La ONU alertó que 735 millones de personas sufren hambre en todo el mundo
Cinco organismos de las Naciones Unidas confeccionaron un informe que da cuenta del crecimiento de la inseguridad alimentaria en los últimos cuatro años.
Entre 2019 y 2022, hubo un incremento de 122 millones de personas que sufren hambre en el mundo. |
Organización de Naciones Unidas (ONU)
Un informe elaborado por las Naciones Unidas (ONU) arrojó que 735 millones de personas padecieron hambre en 2022, lo que representa un aumento de casi 20% o 122 millones más que en 2019, antes de la pandemia de coronavirus.
El estudio denominado 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo' (SOFI) fue confeccionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Los detalles del nuevo informe de la ONU sobre el hambre mundial
Las estadísticas exhiben que entre 2021 y 2022 hubo avances en la reducción del hambre en América Latina y en Asia pero el flagelo social siguió creciendo en Asia occidental, el Caribe y todas las subregiones de África, informó Europa Press.
Por otra parte, la investigación prevé que casi 600 millones de personas padecerán subalimentación crónica en 2030. "Esto representa unos 119 millones más que si no hubieran ocurrido ni la pandemia ni la guerra en Ucrania, y alrededor de 23 millones más que si no hubiera ocurrido la guerra en Ucrania", explicaron los autores del texto.
En tal sentido, señalaron que alrededor del 29,6% de la población mundial (2.400 millones de personas) sufrió de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2022. Entre ellas, unos 900 millones (11,3 % de la población mundial) sufrían inseguridad alimentaria grave.
Al mismo tiempo, la falta de seguridad en la alimentación tuvo mayor incidencia en los adultos que habitan en zonas rurales (33,3%) ante el 28,8 % de los que vivían en áreas periurbanas y el 26% de los que residían en regiones urbanas.
"En 2022, 148,1 millones de niños y niñas menores de cinco años (22,3%) padecían retraso del crecimiento, 45 millones (6,8%) sufrían de emaciación y 37 millones (5,6%) tenían sobrepeso. La prevalencia del retraso del crecimiento y la emaciación era más elevada en las zonas rurales, mientras que el sobrepeso era algo más frecuente en las zonas urbanas", calcularon.
Y agregaron: La prevalencia del sobrepeso infantil corre el riesgo de aumentar con el problema incipiente del elevado consumo de alimentos altamente procesados y fuera del hogar en las zonas urbanas, que se extiende cada vez más hacia las zonas periurbanas y rurales".
Hambre y urbanización: un proceso que preocupa a los expertos
Desde la ONU anticiparon que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades hacia 2050 y la creciente urbanización "está provocando cambios en los sistemas agroalimentarios a lo largo del continuo rural-urbano".
"Estos cambios representan tanto desafíos como oportunidades para garantizar a todas las personas el acceso a dietas asequibles y saludables", advierten.
Entre los obstáculos a sortear, el informe enumera "una mayor disponibilidad de alimentos de preparación fácil o precocinados y comidas rápidas más baratos, que suelen ser hipercalóricos y con un alto contenido de grasas, azúcares o sal; una disponibilidad insuficiente de hortalizas y frutas para satisfacer las necesidades diarias de las dietas saludables para todos; la exclusión de los pequeños agricultores de las cadenas de valor formales, y la pérdida de tierras y capital natural debido a la expansión urbana".
Sin embargo, los organismos dependientes de las Naciones Unidas también destacan que la urbanización ofrece oportunidades ya que da lugar "a cadenas de valor alimentarias más largas, formales y complejas, que amplían las actividades que generan ingresos en el empleo rural no agrícola y aumentan la variedad de alimentos nutritivos".
A fin de reducir el hambre global, los autores proponen a los gobiernos poner en marcha políticas públicas coherentes "a nivel local, regional y nacional mediante la participación de las partes interesadas en los sistemas agroalimentarios a todos los niveles".
