Desde IDESA sostienen que la nueva propuesta del gobierno mantendrá la fuerte incidencia de los subsidios sobre el déficit fiscal y la inequidad de seguir subsidiando a familias de ingresos medios y altos consumos.
PARA TODOS Y TODAS. En Córdoba se vienen más aumentos y no habrá “sintonía fina”. |
Cedoc
Dentro de las transferencias que realiza la Administración Pública Nacional las que tienen un mayor peso son las destinadas a abaratar los servicios energéticos, disociando el costo de la electricidad y el gas del precio pagado por los hogares.
En ese sentido, el último informe de IDESA detalla por qué aumentar las tarifas tiene efectos adversos. Desde el instituto subrayaron que esa clase de medidas tienen afectan los ingresos de los hogares al reducir los salarios reales y la capacidad de consumo de los mismos. Asimismo, impacta en el frente electoral del gobierno de turno.
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Por otro lado, señalan que el congelamiento de tarifas suele tomarse como una medida cortoplacista para “proteger” a los más vulnerables, sin embargo, según datos oficiales, el 50% de los usuarios de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica
La segmentación y los distintos grupos de usuarios
Frente a esta disyuntiva, el gobierno actual estableció un sistema de tarifas segmentadas, mediante el cual los usuarios de los servicios de gas y electricidad pasarán a dividirse en 3 grupos según su nivel de ingresos.
El primer nivel serán los únicos en pagar la tarifa plena e incluye a quienes tienen ingresos mensuales netos superiores a 3,5 canastas básicas totales o posean 3 o más autos o inmuebles, o tengan aviones o barcos, o acciones en empresas.
El segundo nivel está conformado por los beneficiarios de la tarifa social con ingresos menores a $95mil mientras que el tercer nivel es un intermedio entre los dos anteriores quienes tendrán que inscribirse en el Registro de Acceso de Subsidios a la Energía (RASE) si aspiran a no pagar la tarifa plena.
Desde el instituto explican que un esquema de tarifas consistente con el objetivo fiscal debería ser totalmente contrario a lo que se propone.
"Todos los usuarios deberían pagar la tarifa plena menos los usuarios de menores ingresos que serían elegidos para recibir una tarifa social que financie el mínimo consumo indispensable", sostienen.
Siguiendo el esquema que plantea el gobierno y analizando los datos de la EPH solo el 5% de los hogares pagaría la tarifa plena. El porcentaje restante, si se inscribe en el RASE, mantendría el consumo fuertemente subsidiado. "De esta forma, se mantendrá la fuerte incidencia de los subsidios sobre el déficit fiscal y la inequidad de seguir subsidiando a familias de ingresos medios y altos consumos", concluyen.
