En la penúltima sesión del año, el Senado puede convertir hoy en ley los proyectos oficiales de prórroga por dos años de la emergencia económica y la modificación del régimen al impuesto Monotributo. El oficialismo, que cuenta con mayoría propia hasta el 10 diciembre, da por sentado que conseguirá la aprobación que reclama con urgencia el gobierno nacional y además puede conseguir la sanción de las iniciativas que establecen un régimen penal aplicable a personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal y cambios en la modalidad de ventas de medicamentos catalogados como de libre expendio.
Los dos proyectos económicos ya tienen la sanción de Diputados y la semana anterior obtuvieron dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y comenzarán a ser debatidos a las 11 en el recinto del Senado.
Con la prórroga de la emergencia económica, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner buscará gobernar lo que resta de su mandato bajo el amparo de esa norma, ya que en el texto se pide prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2011, y así no verse obligada a negociar durante los últimos meses de su gestión con un Congreso donde no contará con mayoría propia. Esa ley faculta al Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar los contratos de los servicios públicos privatizados, regular precios de la canasta básica y reordenar el sistema financiero.
La emergencia pública fue votada por primera vez en enero de 2002, tras la salida anticipada del gobierno de Fernando de la Rúa y el estallido de la crisis económica, y desde entonces ha sido prorrogada todos los años.
El proyecto que modifica el régimen del Monotributo, establece la eliminación de la primera de las categorías, o sea que los contribuyentes que facturaban hasta 12 mil pesos serán incorporados a la escala siguiente, por lo que el sistema arrancará con una categoría con un tope de facturación de 24 mil pesos al año y pagarán una cuota de 219 pesos por mes.
Según anunció el Gobierno, un 70 por ciento de lo que se recaude por el monotributo irá al financiamiento de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y el 30 por ciento restante se destinará a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires en forma diaria y automática.
Fuente: DYN
