Desde Río de Janeiro. La menopausia tiene un costo económico que una iniciativa global acaba de poner en números. Está en las jornadas de trabajo perdidas, en las horas que algunas mujeres reducen porque no logran descansar y en las carreras que se interrumpen cuando los síntomas se vuelven difíciles de sobrellevar. También en las consultas que se pagan de bolsillo y en las empresas que pierden trabajadoras con años de experiencia. La pregunta aquí es cuánto de ese costo podría evitarse con condiciones laborales adecuadas.
Las cifras reunidas por la Menopause Advocacy and Policy Alliance (MAP Alliance) y presentadas durante el Congreso Mundial de Menopausia que se desarrolla en Rio de Janeiro hasta el 3 de octubre, dan una idea de la dimensión: las pérdidas anuales estimadas por tiempo de trabajo perdido llegan a US$12.000 millones en Japón, US$9.900 millones en Alemania, US$3.300 millones en Canadá y US$1.800 millones en Estados Unidos. Y si bien provienen de investigaciones diferentes, con metodologías que impiden compararlas entre sí, todas ponen números a un asunto que durante años quedó reservado a la vida privada. En Latinoamérica no abundan los datos, pero la iniciativa privada NO PAUSA de Argentina tiene datos propios más que interesantes: 35% de las mujeres reportan que los síntomas menopaúsicos impactaron negativamente en su rendimiento laboral. Los datos surgen de un test MRS (Menopause Rating Scale) en una base de 21000 mujeres de Latam. Y se suman otros: 6 de cada 10 mujeres afectadas reportaron problemas de concentración, 3 de cada 10 pidieron faltar al trabajo por malestar y la cosa escala: porque 1 de cada 10 hasta consideró dejar el trabajo o jubilarse anticipadamente.
En Estados Unidos, el cálculo surge de un estudio de Mayo Clinic publicado en 2023 y corresponde a jornadas laborales perdidas. La investigación encontró una asociación entre síntomas de menopausia y dificultades en el trabajo. Los gastos médicos quedan fuera de esos US$1.800 millones.
La pregunta por las políticas públicas aparece frente a esos costos. La alianza, presentada el 29 de septiembre, revisó las respuestas de 12 países de Europa y América, incluida Argentina, y encontró que ninguno tiene todavía un abordaje maduro, plenamente financiado, coordinado y equitativo. Hay leyes, campañas y servicios, aunque su alcance depende muchas veces del lugar donde vive una mujer o del empleo que tiene.
Bayer financia y facilita MAP Alliance, que reúne especialistas en salud, academia, organizaciones de defensa de derechos, políticas públicas e industria. La participación de la compañía debe formar parte de la lectura del informe: la necesidad de mejorar la atención convive con el interés de la industria en un área de la salud que gana visibilidad.
Argentina: una licencia no alcanza cuando el trabajo es informal
En Argentina, el debate encuentra una dificultad conocida. El informe señala que más del 42% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad y advierte que las propuestas de licencias remuneradas o trabajo remoto tienen escaso alcance efectivo para esas personas.
Para una mujer que cobra por día, faltar al trabajo puede significar perder el ingreso de esa jornada. Consultar a un médico también requiere tiempo, traslados y, según dónde se atienda, dinero. La posibilidad de cambiar horarios o trabajar desde su casa depende de la tarea que realiza. Quienes trabajan en limpieza, comercio, cuidados o producción tienen márgenes distintos de los de una empleada de oficina.
Ahí aparece la desigualdad que una política laboral, por sí sola, difícilmente resuelva. El apoyo dentro de una empresa puede mejorar la situación de sus trabajadoras, pero deja pendiente qué ocurre con quienes están fuera del empleo registrado, trabajan por cuenta propia o no pueden resignar horas de actividad.
El tema ya tiene antecedentes en el Congreso. En agosto de 2025, Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron el proyecto 4188-D-2025, que propone reconocer derechos durante la perimenopausia, menopausia y posmenopausia e incorporar cobertura integral de tratamientos. La propuesta legislativa permite identificar parte de la discusión local, aunque sus prestaciones no deben confundirse con derechos específicos ya garantizados.
Salud, hormonas y piel: el manual de las mujeres para atravesar la madurez con frescura y confianza
Por ahora, el relevamiento de MAP Alliance no ofrece una estimación del costo económico para Argentina. No permite saber cuántas mujeres reducen sus jornadas por los síntomas, cuánto gastan para atenderse ni qué efectos tiene sobre sus ingresos. Son datos necesarios para discutir el alcance y el presupuesto de cualquier respuesta pública.
Qué se está haciendo en el país en temas de menopausia
En Argentina faltan estudios que permitan dimensionar el impacto económico y laboral de la menopausia. Hay, sin embargo, algunos indicios a escala regional. El informe “Menopausia y vida laboral”, publicado a fines de 2024 por No Pausa y Data Género, recogió las respuestas de 7.256 mujeres de entre 47 y 52 años: el 71% señaló que los síntomas afectaban negativamente su rendimiento laboral y dos de cada diez dijeron haberse visto obligadas a reducir su jornada de trabajo. Si bien son resultados de una encuesta regional, que no permiten estimar por separado la situación argentina, permite tener una leve idea de lo que está sucediendo.
Milagros Kirpach, fundadora y CEO de No Pausa, una red informativa que logró armar una comunidad de más de 200.000 mujeres, y que trabaja junto a un equipo de profesionales especializadas y genera su propio observatorio de datos sobre menopausia en Argentina, señaló en diálogo por PERFIL que los desafíos son múltiples.
“En Argentina todavía tenemos el desafío de que las empresas dimensionen que incorporar la menopausia en los espacios de trabajo no es solo una cuestión de género o de wellbeing, sino también una cuestión de negocio", dijo y agregó: "Estamos atravesando una transformación demográfica histórica que se traduce en la composición de las organizaciones. El mundo está envejeciendo y eso también nos obliga a repensar retenemos el talento con experiencia. Desde mi punto de vista, si bien estamos trabajando con distintas compañías, no alcanza con hacer un ‘check’ con una charla sobre menopausia. Ese es el puntapie, pero es necesario diseñar un proceso que vaya de la información y la concientización, a los datos y finalmente a la acción", agregó.
El salario, los ascensos y la jubilación también entran en la cuenta
Las ausencias son la parte más fácil de contar. Volviendo al relevamiento de MAP Alliance, hay otras consecuencias menos visibles: ir a trabajar después de varias noches de mal descanso, reducir la jornada, aceptar un puesto de menor responsabilidad o retirarse antes de lo previsto.
El informe reúne antecedentes sobre esas situaciones y sobre el presentismo (asistir al trabajo con menor capacidad de desempeño). Cuando se prolongan, pueden afectar el salario, las posibilidades de ascenso y la capacidad de ahorro. Una reducción de ingresos en esos años también puede repercutir en la seguridad económica durante la jubilación.
Para las empresas, la salida de una trabajadora experimentada supone perder conocimiento y afrontar su reemplazo. Son mujeres que, en muchos casos, atraviesan esta etapa cuando ya acumulan años de oficio, vínculos profesionales y responsabilidades.
Las experiencias, de todos modos, son diferentes. El documento señala que muchas mujeres tienen pocas molestias, mientras que hasta una de cada cinco puede presentar síntomas debilitantes, según la literatura citada. Reconocer esa diversidad es necesario también en el trabajo: atravesar la menopausia no permite presumir una menor capacidad para desempeñar una tarea.
Otra cifra que recoge MAP Alliance proviene del Foro Económico Mundial y McKinsey Health Institute. Ese trabajo estima que abordar las brechas vinculadas con menopausia y perimenopausia podría generar beneficios potenciales de US$120.000 millones anuales en el PBI. Es una proyección sobre mejoras posibles, no una suma que pueda atribuirse a un tratamiento o una medida laboral determinada.
Siete de los 12 países tienen rezagos en formación médica
Antes de discutir qué atención se financia, hay un problema en el consultorio. Siete de los 12 países fueron clasificados como poco avanzados en las políticas de formación médica sobre menopausia. El informe tampoco identificó requisitos establecidos por gobiernos nacionales para una educación integral en la materia.
Eso no significa que no existan especialistas, cursos o contenidos universitarios. La dificultad está en la falta de una formación consistente entre las carreras de grado, los posgrados y la actualización de los profesionales. En varios países, las asociaciones médicas cubren parte de ese espacio mediante certificados, guías y capacitación voluntaria.
La preparación de quienes atienden las primeras consultas tiene consecuencias sobre el recorrido posterior. Una mujer puede pasar por distintos consultorios, repetir estudios o recibir derivaciones sin encontrar una respuesta adecuada. Cada visita demanda tiempo y puede agregar gastos. El sistema de salud también paga por esa atención fragmentada.
Entre las experiencias que recoge el informe está Gales, donde cada una de las siete áreas sanitarias estableció un centro de salud de la mujer, con una asignación de 300.000 libras por centro, dentro de un plan más amplio. La iniciativa combina servicios y capacitación, aunque el documento aclara que todavía no estaban todos plenamente operativos.
Sin embargo, tener cobertura no siempre equivale a poder atenderse.
El relevamiento encuentra seis obstáculos que se repiten:
- trámites administrativos,
- gastos de bolsillo,
- falta de profesionales o servicios cercanos,
- información insuficiente,
- diferencias entre financiadores y regiones, y
- cambios en la percepción pública de las terapias hormonales.
Las autorizaciones previas, los límites en la cantidad de medicamentos y las renovaciones frecuentes de recetas pueden complicar la continuidad de la atención. También las consultas cubiertas solo parcialmente o la necesidad de recurrir a un especialista.
Las mujeres en el mercado laboral, en el país hoy
Inglaterra ofrece un ejemplo de cómo se intenta reducir el gasto. El informe registra que un certificado de prepago, introducido en 2023, fija un costo anual para determinados tratamientos hormonales y benefició a más de 500.000 mujeres. Aun así, señala que la cantidad de pacientes que reciben estas terapias es menor en las zonas más desfavorecidas.
El precio importa, aunque no explica toda la diferencia. Conseguir un turno, saber dónde consultar y disponer de tiempo para hacerlo también pesa. Para quienes tienen horarios extensos o personas a cargo, una prestación puede estar cubierta y seguir siendo difícil de utilizar.
En Irlanda, el informe describe un esquema de acceso gratuito a productos prescritos para la menopausia, incorporado a los planes de salud de la mujer. En Estados Unidos, identifica leyes que amplían la cobertura en cinco estados: Washington, Oregon, Illinois, Louisiana y Nueva Jersey. Las disposiciones varían: algunas facilitan la provisión de medicamentos y otras reducen requisitos administrativos o amplían las prestaciones.
Buena parte de los avances ocurre en estados, provincias y regiones. Eso permite impulsar cambios sin esperar una decisión nacional, pero también genera diferencias dentro de un mismo país. La atención disponible puede cambiar de una jurisdicción a otra.
Qué están haciendo los países en los lugares de trabajo
Las políticas laborales avanzan con ritmos distintos. Según MAP Alliance, el apoyo sigue siendo mayormente voluntario y se concentra en grandes empleadores. Las trabajadoras con salarios bajos, contratos temporales o tareas de atención al público tienen menos posibilidades de acceder a esas medidas.
El relevamiento agrupa las respuestas en tres líneas: ajustes en el trabajo y protección contra la discriminación; licencias y flexibilidad de horarios; y planes que obligan a las empresas a explicar qué apoyo ofrecen.
Para el Reino Unido, describe un esquema destinado a empleadores con 250 trabajadores o más, que vincula las acciones sobre menopausia con la brecha salarial de género. Su implementación es gradual, con etapas previstas para 2027 y 2028. Entre las medidas recomendadas aparecen la capacitación de jefes, las adaptaciones laborales, el acceso a salud ocupacional y la flexibilidad.
En Chihuahua, México, una reforma de mayo de 2026 contempla licencias médicas con remuneración completa para empleados del sector público con síntomas graves o incapacitantes, sujetas a evaluación médica.
Colombia tomó otra vía. El informe destaca que la reforma laboral de 2025 garantiza permisos pagos para consultas programadas con especialistas, incluidos endocrinología y ginecología. Es una disposición más amplia que puede facilitar la atención durante esta etapa.
Los ejemplos abren una discusión que cada actividad deberá resolver. Una pausa, una modificación de horario o la posibilidad de asistir a una consulta pueden ayudar a sostener la jornada. También hay que cuidar que el reconocimiento de los síntomas no termine utilizado para frenar una contratación o un ascenso.
Mucha concientización, pocos datos para medir resultados
Las campañas son el área con mayor actividad entre los países estudiados. Casi todos registran alguna iniciativa de concientización, pero ninguna de las revisadas incluyó un marco formal de evaluación, según MAP Alliance. Sin seguimiento, resulta difícil saber cuántas mujeres accedieron a información útil o encontraron atención a partir de esas acciones.
El informe recoge una ley de Maine, Estados Unidos, que destina US$20.000 anuales a elaborar y distribuir materiales sobre perimenopausia y menopausia. La medida asigna tareas concretas al área de salud y establece canales de difusión, aunque no exige medir resultados.
El financiamiento de investigación también muestra carencias. Ninguno de los países fue evaluado como poseedor de un modelo público maduro y sostenido de fondos específicos para investigar la menopausia. Los estudios suelen quedar dentro de programas más amplios de salud de la mujer, envejecimiento o enfermedades particulares.
Faltan datos sobre síntomas, acceso, resultados de la atención y efectos económicos. También sobre las diferencias entre mujeres de distintos ingresos y lugares de residencia. Sin esa información, los gobiernos dependen más de investigaciones encargadas por empresas, asociaciones profesionales y organizaciones de promoción de derechos.
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