En medio de la incertidumbre provocada por la suba del dólar blue, que se acomodó ya en $10, el plan del Gobierno de blanqueo de dinero no declarado cayó como una bomba en el estado de ánimo de la mayoría de la población. El proyecto, que ya comenzó a discutirse en el Congreso, estimula el fraude impositivo, genera una fuerte sensación de injusticia en quienes pagan siempre sus impuestos y, además, no es efectivo: dos de cada tres personas con ahorros en negro aseguran que los mantendrán fuera del sistema.
Así lo indica una encuesta que la consultora Management & Fit realizó en exclusiva para PERFIL sobre mil casos en todo el país entre el miércoles y ayer, mientras crecía el debate público sobre el plan oficial de lanzar el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico (PADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin).
La apuesta del Gobierno es que parte de los US$ 40 mil millones que se estima que están “en los colchones” dentro del país, y también de los US$ 160 mil millones que, según analistas, están en cuentas en el exterior, vuelvan, refuercen las reservas, financien a la estatizada YPF y reactiven el mercado inmobiliario.
En definitiva, que nutran de dólares una economía con déficit energético, trabas a las importaciones y restricciones para el ahorro en divisas.
Como contrapartida, no se preguntará el origen de los fondos y habrá un generoso perdón tributario. Según el sondeo, sin embargo, el 67,6% de los consultados no está dispuesto a declarar el dinero ni aun en esas condiciones. Hay un 14,1% que respondió que lo hará, y es la franja que alimenta el objetivo de mínima de la Casa Rosada: que entren –provengan de donde provengan– al menos unos US$ 4 mil millones.
El Gobierno se juega entero a reactivar la economía y desactivar el rally alcista de la cotización extraoficial, que trepó casi 50% en el año hasta una brecha del 100% respecto del oficial, que cotiza a $ 5,20. Por eso mostró como nunca al equipo económico en pleno, como un grupo homogéneo, dos veces en menos de una semana.
Pero de todas maneras, al ser consultados sobre la sensación que los anuncios despertaron sobre la situación general, el 76,8% respondió que son signos de que “la economía va por mal camino”, lejos del argumento oficial de que se trata de medidas para seguir apuntalando el crecimiento en tiempos de crisis internacional.
Y además, otro dato llamativo es que más del 75% de los encuestados vincula también la puesta en marcha de la llamada “exteriorización” de fondos con las últimas denuncias de presunto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, cercano al ex presidente Néstor Kirchner y de una carrera pujante en desarrollo de obras públicas.
Todo, a pesar del esfuerzo oficial por afirmar que los imputados en causas de lavado de dinero –como Báez– no podrán gozar de los beneficios de la norma que esperan entre en vigencia en junio, al menos por tres meses.
Al mismo tiempo, el proyecto, que libera de cualquier “acción civil, comercial o penal tributaria, administrativa o penal cambiaria” a quienes decidan legalizar sus ahorros, despierta la misma bronca de siempre en aquellos que cumplen en tiempo y forma con las obligaciones impositivas.
El 65,2% lo considera “injusto” para los contribuyentes que están al día, y además, un 64,7% entiende que “este tipo de medidas desincentiva el cumplimiento de obligaciones” a futuro.
