Guillermo Moreno redobló la apuesta. Si bien todavía ninguna de las consultoras multadas por difundir sus índices de inflación pagó los $ 500 mil que les reclamó el secretario de Comercio Interior, anteayer volvieron a recibir una nueva notificación. Y, como ocurrió antes en esta embestida contra los cálculos privados, a través de la agencia de noticias oficial Télam , el Gobierno dejó trascender que el castigo podría ser peor: la cárcel.
“Como no nos pudieron callar con las multas, vuelven a amenazarnos para silenciar las opiniones distintas”, denunció Santiago Paz, de Ecolatina. La ex directora del IPC del Indec Graciela Bevacqua adelantó: “Si un juez no me prohíbe publicar mis datos, lo seguiré haciendo”.
Como cuando comenzó la batalla de Moreno contra las consultoras, en las nuevas notificaciones que recibieron los economistas –enviadas por la dirección de Lealtad Comercial, que depende del despacho del polémico funcionario– se les fija un plazo de 48 horas hábiles para que defiendan, de nuevo, su metodología para calcular las subas de precios; cada caso en particular.
