La ley penal empresaria obliga a dejar de usar las ‘coimas diarias’

A partir del 1º de marzo, las empresas tendrán que mantener “un comportamiento ético y responsable” frente a coimas y tráfico de influencias si quieren participar de licitaciones públicas. En ese momento empezará a regir la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, empresaria, que también prevé sanciones por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
“Las empresas tienen que demostrar que tienen medidas anticorrupción”, explica Mariano Fernández, gerente de Business Risk Management de San Martín Suárez y Asociados.
Los sobornos diarios son uno de los puntos que preocupan a las firmas. “Los delitos abarcan a todos los empleados, no solo los directores. También a las empresas contratadas”, marca Fernández. “Las coimas pueden ser por un permiso, una habilitación, dádivas. Están enquistadas en la sociedad”.

Así, las empresas están en la disyuntiva de denunciar el pedido de coima –que puede generar “represalias” no oficiales– o pagar y ser cómplices. “Muchas de estas cosas se hacen con un facilitador”, agrega Fernández, que recuerda que Odebrecht tenía un departamento específico para el pago de coimas.

“No es la ley que se hubiera querido, la que respondía a todos los lineamientos. Son condiciones para el ingreso a la OCDE”, detalla Norberto Saraceni, socio de la firma Baker Tilly. “La corrupción en la Argentina tiene que ver con relaciones con el Estado. Las empresas que contraten con el Estado tienen que cumplir con esta ley”, agrega.
En las firmas de consultoría, están divididos entre quienes ven poco interés y los que señalan que los clientes están consultando la forma de ponerse al día.
Lo que sí generó es un menú de opciones para compliance y planes para crear un código de ética. En lo que coinciden es en que hay más dificultades para implementarlas en las pymes que quieran ser proveedoras del Estado. “Se prevé que sea una exigencia a partir de un determinado monto que definirá cada ministerio para sus contrataciones”, señaló Saraceni.

Autodenuncia. Cualquier sanción puede ser eximida, explica el especialista de Baker Tilly. Para eso tiene que haber una autodenuncia, pero la firma tiene que tener un sistema de control, además de devolver el supuesto beneficio de la operación denunciada. “Es como hacer un blanqueo”, indica.
En tanto, quedan puntos por resolver: “¿Cómo los jueces van a gravar las penas? ¿Van a ir por la mínima o la máxima?”, plantea Saraceni.