El Gobierno decidió cambiar el termómetro de la inflación justo cuando la temperatura de las tarifas amenaza con volver a subir. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) jubilará la vieja metodología basada en una encuesta de 2003/2004 para dar paso a una más actualizada, en 2017/2018. La nueva canasta le da un protagonismo fuerte a los servicios públicos y privados en la medición de los precios, lo que coloca al equipo económico ante una disyuntiva para 2026: mantener pisadas las tarifas para mostrar un IPC moderado o avanzar con mayores quitas de subsidios y asumir un salto en el índice que podría esmerilar la paciencia social en un año no electoral.
El nuevo IPC llega con un delay sugestivo y cargado de especulaciones sobre el timing oficial. Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para actualizar la base del índice finalizaron formalmente en 2024 y, según pudo reconstruir PERFIL, la dirección técnica del Indec tenía la nueva canasta lista desde marzo de 2025. Durante casi un año se realizaron "pruebas en paralelo" esperando el aval institucional que recién llega ahora, en enero de 2026.
La radiografía de los nuevos hábitos: menos comida, más conectividad
En términos técnicos, se deja atrás la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) de 2004 para dar paso a la estructura de gastos de 2017/2018. El índice vigente hasta diciembre de 2025 reflejaba el consumo de una Argentina donde los teléfonos inteligentes apenas existían, el streaming era ciencia ficción y las tarifas estaban congeladas post-crisis de 2001. El nuevo IPC buscará que el dato mensual dé cuenta de los nuevos hábitos de consumo y del peso real que tienen rubros como las telecomunicaciones o la energía, que hoy ocupan una porción mucho mayor del salario.
Según estimaciones de la consultora Equilibra, la nueva matriz del Indec expone esta transformación con ganadores y perdedores claros. El rubro Vivienda, electricidad, gas y otros —la "caja de resonancia" de los subsidios— ganará 5,1 puntos porcentuales de participación, pasando a representar el 14,5% de la canasta total. Esto implica una nueva fragilidad para el plan antiinflacionario: cada punto que aumente la luz o el gas pegará con mucha más fuerza en el número final que antes.
En la vereda opuesta, los bienes pierden terreno frente a los servicios. Alimentos y bebidas, históricamente el rubro con mayor incidencia, registrará un retroceso: pasará de explicar el 27% del índice al 22,7%. Aunque sigue siendo la categoría más pesada, su capacidad de arrastre se diluye levemente. También caen otros bienes transables: Prendas de vestir y calzado se desploma del 10% al 6,8%, y Bebidas alcohólicas y tabaco baja del 3,5% al 2%.
La modernización es palpable en el rubro Comunicaciones, que saltará del 2,8% al 5,1%, reflejando el gasto estructural en internet hogareña y plataformas de entretenimiento. Asimismo, Transporte (que incluye desde boletos de tren hasta mantenimiento de vehículos) trepará al 14,3%, un alza de 3,3 puntos respecto a la medición de diciembre.
Además, la base de 320.000 productos y servicios relevados se ampliará a 500.000 y se añadirá una nueva categoría: Seguros y servicios financieros, que medirá, por ejemplo, cuánto cuesta un seguro del auto o mantener una cuenta bancaria. Según la misma consultora, en diciembre, en vez de 2,8% el IPC hubiera sido de 2,9%, un dato muy similar; y el total del año, que fue del 31,5% con la medición a estrenar, sería de 32,2%.
La trampa de los subsidios: pisar o liberar
El debut del nuevo índice en enero de 2026 no es inocuo para la hoja de ruta fiscal; coincide con un cambio tectónico en el régimen de subsidios energéticos. El Gobierno se despide del esquema de segmentación (N1, N2, N3) para pasar a uno de subsidios focalizados.
El subsidio solo cubrirá a hogares con ingresos menores a 3 canastas básicas (unos $4 millones a valores de hoy) y hasta un bloque de consumo indispensable. Pero, la Secretaría de Energía decidió postergar su aplicación plena para febrero alegando cuestiones "burocráticas" de cruce de datos. Para suavizar el impacto en el índice, el equipo de Luis Caputo diseñó que en el primer mes de aplicación del nuevo esquema se incluirá una bonificación extra del 25% sobre el precio pleno de la energía. El objetivo podría ser evitar un salto brusco en el rubro "Vivienda" que contamine las expectativas de desinflación, luego de al menos tres meses de aceleración en el último tramo del 2025.
Aun con estos amortiguadores, habrá impacto. Según proyecciones de la consultora Economía y Energía, la corrección tarifaria implica aumentos del 20% en luz y del 23% en gas para los sectores de ingresos bajos y medios que pierdan cobertura parcial. Con la nueva ponderación del Indec, ese ajuste irá directo al corazón del IPC de marzo.
El dilema de 2026
El escenario base para el primer semestre queda configurado por esta nueva realidad estadística. El Gobierno enfrenta tres caminos posibles:
Pisar los servicios: si se postergan los aumentos, el nuevo IPC (con menos peso en alimentos y ropa) podría mostrar una inflación artificialmente baja. El costo es fiscal y energético.
Liberar tarifas: si se avanza con un sinceramiento de precios o una mayor quita de subsidios, el componente "servicios" empujará el índice general hacia arriba con una fuerza inédita, rompiendo la convergencia a la baja.
El camino del medio: si el dólar sube (impactando en alimentos) pero los servicios se mantienen regulados, la inflación será más moderada que con la canasta vieja.
La decisión de otorgar bonificaciones en 2026 y postergar la quita total sugiere que el Ejecutivo eligió la cautela. El nuevo IPC alineará la medición nacional con la de la Ciudad de Buenos Aires, que ya usa una canasta moderna y solía dar sistemáticamente un poco más alto por el peso de los servicios.
Durante 2025, los subsidios económicos acumularon una caída del 43% en términos reales respecto al año anterior. Este recorte tuvo su epicentro en el sector energético (luz y gas), donde las transferencias del Estado se desplomaron un 48% real, indicó un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. La corrección se explica por el aumento de las tarifas que cubrieron una mayor porción de los costos. A esto se sumó un ajuste draconiano en el servicio de agua y saneamiento (AySA), donde el Tesoro Nacional avanzó hacia la eliminación casi total de los subsidios operativos para el AMBA, forzando a la empresa a cubrir sus gastos corrientes vía tarifa.
En contraste, la dinámica en el transporte mostró una mayor resistencia política al ajuste. La reducción de los subsidios en este rubro fue del 26% en términos reales, un ritmo significativamente menor al del resto de los servicios. Si bien hubo actualizaciones en el boleto de colectivos y trenes, la dificultad para trasladar el costo técnico pleno a los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires —donde el precio del pasaje sigue muy por debajo del interior— actuó como un freno de mano para la "motosierra", convirtiendo al transporte en el último bastión de los subsidios masivos.
Alberto, Milei y la inflación que no vimos
La consultora Equilibra realizó un ejercicio teórico en el que el nuevo índice, más moderno y preciso, hubiera sido un aliado político impensado para el Frente de Todos y un enemigo para la primera etapa libertaria.
Durante la gestión de Alberto Fernández, caracterizada por el anclaje de tarifas y el atraso de precios regulados, la inflación medida con la nueva canasta (Engho 2017/18) hubiera sido más baja que la reportada oficialmente. Al tener menos peso los servicios (que estaban pisados) y más peso los bienes (como ropa y alimentos, que volaban por la brecha cambiaria), el IPC viejo "castigó" al gobierno del Frente de Todos con un índice más alto.
El caso de Javier Milei es el inverso. Al concentrar su política de shock en la corrección de precios relativos y el sinceramiento tarifario durante 2024 y 2025, el nuevo índice le hubiera jugado en contra. Con una canasta donde la luz, el gas y el transporte pesan casi un 30% en conjunto, la inflación acumulada en los primeros dos años de gestión libertaria habría mostrado un dibujo más alto que el oficial. El termómetro viejo, obsoleto en su ponderación de servicios, amortiguó el impacto estadístico del "tarifazo".
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