Discapacidad: destraban fondos pero siguen las dudas
Después de las protestas de prestadores de servicios para personas con discapacidad, el Gobierno destrabó esta semana fondos para las obras sociales sindicales, por un monto que se estima en $ 24 mil millones. En el sector esperan que esto ayude a acelerar la cadena de pagos, que pasó de 45 o 60 días a cerca de 90, generando un perjuicio económico para los prestadores en un contexto de alta inflación. Las responsabilidades en el Ejecutivo no están claras aún: algunos apuntan a la Superintendencia de Servicios de Salud mientras que otros advierten que las demoras vinieron de la AFIP.
Protestas y fondos. Diferentes agrupaciones que trabajan la temática de la discapacidad llevaron sus reclamos hasta la Rosada. Massa se reunió con referentes de la CGT y destrabó fondos para las obras sociales. |
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Cámaras prestadoras de servicios de salud y educación junto a asociaciones de pacientes con discapacidad y sus familias se mantienen en alerta y con interrogantes por lo que puede pasar con los pagos de honorarios, que sufrieron demoras de 90 días y obligaron a medidas de protesta. El Gobierno tomó nota y aseguró que los compromisos se regularizaron y promete más diálogo con los actores involucrados.
Por lo general, los pagos de las prestaciones (salud, educación, vida autónoma, transporte, entre otras) tienen una demora que va de 45 a 60 días, pero en las últimas semanas ese plazo se estiró a 90, en medio de una escalada inflacionaria que lejos está de ceder. Lo que afectó las distintas asistencias y que, como acusó Casaie, una de las entidades que agrupa a instituciones dedicadas a favorecer la educación de las personas con discapacidad permanente o transitoria a la escuela común, se haya vulnerado la ley 24.901, que obliga a las obras sociales y al Estado, en caso de no contar con afiliación, a dar “asistencia, promoción y protección” a todas las personas con minusvalía.
Actualmente, tal como le señaló a PERFIL Elizabeth Fosci, la directora del Casaie, recién se está regularizando junio, aunque admite que todavía no llegó el monto a todos los trabajadores, y existen dudas con la próxima liquidación. “Nosotros hemos entregado todas las facturas en tiempo y forma y la liquidación que se está cobrando es la 68, la de junio, que la deberíamos haber cobrado el 25 de agosto. Pero no sabemos qué va a pasar con las próximas con este nivel de atraso”, indicó.
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Fuentes oficiales recalcan que son conscientes de la problemática y que en todo momento se trató de resolver el problema con la mayor celeridad posible. Prueba de ello, aseguran, es que a partir de la semana que viene comenzará a funcionar una mesa de trabajo en la que van a confluir la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) con los actores involucrados.
En dicho espacio, no solo van a hablar de fondos sino, como anticipan, se revisarán prestaciones y las condiciones laborales de aquellos profesionales dedicados a la temática. Y, con un aumento de precios sostenido, dejan en claro que habrá una actualización de valores de trabajos. “Ya hubo dos aumentos este año que totalizaron un 69%, y el año pasado fue del 78%, cifras por encima de la inflación. Y en octubre, habrá un nuevo incremento”, aseveran.
Desde ya, y ante las distintas movilizaciones que se produjeron en las últimas semanas, rápidamente la Casa Rosada negó de plano un ajuste aunque las responsabilidades por el cuello de botella que se generó, y que demoró el abono de compromisos, todavía no quedan claras. Par algunos, la responsabilidad corrió por cuenta de la SSSalud, órgano que verifica las prestaciones, pero otras versiones cargan la mirada sobre un inconveniente de la AFIP, el ente recaudador.
“En lo que respecta al último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, se comunica que, del total de las Obras Sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%. Asimismo, es pertinente informar que mensualmente se destinan $ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), a 93 mil beneficiarios con discapacidad, para el pago de dichas prestaciones”, recalcó SSSalud.
Sergio Massa también intervino: se reunió con la CGT y aseguró fondos para asistir a las obras sociales sindicales, por $ 24 mil millones, y de este modo, que puedan cumplir con sus afiliados con discapacidad.
