El lunes pasado, en la Casa Rosada, el Presidente dedicó varias horas a explicarles a sus legisladores el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, el texto que el gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas y que integra los compromisos firmados con el FMI. Según lo presentado por el propio Ejecutivo, la propuesta reduce el mandato de la entidad a un único objetivo, preservar el valor de la moneda; prohíbe todo financiamiento directo o indirecto al Tesoro; elimina las letras intransferibles; restringe el giro de utilidades del BCRA y crea sanciones para quienes autoricen emisión. La referencia histórica es transparente: la carta orgánica de 1992, sancionada junto con la ley de convertibilidad, decía prácticamente lo mismo. Aquella arquitectura entregó una década de estabilidad de precios acompañada de fábricas cerradas, desempleo de dos dígitos y una salida traumática en 2001. Treinta y cuatro años después, el oficialismo propone una convertibilidad de hecho: un uno a uno con una lógica similar en el BCRA aunque sin la caja de conversión, un ancla nominal blindada por ley, la política monetaria y fiscal atadas, y el nivel de actividad como única variable de ajuste.
Conviene mirar qué economía quedaría congelada si el proyecto prospera. Porque el único motor serían las economías de enclave (o sea la demanda externa y no la interna), dejando afuera de la cancha herramientas redistributivas progresivas, tributarias, fiscales, a cargo del Estado, que son claves en un país con tantas necesidades de un peso extra para mejorar el consumo, en la mayoría de las familias.
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en abril quedaban 484 mil empleadores activos: 28,3 mil firmas menos que en noviembre de 2023, una caída del 5,5% que ya supera la sangría del tramo más duro de la pandemia. De cada cien empresas dadas de baja, 98 eran pymes. El SIPA completa el cuadro laboral: 235 mil asalariados privados registrados menos desde el cambio de gestión, casi 128 mil solo en el último año, con doce meses consecutivos de retroceso. Un dato adicional desarma la promesa del derrame: hasta minas y canteras, el sector estrella del modelo, redujo su dotación un 5% interanual.
Los precios cuentan la otra mitad de la historia. Las elaboraciones del IAG sobre datos del Indec muestran que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 la inflación acumuló un 320%, mientras el salario privado registrado subió 281% y el dólar mayorista, 295%. Las tarifas de luz, gas, agua y combustibles treparon 602%. El esquema abarató los bienes con dólar planchado y apertura importadora, y descargó el costo del orden sobre los servicios que pagan los hogares y sobre los ingresos. La mora de las familias, en máximos desde la convertibilidad según el Banco Central, mide ese esfuerzo cotidiano.
El resultado es una economía en forma de K. Entre los primeros cinco meses de 2023 y los de 2026, la minería creció 19,7%, la industria cayó 11,6% y la construcción se hundió 22,8%, de acuerdo con el IAG en base al Indec. Las exportaciones de energía suben 44,7% en el año y el saldo comercial de enero a mayo roza los 12 mil millones de dólares, el mejor en al menos 36 años. Michal Kalecki explicó hace casi un siglo por qué semejante bonanza convive con empresas rotas: las ventas y las ganancias del conjunto empresario se sostienen con lo que la economía gasta, es decir, inversión, consumo, gasto público y saldo externo. Cuando el programa comprime salarios, encarece el crédito y recorta la inversión pública nacional del 1,3% al 0,4% del PBI, el mercado interno se achica y el superávit comercial récord queda corto para compensarlo. Kalecki dejó además una advertencia política: existen coaliciones que valoran la disciplina que impone el desempleo por encima de sus propias ganancias. La carta orgánica propuesta convierte esa preferencia en ley y congela la K: enclaves que crecen, tejido productivo que se sigue rompiendo.
Defendemos las exportaciones de la cordillera y de Vaca Muerta: esos dólares despejan la restricción externa que asfixió a la economía argentina durante medio siglo, pero algunos instrumentos del RIGI merecen una discusión seria. La crítica apunta al desaprovechamiento: los megaproyectos obtienen estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años y quedan liberados de exigencias de proveedores nacionales, valor agregado, absorción tecnológica, acuerdos con universidades y empleo calificado. Las escalas productivas se construyen en los centros urbanos, donde vive y trabaja la mayoría: la cordillera aporta divisas; el conurbano, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán aportan fábricas, comercios, universidades y consumo.
Una macroeconomía con obra pública estratégica -agua, energía, rutas, logística, hospitales y escuelas- y con reglas que conviertan renta exportadora en densidad productiva, contemplando la mejora del empleo en los sectores de servicios de baja calificación, puede transformar esta oportunidad en trabajo registrado. Ese debate está pendiente, y conviene darlo antes de que lo congelen por ley.
* Coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande.
