El Gobierno abrió este jueves las ofertas económicas para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la propuesta más alta fue la presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua. El grupo ofreció US$ 340,2 millones por el 90% de las acciones y superó a la alternativa encabezada por el Grupo Roggio, que ofertó US$ 285 millones.
La diferencia entre las dos propuestas fue de US$ 55,2 millones, por lo que la oferta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX resultó un 19% superior. Como la licitación se realizó sin precio base ni mínimo y ambos participantes ya habían superado la evaluación técnica, la definición dependió exclusivamente del monto ofertado.
La operación todavía debe atravesar la etapa de impugnaciones y la firma de los contratos, pero ya quedaron expuestos los nombres que estarán detrás de la compañía encargada del servicio de agua y cloacas del AMBA.
PHX Aqua, el socio mayoritario
El principal integrante del consorcio es PHX Aqua, que concentra el 55% de la participación según la composición informada tras la apertura de las ofertas. Se trata de un vehículo de inversión creado en Londres en agosto de 2026, poco antes de la presentación de las propuestas para AySA. Su controlante es Phoenix Global Investment Fund, un fondo constituido en 2016 en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos en el Mar Caribe.
La "pata" financiera del grupo será la encargada de aportar buena parte del capital necesario para afrontar el pago al Estado y de gestionar el financiamiento para el ambicioso programa de inversiones que deberá ejecutar el nuevo operador. El Gobierno fijó compromisos de inversión por más de US$ 2.000 millones en los primeros años de la concesión.
Dentro de la estructura de PHX aparecen ejecutivos con trayectoria internacional. Uno de sus directores es Paul Parker, quien pasó por compañías como The Clorox Company, Goldman Sachs y Barclays. También figura Edgar Lotman, relacionado con Amicorp, una firma dedicada a la administración de estructuras de inversión.
La presencia de PHX es la que le aporta al consorcio la dimensión financiera, mientras que la conducción visible de la sociedad estará mucho más asociada a dos empresarios argentinos: Walter Román y Mauricio Filiberti.
Walter Román, el empresario de Rowing
Walter Román es el dueño de Rowing, que tendrá el 20% del consorcio. La empresa se dedica a la ingeniería, construcción y prestación de servicios vinculados con infraestructura, con trabajos en áreas como energía eléctrica, telecomunicaciones, gas, agua y saneamiento. Es, además, la compañía que funciona como principal pata local del grupo que busca tomar el control de AySA.
Román pertenece a la familia que durante décadas desarrolló negocios vinculados con la logística y los servicios. Su principal plataforma empresarial fue Rowing, pero con el tiempo amplió sus actividades a distintos rubros. Entre las firmas vinculadas a su grupo aparecen Urbano Exprés, Direct Group, Lógico, Equo Capital, ConnecTed, Control Ecológico, Santa Catalina, Nexup Health, Equo Real Estate y Hacela Rodar.
El empresario también ganó exposición durante el gobierno de Javier Milei. En 2025, PERFIL informó que dos de sus compañías, Direct Group y Lógico, realizaron aportes de $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza.
Otra de sus empresas, Urbano Express, quedó involucrada en una polémica por una licitación del PAMI para la distribución de pañales para adultos mayores. El proceso fue cuestionado públicamente por sus condiciones y por la rapidez de la convocatoria, aunque no se presentó una denuncia formal y las acusaciones quedaron en el plano mediático.

Mauricio Filiberti, “el Rey del Cloro”
La otra cara visible del consorcio es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, que tendrá el 10% de la sociedad. Es conocido en el mundo empresario como el “Rey del Cloro” por su posición dominante en el negocio de los productos químicos utilizados para la potabilización del agua.
La particularidad de su desembarco en AySA es que Filiberti ya tiene una relación comercial con la compañía: Transclor es un proveedor histórico de insumos utilizados en el proceso de potabilización. De esta manera, el empresario pasa de estar del lado de los proveedores a integrar el grupo que busca controlar la empresa que los compra.
Filiberti también es uno de los principales jugadores del sector energético. En Edenor es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila, luego de la compra de la distribuidora a Pampa Energía en 2021. A su vez, la sociedad acaba de comprarle a YPF el 70% de Metrogas, mientras que Edenor participa en el ingreso a Raízen Argentina, vinculada al negocio de refinación y combustibles de Shell.
Arcos, el operador brasileño
La cuarta pieza del consorcio es Arcos Saneamento e Participações, vinculada al brasileño Grupo Equipav, que tendrá el 15% y será la encargada de la operación técnica de AySA. Es la pata que aporta la experiencia específica en el manejo de grandes sistemas de agua y cloacas.
Arcos opera en Brasil bajo la marca Águas do Rio y tiene a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro. Según la información publicada tras la apertura de ofertas, el grupo cuenta con más de 25.000 trabajadores y presta servicios a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios brasileños.
Su incorporación al consorcio es estratégica: mientras PHX aporta el músculo financiero y Román y Filiberti representan la pata empresaria local, Arcos será la responsable de aportar el conocimiento operativo para manejar una compañía que presta un servicio masivo y de infraestructura intensiva.

Las inversiones que deberá realizar el nuevo dueño de AySA
El Ministerio de Economía informó a través de un comunicado oficial que uno de los aspectos centrales del nuevo contrato de concesión será el compromiso obligatorio de inversión que deberá asumir el operador privado. Para el período comprendido entre 2027 y 2031, se estableció un Plan de Acción por $2,89 billones, calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, destinado a ampliar la cobertura de los servicios, renovar la infraestructura y mejorar la eficiencia operativa de AySA.
Según detalló la cartera económica, el programa contempla aproximadamente $1,13 billones para obras, $1,15 billones para mantenimiento, $315.761 millones para mejoras y $296.166 millones para operación. Estas inversiones deberán ser ejecutadas por el concesionario y estarán vinculadas al cumplimiento de objetivos específicos para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
En cuanto a las metas de expansión, el Gobierno prevé alcanzar para 2031 una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Además, el contrato establece que, al finalizar el período inicial de concesión, deberán alcanzarse niveles mínimos del 90% y 75%, respectivamente. El esquema también contempla que el Estado mantenga las funciones de regulación, supervisión y control de los servicios.
Por otra parte, el Ministerio de Economía justificó la privatización a partir de los resultados de la gestión estatal. Según la misiva oficial, entre 2006 y 2023 AySA recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s13.400 millones, mientras que un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas. La cartera también señaló que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%, la morosidad aumentó del 4% al 16% y los costos operativos crecieron un 80%.
FN/MSS