politikon Chaco con información del presupuesto abierto y de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).
La misma consultora, en otro documento elaborado en conjunto con el centro de estudios Idesa, explica que la asignación de estos fondos –que se componen del 1% de la masa coparticipable neta y el 1% de la porción coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales– es de carácter discrecional, por lo que, en muchos casos, “está influida por consideraciones políticas”. Por lo general, aclaran, la recaudación no se distribuye en su totalidad en el período fiscal anual. “Cuando esto sucede, si bien el Gobierno nacional no puede destinar los recursos a otros fines, los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y por ende pasan a formar parte del resultado fiscal (aumentan el superávit o disminuyen el déficit)”. En el primer bimestre del año, el porcentaje de ejecución fue del 15,2% de lo recaudado, lo que representa una caída respecto al mismo período de 2025, cuando ese número fue del 17,1%.
El documento realiza una comparación de la ejecución y la distribución de estas asignaciones no automáticas en diferentes gobiernos argentinos y concluye que, durante la gestión actual, “se observa un quiebre respecto del patrón histórico” ya que “las transferencias discrecionales hacia provincias tradicionalmente favorecidas fueron prácticamente inexistentes”.
El factor central de este reparto, afirman, “estuvo en la necesidad de alianzas con gobernadores, donde los ATN compensaron, aunque parcialmente, el recorte de otras transferencias presupuestarias”.
Si se considera el total de las transferencias no automáticas a las provincias –esto es, los ATN más otros fondos nacionales destinados a salud, educación, obra pública o pago de medidas judiciales– el primer bimestre de 2026 presentó una baja real interanual del 47,2% contra 2025, con un total de $ 160.425 millones ejecutados. Es, según Politikon, el peor bimestre en materia de ejecución desde 2005 (con la excepción de 2024).
Del total distribuido el 55,5% fue para CABA ($ 88.990 millones, de los cuales en febrero $ 87.597 millones fueron en concepto del cumplimiento de medida cautelar CSJN 1864/2022). El resto para Entre Ríos (7,5%), Córdoba (6,3%), La Pampa (6,3%) y Misiones (5%). En el extremo opuesto se encuentran Formosa, Catamarca y Chaco, que representan el 0,3% entre las tres.
En términos interanuales, algunas provincias presentaron en febrero bajas significativas: Río Negro (-99,1%), Chaco (-98,7%), Mendoza (-98,5%), La Rioja (-98,9%), Catamarca (-96%) y Entre Ríos (-95,9%) son algunas de ellas. En esta última provincia, el diputado de Unión por la Patria y extitular de la Aduana, Guillermo Michel, cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por apoyar las políticas nacionales aún con una caída sustancial en la coparticipación: según un informe privado del legislador, Entre Ríos percibió $ 45.337 millones menos en el primer bimestre del año. En el total de las provincias, señaló, ese monto es de $ 1 billón. Catamarca, Chaco y Mendoza aún no respondieron ante la consulta de este medio, y desde La Rioja aseguraron que el gobierno nacional les adeuda un total de US$ 1.200 millones “en concepto de un punto de coparticipación que históricamente se le transfirió a la provincia”.
Ese punto de coparticipación fue eliminado hace 37 años, pero todos los gobiernos lo reconocieron “excepto el de Javier Milei”, afirmaron. En 2025 llevaron el caso a la Corte Suprema. Más allá de esta deuda señalaron que en el primer bimestre de 2026, en concepto de coparticipación, la provincia recibió $ 19.292 millones menos que en el mismo período del año anterior.
La coparticipación se redujo en febrero. Para el segundo mes del año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $ 5,4 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Esto, frente a los $ 4,4 billones enviados durante igual período del año anterior, representa una caída real del 7,4%. Esa disminución se explica, continúan desde el instituto, por la variación interanual negativa en la recaudación del IVA (13%) y del impuesto a las ganancias (0,8%).
La coparticipación –las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones–, habría descendido un 8,8% real de acuerdo con esta misma fuente.
El Centro de Economía Política Argentina, por su parte, concluyó que, en febrero, se observa una disminución interanual de la totalidad de los recursos de origen nacional destinados a las provincias en el orden del 4%.
El cálculo se realizó en base a una inflación estimada en 2,4% para ese mes. Algunas consultoras adelantaron que fue del 2,9%.
