El proyecto de ley que trata de una contribución por única vez de las llamadas 'grandes fortunas' a partir de los $ 200 millones de pesos, lo que equivale actualmente a patrimonios de casi US$ 3.000.000 podría cubrir un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia y también un quinto aporte. Se estima que esta contribución obligatoria llega aproximadamente a 12.000 contribuyentes, es decir que tan solo alcanzaría al 0,04% de la población adulta, según los cálculos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).
El ‘aporte extraordinario’ comenzará a analizarse mañana, en medio de fuerte rechazo de los sectores empresarios con mayor capital y en medio de una movilización de los sectores de la economía populares y sindicales que irán a apoyar la propuesta. Para las principales cámaras del sector privado se trata de un impuesto “confiscatorio”. El Foro de Convergencia Empresarial lo consideró “un dislate” e instó al Congreso a no tratarlo. El oficialismo en Diputados apunta a que pueda cubrir una cuota extra de IFE, mientras que desde el ministerio de Desarrollo Social esperan el 15% de la recaudación que irá a cubrir obras en los barrios.
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Las alícuotas que se plantean están en torno a los 2% y 3,5%, “y se sigue barajando establecerlo de manera progresiva (escalonadamente a partir del piso de $ 200 millones). Dentro del oficialismo estiman que esto recae en apenas el 1,1% de los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales, y dentro de la población económicamente activa, al 0,08%”, plantea el análisis de la Undav.
IFE 4 y 5. De esta forma, se podrían recaudar unos US$ 3.000 millones, equivalente a $ 208.000 millones. “Esto equivaldría a la construcción aproximada de 5.622 hospitales de emergencia; a más de 12,3 millones de jubilaciones mínimas actuales; 63,2 millones de AUH y 20,8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia”, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio coordinado por el economista Santiago Fraschina, que llegó a la Anses con el Gobierno de Alberto Fernández. En el máximo de cobertura, el IFE llegó a 9 millones de personas.
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Sin embargo, las entidades que nuclean a los sectores empresariales con mayor poder de lobby manifestaron su rechazo, entre ellos el Foro de Convergencia y la Unión Industrial Argentina, que indicaron que el gravamen podría "descapitalizar a las empresas y poner en riesgo inversiones".
El análisis de la UIA sobre el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia asegura que “incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo. El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”.
Uno de los principales cuestionamientos es que “el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles”.
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Propuesta alternativa. Los industriales plantearon algunas alternativas para que los legisladores tengan en cuenta mañana, como excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos. También indicaron que se poría permitir que se pueda hacer el aporte “mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año”. A eso le suman el pedido para que existan “las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales”, como las obligaciones negociables de las empresas “para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)”. Y recomiendan incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
Dislate. El tono del rechazo del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) al proyecto fue más duro. “Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso”, advierte la entidad que nuclea a unas 60 cámaras.
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“El dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión”, indica el Foro que habla de una “iniciativa confiscatoria” que grava “activos que ya son objeto de otros gravámenes”. Pone el foco en que es un impuesto “no coparticipable” que implica “nuevas transferencias” de recursos de las provincias a Nación y anticipa que “no impactará solo en las grandes fortunas sino que afectará la producción, generación de trabajo y obliga a vender parte de los bienes para hacerle frente”.
Algunos empresarios como el cafetero Martín Cabrales o el titular de Celulosa Argentina, José Urtubey, consideraron que "si es por única vez", el impuesto puede ser "razonable". En cambio, el fin de semana la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias también mostró su “alarma” en los mismos términos que el Foro de Convergencia. El titular de la Sociedad Rural (SRA) Daniel Pelegrina coincidió en que el gravamen “va a afectar a la producción” y puede generar venta de activos si quienes tengan que pagarlo “pueden no tener liquidez”. En declaraciones a AM 750, admitió uno de los mayores temores de sus pares: “Creemos que el impuesto a las grandes fortunas viene para quedarse”.
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A diferencia de la UIA, el Foro no ofreció alternativas directas sino que instó a no tratar el proyecto y que se cree una mesa de discusión. “Convocamos al Congreso de la Nación a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos”, indicaron.
El FCE está integrado -entre otras- por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación de empresas exportadoras de servicios (Argencom), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), la Cámara de Comercio (CAC), la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara de Importadores (CIRA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA) y el Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
PV
