Tras conocerse el comunicado del Comité de Acreedores de la Argentina en cuanto a que se mantiene inflexible en su postura, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que las mayores diferencias en este momento se han concentrado en cuestiones legales, más que en cuestiones financieras, que abarcan a la propuesta de la canje de deuda.
Según esas mismas fuentes, el objetivo de algunos acreedores es “buscar mayor cobertura legal” ante eventuales incumplimientos de la Argentina hacia delante, una vez cerrado el canje de deuda.
“En realidad lo que estamos haciendo es un programa sustentable para la deuda privada, precisamente, para que sea sostenible y cumplible y no haya sorpresas para nadie”, afirmaron en la cartera económica.
Sin embargo, fuentes del mercado local aseguran que la postura de “mayor cobertura legal” que buscan los acreedores tiene que ver con la discrecionalidad que pueda retener el Estado argentino en la colocación de los nuevos títulos, y también, ante eventuales incumplimientos por parte del país.
En el primer punto, tal como está diagramado el esquema legal del canje, el Estado conserva la capacidad de volver a canjear algunos títulos, con lo cual, podría haber modificación de condiciones.
El segundo punto de las diferencias en el tratamiento legal es que los acreedores más poderosos quieren que se incluyan claúsulas jurídicas más duras en el tratamiento hacia la Argentina, en caso de incurrir en nuevos incumplimientos.
“El problema es que muchos de los acreedores a los que se los convoca ahora ya fueron reestructurados en 2005 y 2010. Entonces, ahora la gran mayoría de ellos están cansados de los cambios de situaciones que impone la Argentina y por eso exigen mayor cobertura legal”, puntualizó un importante broker del mercado local.
En función de esto, en el mercado se comentó en el transcurso de este mediodía que el Gobierno se habría “guardado un as” en cuanto a que estaría dispuesto a realizar “algún retoque en las clausulas legales a cambio de mantener la oferta económica”.
Precisamente, en la última oferta económica del Ejecutivo, se propone un reconocimiento en los nuevos bonos de 53 centavos por cada dólar y los acreedores más fuertes reclaman 56 centavos, una diferencia de apenas tres centavos, que en diez años representa un monto no mayor a los 3.000 millones de dólares.
De todas formas, en Economía aseguran que todo esto forma parte del “tira y afloje” clásico de los días anteriores al cierre del canje, fijado como última fecha, por ahora, en el próximo 4 de agosto.
Esta mañana, el ministro Martín Guzmán ratificó en una entrevsita televisiva con la cadena Bloomberg que la oferta de reestructuración ofrecida es la definitiva y que "Es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer".
Respecto a las cuestiones de naturaleza legal, Guzmán dijo en la mencionada entrevista que la Argentina es miembro del G20 y del FMI, por lo que el país seguirá los lineamientos que la comunidad internacional considere. “En 2016, el país adoptó el lenguaje que se había consensuado a nivel internacional, por lo que si hay alguna innovación, lo adoptaremos. Es algo que nos excede”, sostuvo.
Hay que recordar que anoche el Comité de Acreedores de Argentina envió una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en donde advirtió que posee más del 50% de los bonos a canjear y que, por ese motivo, podría bloquear un acuerdo si el Gobierno no vuelve a mejorar la oferta.
"El Comité de Acreedores de Argentina, junto con otros, ha participado en discusiones de buena fe con la Argentina, con el objetivo de lograr una reestructuración consensuada de la deuda externa de la República", según el texto de los bonistas.
Para ellos, las personas y entidades que poseen títulos de la deuda "son titulares o inversores de Bonos de Cambio Argentinos o Bonos Globales, cada uno de los cuales promete apoyo a la propuesta conjunta. Colectivamente, los titulares de apoyo tienen el 32% de los pendientes Bonos de cambio y 36% de los Bonos globales en circulación".
"Con estos números, los partidarios de la Propuesta Conjunta representan el 60% de los Bonos de Cambio pendientes y el 51% de los bonos globales pendientes", aseguraron.
A la vez, resaltaron que están "seguros de que un consenso que lleve a una resolución proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en la Argentina".
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