El inicio del ciclo lectivo en el interior del país estuvo cruzado por conflictos docentes que impactaron también en las provincias aliadas al gobierno de Javier Milei que apoyaron con los votos en el Congreso leyes claves para la Casa Rosada. Desde el entorno de los gobernadores plantearon que el envío de los 47 mil millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) “no cubre ni el 6% de lo que se perdió de coparticipación”.
Corrientes, la provincia que recibió un mayor monto de ATN, ocho mil millones de pesos, continúa en conflicto tras una masiva marcha, luego de la cual el gobierno de Valdés retrocedió sobre descuentos de hasta 300 mil pesos a quienes habían participado del paro nacional docente del 2 de marzo.
La provincias que siguen beneficiadas por los ATN son Mendoza, $ 7 mil millones; Entre Ríos, $ 6 mil millones; Misiones, $ 5.500 millones; San Juan y Chaco, $ 4 mil millones cada una; Salta, $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut, $ 2.500 millones cada una; y Jujuy y Neuquén, $ 2 mil millones.
En ninguno de los casos, los mandatarios provinciales aseguraron estar conformes con lo recibido y en todas estas provincias hay diferentes grados de conflictos sindicales, algunos especialmente radicalizados.
El miércoles pasado, la Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, fue el epicentro de una marcha de antorchas impulsadas por docentes y estatales. El sindicato de maestros jujeños Cedems viene protagonizando un duro conflicto con paros, cortes de ruta y acampe en la puerta del ministerio provincial de Educación.
Situación similar en Misiones, donde el conflicto docente sigue activo y tiene varias aristas: hay medidas de fuerza provinciales en reclamo de salarios dignos y rechazo a la reforma laboral y educativa impulsada desde Nación, con paros provinciales convocados por agrupaciones y sindicatos locales como FTEL y la Mesa de Unidad Docente, que denunciaron condiciones “desesperantes” y convocaron a huelgas con diferentes modalidades a lo largo del mes.
En Catamarca, el conflicto lo llevan adelante principalmente docentes autoconvocados que rechazan el acuerdo salarial firmado por la paritaria, al considerar que es insuficiente frente al costo de vida. Exigen un salario mínimo de $ 1.300.000, critican que acuerdos paritarios los cierren hasta 2027 y sostienen que el actual básico (por debajo de $ 870 mil) está muy lejos de cubrir necesidades y la canasta familiar.
En San Juan también hay protagonismo de sectores autoconvocados y opositores a las conducciones gremiales tradicionales. Los reclamos principales giran en torno a la recomposición salarial real y el rechazo de las propuestas oficiales, que según los manifestantes “no alcanzan frente al ajuste general de precios y tarifas”.
En Córdoba, el conflicto incluye paros y medidas de fuerza formales con niveles de acatamiento del 80% y rechazo de ofertas salariales condicionadas por la recaudación provincial.
En Salta, Tucumán y Santa Cruz, lideradas por gobernadores opositores que también cambiaron apoyo parlamentario por envíos de ayuda económica, la situación no es menos grave: paros, cortes de ruta y rechazo a las propuestas salariales.
En Modo Fontevecchia, el dirigente radical y auditor de la Nación, Luis Naidenoff, aseguró que “de seguir este ahogo presupuestario a las provincias, hay gobernadores que podrían no poder pagar los sueldos”, lo que sería un agravante a la ya delicada situación conflictiva en el interior del país.
