En el documento que representantes de la Conferencia Episcopal Argentina entregaron a las autoridades del Ministerio de Salud durante la reunión que mantuvieron esta semana, la Iglesia le remarcó al Gobierno la necesidad de dar continuidad a la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence el 31 de diciembre y mostró su preocupación por las más de 200 mil pensiones solicitadas que aparecen “en trámite”. Pero mientras esto sucedía, en las proyecciones presupuestarias para el año que viene el Ministerio de Salud estimaba que habrá unos 2.500 beneficiarios menos que los que actualmente perciben este ingreso.
La ley que el Ejecutivo promulgó este año –después del veto y de una orden de la Justicia– creó la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Sin embargo, el discurso oficial (y el proyecto presupuestario para 2027) se sigue refiriendo a este aporte como Pensión no Contributiva por Invalidez Laborativa. No se trata de un simple cambio de nombre, sino también de a quiénes incluye (la segunda es más restrictiva) y qué presupuesto se va a destinar a ello. En la proyección de gastos para el año próximo el Ejecutivo intentó modificar la normativa vigente, lo que derivó en críticas de los propios aliados de La Libertad Avanza –que no conocían los pormenores de la propuesta– y en un nuevo proyecto de norma sobre discapacidad que el Gobierno presentó como “superadora” y que obtuvo dictamen de mayoría en el Congreso.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que este proyecto (que volvería a poner en vigencia algunos puntos de la norma actual) podría implicar el ingreso de 200 mil titulares de pensiones con un costo equivalente al 0,04% del PIB. El número de pensiones coincide con las que la Iglesia denuncia que están “en espera” y que en realidad ya deberían haber ingresado al sistema bajo la ley de emergencia actual.
Por otro lado, si el presupuesto para el año que viene se aplicara tal cual está, para 2027 habría menos beneficiarios y no más: según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social (actualizado en junio) 1.144.014 personas cobran actualmente una pensión por discapacidad, pero para 2027 la proyección de gastos del Estado estimó un total de 1.141.436: 2.578 pensiones menos que las que, por lo menos, la última información disponible asegura que están vigentes hoy.
Cada uno de esos números es una historia que se complica por otras cuestiones, como las demoras en los pagos a las instituciones que brindan servicios en el marco del programa Incluir Salud. “En la Fundación IPNA lo último que cobramos corresponde a julio, y hay otras instituciones a las que el programa todavía no terminó de pagarles junio. Esto nos deja en una situación de mucho deterioro y endeudamiento. No podemos terminar de pagar los salarios de los trabajadores hasta que no entra un nuevo pago”, explicó a PERFIL Alex Goldman, presidente de IPNA y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis). La institución tuvo que vender un vehículo para pagar deudas y sueldos. “Y ya nos pasó algo más grave: por el retraso de los pagos, los transportistas que llevaban a los chicos al Centro de Día dejaron de hacerlo. Y cuando un pibe deja de ir a su terapia no es que se aprieta pausa y se retoma donde quedó. Hay chicos que perdieron autonomía, que retrocedieron en cosas que les había costado años conquistar, y parte de eso no se recupera. No pasó por su discapacidad, sino porque el Estado decidió no pagar a tiempo. Esto no es un problema administrativo: eso es lo que hay detrás de cada expediente demorado”.
Las cadenas de pago se interrumpen y se reanudan por diferentes motivos, aseguró Goldman. “Estuvieron casi dos semanas sin venir. Ahora ya se nota que los transportistas recibieron algún pago y volvieron a prestar servicio, por lo que los jóvenes se reincorporaron”. Esto es moneda corriente, afirmó: el cobro se corta “porque se retrasa por decisión política o porque no hay firma o porque, no sé, es fin de año. Hay un montón de momentos en el año en los que esto sucede”.
En el centro Santa Ana, de Entre Ríos, celebran que al menos la cadena de pagos para su institución se normalizó en los últimos meses. Con 90 días de demora (y aunque aclararon que en algunos momentos ese plazo era de 60 días) rescatan que en el marco de la crisis del sector esto es un avance. Sin embargo –y en el “mientras tanto” –, tuvieron que cerrar una de sus sedes. “Tratamos de reubicar algunos chicos en otras instituciones, y a otros concurrentes pudimos brindarles las prestaciones en otra sede que nosotros tenemos. Igualmente, esto llevó a que se achicara mucho, porque tuvimos que dar a varios concurrentes de baja”, comentó a este medio Mireya Antivero, apoderada legal y socio gerente de ese centro. “Hoy Incluir Salud, al menos en nuestra institución, está manteniendo la cadena de pagos. Este mes cobramos junio”, agregó.
En las metas presupuestarias de 2027 la Secretaría Nacional de Discapacidad incorpora a más de 125 mil personas asistidas dentro del programa de “Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas” (repartidos entre diferentes metas), pero para ese incremento de beneficiarios –que equivale a un 20,3% con respecto a lo previsto en 2026– amplía los recursos disponibles en menos de un 2%: de $ 1,14 billón a $ 1,16 billón, unos $ 21 mil millones de diferencia. PERFIL consultó a las autoridades del Ministerio de Salud por este y otros temas, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
Otros factores que no escapan a la realidad de los argentinos se suman al panorama de las instituciones. “La situación por la que estamos atravesando ahora es que muchas familias se están quedando sin trabajo. En este mes, en una de las instituciones, seis familias de concurrentes quedaron desempleadas. En estos meses van a tener prestaciones y todo, pero, ¿qué va a pasar después?”, comentó Antivero, que definió el contexto actual como de “completa incertidumbre”.
En el caso de Dinad, una asociación que también ofrece servicios a personas con discapacidad, la incertidumbre es otra. La cadena de pagos se ordenó por ahora, explicó Adriana Salomone, su gerente general, quien además planteó que todavía no se renovaron los convenios con los prestadores que debían firmarse este mes, y que antes eran de renovación automática. “Se supone que ahora, a partir de octubre, perderíamos la vigencia. No dijeron nada, pero como hubo cambio de autoridades tampoco habilitaron a la firma de ningún convenio, de ningún prestador. Entendemos y estimamos, los prestadores, que van a seguir brindando el servicio porque no pueden dejar sin cobertura a toda la gente”, expresó.
“Lo que viene muy lento, y en realidad por ahora son solo promesas, es la compensación económica de la ley de emergencia, que sería el equivalente casi a un mes facturado completo de cualquier entidad”.
El artículo 13 de la norma todavía vigente establece un resarcimiento económico que debía financiar el Tesoro e incluir la diferencia entre el porcentaje del valor de los aranceles aprobados entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje de inflación. “La compensación reconocida para dicho período representa un 30,67% de actualización, que debería constituir, a partir del 1 de enero de 2025, la base arancelaria sobre la cual se apliquen las actualizaciones posteriores correspondientes a la evolución de la inflación”, detalla el documento de la Iglesia.
“La compensación se ha calculado, pero no se ha pagado”, confirmó a PERFIL Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad. “En la compensación también hay un problema: no solo que no se pagó, sino que, a su vez, por la resolución que sacaron para llevar adelante la compensación, dejaron afuera algunas prepagas, obras sociales sindicales y obras sociales no sindicales”. Molero destacó que “tampoco se cumplió con lo que dice la ley sobre que la ARCA debe tomar medidas por los intereses cobrados a los prestadores y las multas que les aplicó por no haber pagado los aportes laborales y otros ítems”.
Sobre la reunión del Ministerio de Salud con representantes de la de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó que la convocatoria del Gobierno a la Iglesia está enmarcada en la visita del Papa, pero que tiene pocas esperanzas de que esto represente un cambio de postura. “Esto es una mera puesta en escena. Por suerte la Iglesia le envió un documento muy crítico con sus deudas”, opinó. “Yo, personalmente, no espero nada de esta gente”.
