El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) concretó la licitación de frecuencias de la telefonía móvil para brindar un servicio más rápido y de mejor calidad. De esta forma, el Estado nacional facilita las condiciones para la inversión privada en telecomunicaciones, las cuales generan el ingreso de más de 27 millones de dólares, equivalentes a 4 mil millones de pesos.
ENACOM completó de manera exitosa el proceso de licitación para el despliegue del servicio 4G en todo el país por la suma de 27.712.912,48 dólares, equivalentes a 4.018.371.310 pesos, lo que asegura una mejora para todos los usuarios y las usuarias de telefonía móvil e impulsa a las empresas prestadoras a brindar nuevos servicios y realizar inversiones, en espectro e infraestructura de redes de telecomunicaciones, lo cual redunda en beneficios para las y los ciudadanos y las industrias.
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El proceso técnico y administrativo, iniciado mediante Resolución 798/22 en mayo de este año, tiene por objetivo aumentar y mejorar la cobertura en aquellas zonas con escasa o nula calidad de servicios móviles. De esta manera, se atiende las distintas solicitudes formuladas por los prestadores, con la finalidad de brindar la posibilidad de que cada uno de ellos pueda incrementar la cantidad de espectro asignado.
A partir de esta asignación y reordenamiento del espectro, se otorgará a las prestadoras Claro, Movistar y Personal la posibilidad de equiparar sus tenencias tanto en las cantidades totales como en las cantidades asignadas en la banda de 2600 MHz. Esto permitirá aumentar la eficiencia en el uso de la banda, dada la nueva disposición en forma contigua de los rangos asignados.
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La materialización de esta política potenciará el acceso a las redes, no solo en las grandes ciudades, sino también en las poblaciones más vulnerables. Del mismo modo, redundará en la ampliación de beneficios económicos y profesionales para todas las regiones del país, al promover la llegada de nuevas inversiones en los distintos sectores productivos.
La actual gestión de ENACOM considera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un derecho humano básico imprescindible para la construcción de ciudadanía y federalismo. Por ello, prioriza la reducción de la brecha digital a través de políticas de Estado para el despliegue de la conectividad con el fin de crear nuevas fuentes de trabajo y desarrollar mano de obra especializada para las industrias del presente y futuro en toda la República Argentina
RM / LR