El proyecto Mochila Argentina difundió su propuesta denominada “¿Cuál es el mejor regalo que podría hacerle la política a la sociedad en 2023?”.
Este proyecto busca que el Estado promueva e instrumente un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI), que las empresas paguen sobre su nómina salarial, administrado por la ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, que garantice la indemnización a los trabajadores que pierdan sus empleos.
De llevarse a cabo esta propuesta, en 2023 habría “un renovado indemnizatorio que reviva nuestro mercado laboral. Los gobernantes tendrán el apoyo de la gente gracias a la baja del desempleo. Los sindicatos, a su vez, celebrarán el aumento en su número de afiliados y el descenso del trabajo no registrado”.
Los sindicatos piden "prórroga" para la prohibición de despidos y la doble indemnización.
Además, Mochila Argentina señala que con el SGI, “las empresas, ya sin pasivos laborales, podrán tomar créditos para invertir y crecer en un horizonte de mayor previsibilidad financiera. Los trabajadores tendrán más oportunidades en un contexto de derechos ampliados, sin ajuste. La creación de empleo privado, genuino, permitirá bajar el gasto público, poniendo freno a la inflación”.
Mediante esta propuesta, se eliminaría “la necesidad de una reforma laboral que quite derechos a los trabajadores”.
Litigiosidad laboral
La semana pasada se dio a conocer que las pymes enfrentan una demanda laboral por cada 10 empleados que contrata, por despidos y otras causas, según un informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP).
El número de más demandas se registra entre las empresas manufactureras medianas (51 a 250 empleados) y menos entre las pequeñas (10 a 50). La litigiosidad laboral contra las pymes se debe a causas por indemnización por despidos, accidentes, enfermedades y diferencias salariales, entre otros reclamos.
El trabajo señala que la demanda judicial "es hoy menor que en el pasado a pesar de que se mantiene su nivel de intensidad con tres demandas por empresa entre las pyme manufactureras y dos en el sector de software y servicios informáticos (SSI), donde son importantes las demandas por diferencias salariales".
LM
