“No alcanza con saber que trabajamos reponsablemente. También hay que saber comunicarlo”, fueron las categóricas declaraciones que eligió Adrián Vilaplana, el vocero de Monsanto luego de analizar las últimas críticas que le hicieron las nuevas autoridades de Medio Ambiente cordobesas al estudio de impacto ambiental que presentara la firma. Vale consignar que la multinacional planea instalar en la provincia —sin éxito todavía—, la que sería la mayor planta de procesamiento de semilla de maíz de la Argentina y una de las más grandes del mundo.
El caso es que sigue sorprendiendo la virulencia que despertó este proyecto, sobre todo cuando en el país hay más de 40 establecimientos similares, e incluso Monsanto tiene hace dos décadas una planta similar en Rojas, provincia de Buenos Aires. La semana pasada, PERFIL había informado en profundidad acerca de la iniciativa, la reacción y las implicancias.
Vilaplana rescata de este episodio la oportunidad para una autocrítica acerca de la gestión de los agronegocios que tanto han crecido en los últimos años. “Si esta crisis sirvió para algo es para sentar las bases de un nuevo modelo más participativo”, indicó en diálogo con PERFIL. “Estamos deseosos de encontrar canales; creemos que con nuestra actitud estamos favoreciendo una discusión más amplia donde tengan participación otros actores como las universidades”, refrendó. Para la compañía, el principal escollo es que quienes bloquean la construcción de la planta desde el 19 de setiembre pasado no se sientan a dialogar cuando la idea de Monsanto es bajar el tono de conflicto y clarificar información para la opinión pública. “Hay que explicar lo que se hace, y quien hace las cosas mal debe ser sancionado, porque claro que existen buenas y malas prácticas agronómicas; entonces creemos que este es un debate necesario, que hay seguir profundizando”, agregó.
Según los cálculos de la firma, la obra civil debía estar finalizada para fines de 2013 y a la fecha no se ha podido avanzar más de un 20% en su construcción.
Por lo pronto, la firma no readecuará el estudio de impacto ambiental presentado, sino que harán uno nuevo. “Vamos a hace un estudio de impacto ambiental de cero, que nos puede llevar 4 o 5 meses más, y en paralelo vamos a trabajar en una audiencia pública para sumar a todos los actores sociales que quieran participan del debate”, reafirmó Vilaplana.
El negocio de las semillas
No es por capricho que la provincia de Córdoba sea la elegida para instalar la planta de maíz de Monsanto. De hecho se habla, al menos, de dos multinacionales más que estarían viendo con buenos ojos montar emprendimientos similares, pero esperarán hasta que haya definiciones en este litigio.
Por lo pronto, en la Argentina se siembran anualmente cuatro millones de hectáreas de maíz y 20 millones de hectáreas de soja. Todos los especialistas estiman que el área de cultivo deberá crecer en los próximos años, no sólo para no comprometer la supervivencia del sistema agronómico, sino también porque se mantiene firme la demanda de este commodity en el mundo que se usa no sólo para alimentación humana y animal sino también para producir energía. Y justo en el país, el área donde este cultivo más puede crecer es en Córdoba, habida cuenta de lo que ya se ha desarrollado en el norte de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe.
Por lo pronto, la industria de la semilla lo tiene bien en claro. Una bolsa de semilla de maíz que pesa 50 kilos cuesta unos US$ 200, al tiempo que una tonelada del grano cotiza a US$ 160 dólares la posición mayo en el mercado a término.
Por algo la industria sostiene que vender semilla es vender valor agregado.
