El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma impulsada por el Gobierno para que las empresas puedan financiar el gasto en despidos, reduciría los recursos del sistema de seguridad social en US$ 2.600 millones anuales, lo que equivale al 0,37% del PBI. Este porcentaje, estimado por el Instituto Argentina Grande (IAG), es casi equiparable a lo que la Oficina del Presupuesto del Congreso calculó que sería necesario para solventar el aumento del bono a los jubilados a $ 110 mil, y la disposición de que sea móvil (0,38 puntos porcentuales del PBI) que el Congreso aprobó y el Ejecutivo vetó con el argumento del costo fiscal que esto tendría. El incremento de las jubilaciones, por año, hubiera representado un costo adicional de 0,41 puntos porcentuales del PBI y mantener las moratorias apenas el 0,08%.
El FAL, incorporado en el artículo 58 de la ley, se conformará con una contribución mensual obligatoria por parte de los empleadores: del 1% del valor de la remuneración en el caso de las PyMES y del 2,5% por parte de las grandes empresas (con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, previa aprobación del Congreso, pueda elevar estas cifras al 1,5% y al 3% respectivamente). Esos porcentajes no significarán un aporte extra para las grandes o pequeñas compañías: se reducirá de las contribuciones patronales que actualmente se realizan al sistema jubilatorio.
Las entidades habilitadas para la administración y resguardo de estos fondos podrán cobrar, en concepto de comisiones y según el artículo 71 de la norma aprobada, hasta el 1%.
“FAL se les llamó históricamente a los fusiles del Ejército. Va a tener un efecto similar sobre los fondos del sistema previsional”, definió en diálogo con este medio Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. Y calificó su creación de “inadmisible”, porque “seguirá desfinanciando un sistema que ya lo está”. En los mismos términos, agregó, “Menem llevó adelante una quita de contribuciones patronales que nunca volvió a los niveles históricos. Tampoco se verificó ni un solo nuevo puesto de empleo”. De hecho, su presidencia terminó con una tasa de desempleo del 14%.
Esos US$ 2.600 millones que “hasta ahora tenían un destino fijo” (el Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA–), expresó el economista Christian Buteler en su cuenta de X, “quedarán libres para colocar deuda pública”. El FAL, agregó, “viene a solucionar los roll-over del Tesoro”.
El IAG comparó esta pérdida que sufrirá la Anses con otros presupuestos: es el doble de lo destinado a ciencia y tecnología (US$ 1.107 millones), cuatro veces superior a lo que se prevé gastar en el mantenimiento de rutas en la provincia de Buenos Aires (US$ 639 millones), y dieciséis veces más que el dinero consignado al Hospital Garrahan (US$ 162 millones).
El objetivo final del Gobierno, reflexionó Semino, “es llegar a un sistema de jubilaciones ‘puras’ e ‘impuras’: desfinanciarlo y tomar a los cinco millones de personas que no tienen aportes directos como una pensión no contributiva. Vamos inexorablemente hacia eso. Una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)para cinco millones de personas”. En febrero el valor de esa pensión –con bono incluido y congelado desde marzo de 2024 en $ 70 mil– es de $ 357.375: el 24% de lo que la Defensoría de la Tercera Edad había calculado que necesitaba un jubilado para vivir en octubre de 2025 ($ 1.514.074). El costo de esta canasta se actualiza cada seis meses, la próxima será en marzo.
La discusión sobre el artículo 44 de la ley de reforma laboral –que reducía hasta un 50% los salarios en caso de licencias por accidente o enfermedad y que finalmente fue eliminado en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados– “ocluyó todos los otros temas”, sentenció el gerontólogo. Lo confirmó la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista en el canal América 24: “No hay mal que por bien no venga”, afirmó en referencia a la eliminación de esta modificación en el pago por licencias. Eso permitió, según ella misma admitió, que quedaran fuera del foco cuestiones controversiales como el FAL, que finalmente fue aprobado.
El principal problema de este cambio en los aportes a la seguridad social se verá en las generaciones futuras, en un contexto de envejecimiento de la población mundial, explicó Semino. “Nos seguimos hundiendo a la velocidad prevista. Todo el mundo, si se detiene a ver lo que está pasando alrededor de su propia vida, se va a dar cuenta de que se está hundiendo. Pero, sin embargo, se transita con eso”.
