La adhesión a la moratoria impositiva 2020 que fue prorrogada hasta el 15 de diciembre alcanzaba hasta ayer al 72% del total de la deuda, indicó este martes la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Mercedes Marcó del Pont, quien aseguró que “superó nuestras expectativas”,
“La adhesión a la moratoria superó nuestras expectativas, se decidió prorrogarla por 15 días, no más, porque hubo pedido de empresas y cámaras que solicitaron un poco más de tiempo”, explicó la funcionaria.
Fue en el marco de su participación en la 26ª Conferencia Industrial de la UIA. en el panel “Sistema tributario un rediseño que promueva la producción y el federalismo”, donde fue entrevistada por el presidente del departamento de políticas tributarias de la entidad fabril, Carlos Abeledo.
Marcó del Pont detalló que del porcentaje de adhesión cosechada, un 72% es de deuda de pequeñas medianas y el 28% es de grandes empresas
Además resaltó como un dato“elocuente” que “el 21% es adhesión de empresas del sector industrial”.
“Otro dato que nos pareció interesantes porque habla de un horizonte, es que se incorporó deuda que no estaba exteriorizada cuando hicimos la moratoria en diciembre de 2019, hay casi $80 mil millones más de deuda que se incorporó y eso supone que la quita promedio asciende a cerca del 34%”
En ese sentido, la funcionaria puntualizó que eso implica para el Estado argentino “un esfuerzo fiscal de $133 mil millones”.
“Creemos que va a ser este alivio que se le está otorgando al sistema productivo, y a las personas humanas, para encarar hacia adelante la consolidación de este proceso de recuperación que se está verificando, todavía muy heterogéneo, con algunos sectores aún complicados”.
Según los datos de la AFIP, desde que se habilitó a mediados de septiembre la adhesión a la ampliación de la Moratoria 2020 se generaron más de 660 mil planes. Las cifras preliminares muestran que los contribuyentes regularizaron deudas por un monto superior a los $390 mil millones.
Marcó del Pont también subrayó que en este año de crisis de la pandemia nos hemos concentrado mucho en impulsar muchos programas de transferencias de recursos hacia el sector privado como fue el ATP, el IFE, programas de crédito subsidiado, etc”.
Al respecto, detalló que “por el ATP, la parte del salario complementario, son aproximadamente $230 mil millones que se transfirieron en pagos de salarios de las empresas del sector privado en Argentina y estamos muy contentos porque esto permitió amortiguar el impacto de una crisis sin precedentes”.
“A veces la cuestión tributaria hay que mirarla como forma de financiamiento del estado nacional en función de estas tareas de promover la actividad productiva y de redistribuir el ingreso y la riqueza de una nación”, alegó.
Reforma tributaria. Al ser consultada sobre el futuro esquema de reforma tributaria, Marcó del Pont consideró que "quizás los problemas que se presentan en la esfera de la producción no necesariamente tienen que ver tanto con cuestión de la presión tributaria, si uno mira la experiencia internacional y los procesos de industrialización están más mucho más asociados a otras variables que tienen que ver con precios relativos, con preservación del mercado interno, con la disponibilidad del crédito”
En ese sentido, aludió a proyectos que ingresaron al Congreso como una iniciativa “para promover los instrumentos de ahorro en pesos que estén vinculados a la producción, y con estímulos tributarios”, y añadió que "estamos pensando en mecanismos para promover la construcción del sector privado, y eso también incluye beneficios tributarios”.
Luego de la intervención de la funcionaria, hablaron el diputado nacional y vicepresidente de la Comisión Nacional de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, y el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economia, Roberto José Arias.
Consultado sobre cuales deberían ser los aspectos prioritarios de la próxima reforma tributaria, Laspina planteó que hay tres ejes sobre los cuales hay que trabajar: “la carga tributaria que es enorme en Argentina; la calidad de la estructura tributaria; y el tercero es respecto a la estabilidad”.
Sobre la carga tributaria, el legislador enfatizó que “estamos en el país más gravoso de la tierra, cuando uno mira el ranking que elabora el Banco Mundial, Argentina ocupa el lugar 189 sobre 190 países, con una carga del 106%” mientras que “Brasil tiene una carga impositiva formal de las empresas de 65%”.
En cuanto a la calidad de la estructura de impuestos, sostuvo que “hay tres sesgos que están ahogando el crecimiento: un sesgo antiexportador, antiinversión, y antiempleo, que hay que revisar”.
“Y hay que atender la enorme inestabilidad que tiene que ver con el cambio de las reglas de juego que en el sistema tributario es enorme, desde diciembre de 2019 se subieron 14 impuestos”, agregó.
A su turno, Arias señaló que “la realidad es que Argentina tiene un sistema tributario con muchos problemas estructurales que vienen de fondo que vienen de hace muchos años”.
El funcionario dijo que al asumir el actual gobierno se puso el foco en cuatro objetivos: recuperar su función principal que es financiar el gasto público, recuperar la progresividad; promover o no castigar el empleo, las exportaciones y por último el tema de la simplificación".
Arias reconoció que "como país federal tenemos un problema serio de la complejidad administrativa que tiene que ver con cumplir con todos los sistemas de recaudación, nacional, provincial y municipal".
Por su parte, Abeledo planteó que los ejes de la propuesta de la UIA en materia impositiva contempla que "debería haber incentivos concretos a la inversión, un régimen acelerado de amortizaciones que permita que el capital de trabajo que se utilice sea recuperado ràpidamente, deducción de interés sobre capital propio, la reducción de la tasa corporativa que es un incentivo concreto a la reinversion de utilidades, la eliminación de impuestos distorsivos, como el el tributo al débito y crédito", entre otras sugerencias
