El barbijogate supuso un cambio drástico en el esquema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad para combatir la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta terminó de delinear un nuevo proceso de control interno y validación de cada compra para evitar nuevos traspiés. El nuevo sistema incluye una declaración jurada obligatoria por parte de las empresas donde quede establecido que no hay conflictos de interés con los funcionarios porteños.
En este contexto, el nuevo esquema de compras supone cuatro etapas. La primera tiene que ver con la evaluación del gasto y la contratación en cuestión. De eso se ocupará la Jefatura de Gabinete a través de Patricio Avellaneda, secretario de Planificación, quien analizará la compra para ver si es viable y si hay fondos para realizarla.
En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda le brindará un informe al área que requiere la compra con valores indicativos del producto con topes. No se trata de precios de referencia, como en Nación.
La tercera etapa se dará cuando el organismo recibe la oferta de los proveedores: será obligatoria una declaración jurada por parte de la empresa, que supondrá una presentación vinculada a los conflictos de intereses. Allí se deberá informar si el proveedor tiene alguna relación familiar directa o indirecta con funcionarios del Gobierno porteño. También deberá informarse si, en las empresas asociadas, hay algún tipo de ligazón con otras sociedades.
Una de las cuestiones que apareció con el barbijogate fue que el hermano del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, aparecía en una empresa de seguros con Ignacio Sáenz Valiente, que quiso vender barbijos vencidos y luego se tuvo que dar de baja la licitación. Rodrigo Miguel nunca fue proveedor del Gobierno pero su socio, con Green Salud SA, estuvo cerca de serlo.
Tras este paso, antes de adjudicar, si la licitación avanza, el organismo deberá volver a requerirle al área de Compras que le entregue un informe con los valores indicativos a la hora de adjudicar. Si son cercanos, se avanzará. Si está muy por encima, el expediente volverá a la jefatura de Gabinete para analizar qué se hace.
En la Ciudad apuntan que, aunque el valor esté por encima de los indicativos, la ley de Compras habilita, por catástrofe o pandemia, a realizar la compra en el marco de la emergencia. Ahora habrá una “evaluación detallada” de cada una.
