El último dato del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que publicó el INDEC registró una variación en septiembre de 11,6% respecto al mismo mes de 2020. Mientras que el indicador desestacionalizado se incrementó 1,2% respecto de agosto de 2021. Si bien el dato es positivo, no es posible afirmar que estamos ante un claro proceso de reactivación económica.
Hay varios aspectos que no convergen en una recuperación económica. La inflación mensual se mantiene en torno al 3% y 4%, la política fiscal expansiva financiada con emisión se plantea como un impulso a la inflación en lugar de mayor actividad, la incertidumbre política en relación a la administración del poder en el partido de gobierno y la ausencia de un programa macroeconómico de estabilización que coordine las expectativas de los agentes económicos.
La diversidad de factores que acercan a la economía hacia un punto de mayor inestabilidad se asocia con mayor inflación e incertidumbre sobre la gestión de gobierno donde los funcionarios de gestión se diferencian sustancialmente de los políticos. Es clave coordinar comportamiento para, al menos, establecer ciertas condiciones para un proceso de desinflación.
Un proceso de desinflación de una economía con inflación crónica tendrá efectos redistributivos de mayor intensidad que en casos de inflación reciente. Los efectos redistributivos se observarán en aquellos agentes que no podrán actualizar sus ingresos en similar cuantía que los ajustes de precios a los que se enfrentaron previamente debido a que un programa de estabilización deberá tener reglas y objetivos establecidos, entre los que se encontrarán la interrupción o suavización del monto de la actualización de los precios. Potencialmente se presentarán sectores más dinámicos como los vinculados a servicios profesionales, mientras que otros regresivos como los del sector informal.
La política fiscal del primer semestre del año era correcta en términos de estabilización, es decir, se suavizó y restringió la expansión del gasto y se suspendió la emisión monetaria. No obstante, la dominancia política frente a las elecciones de medio término desactivó la gestión económica.
Desde la experiencia histórica, la dinámica inflacionaria se controla con la implementación de un programa acordado que determine menor expansión fiscal y donde se establezca una estrategia clara en relación al financiamiento del déficit fiscal. Es necesario instrumentos que funcionen como ancla de expectativas y coordinen a los agentes económicos con los objetivos de la política económica. Esto ocurrió temporalmente con el plan Austral y, posteriormente, con la Convertibilidad de la década de 1990.
Las inflaciones de dos dígitos, consideradas medias y relativamente altas, son complejas de gestionar ante la ausencia de medidas integrales que al menos tengan un ancla, medidas ortodoxas como la contracción monetaria mediante el ajuste de tasa de interés y siendo posible algún elemento heterodoxo como una política de ingresos hacia los sectores más vulnerables. Todos estos elementos deben ser anunciados y acordados en un gran espectro político.
Esencialmente las inflaciones crónicas, de largos períodos de estabilidad, afectan a los agentes económicos en general dado que los ingresos son acordados previamente, esto es sueldos, rentas financieras, alquileres, etc. Los ajustes de los ingresos, principalmente del trabajo, se exponen a desfajes temporales, es decir, los salarios se modifican con menor frecuencia que la inflación y, en muchos casos, por debajo de la misma.
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Los salarios del sector informal se deterioran con mayor intensidad ante inflaciones persistentes dado el menor poder de negociación de esos sectores. A su vez, los trabajadores informales se exponen a mayores efectos derivados del mayor aumento relativo de la canasta alimentaria respecto a sus ingresos generando distorsiones a lo largo de los ingresos de la población cuya principal fuente de ingresos son los salarios.
Esto también se observa en la población que no tiene acceso a los servicios públicos como el gas de red en relación a los habitantes de los centros urbanos que sí lo tiene, pues el gas envasado es más costoso que el suministro de red. En consecuencia, al observar este precio en términos relativos, claramente se ven afectados los ciudadanos sin acceso al mismo lo cual conforma un complejo de distorsiones intrasector asalariado.
Las distorsiones de los precios de la economía tienen amplio alcance ante inflaciones sostenidas generando lo que denominamos distorsiones de los precios relativos. En concreto, las disparidades en los ajustes entre distintos bienes y servicios de la economía los podemos observar en el tipo de cambio y las tarifas públicas. Ante el atraso de las tarifas con el objetivo de no afectar los salarios de trabajadores que utilizan ese servicio diariamente, se genera la necesidad de subsidios. El subsidio implica un crecimiento de los egresos públicos y, ante restricciones al financiamiento del sector público, la emisión monetaria se transforma en un potencial impulso inflacionario.
Si bien los bancos centrales pueden sostener la actividad económica solo temporalmente mediante una gestión monetaria expansiva, ya sea disminuyendo tasa de interés o generando un crédito transitorio para la política fiscal, en períodos de inflación sostenida esto es solo una ilusión monetaria dado los efectos sobre los precios, en mayor o menor medida. Ciertamente, el mecanismo de transmisión a precios se genera con desfajes temporales, pero en la transición se observa que las expectativas, las presiones en el tipo de cambio y las decisiones de los formadores de precios se constituyen como el principal impulso inflacionario.
La gestión política debería trasladar el poder casi exclusivamente al Ministerio de Economía y el Banco Central en el manejo de la estabilización. Sabiendo que los instrumentos de gestión son escasos, la incertidumbre derivada de la política plantea una mayor complejidad para los hacedores de política económica.
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La incertidumbre que genera la tensión política del oficialismo desde las elecciones primarias se traducen, al menos parcialmente, en la pérdida de reservas y de credibilidad sobre la gestión económica. Esto es costoso no solo en términos económicos sino sociales, pues tenemos una economía con altos niveles de pobreza derivado de un período prolongado de estanflación que afecta a la productividad del trabajo y a la calidad de los puestos de trabajo futuro para los ciudadanos en edad de formación. En concreto, familias que se enfrentan a dificultades crecientes en términos alimentarios naturalmente se exponen a mayores dificultades para solventar la educación formal y, en consecuencia, la capacitación para insertarse al mercado laboral.
Esto es uno de los aspectos que observamos desde el proyecto Productividad Inclusiva del IAE y la FCE de la Universidad Austral. No solo es esperable la estabilización sino también y como una política pública determinante para la sustentabilidad socioeconómica, la gestión de gobierno deberá sentar las bases para que se restablezca el crecimiento económico con impulso a una mayor productividad de la economía con inversión e inclusión al mercado de trabajo de todos los ciudadanos en condición de hacerlo; es decir, adoptar una perspectiva integral de la política económica en lugar de una mirada unidimensional del crecimiento económico.
* Investigador del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral y uno de los autores del Informe Económico Mensual (IEM) de la misma escuela de negocios.
